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Avalan castigar con cárcel matrimonio infantil forzado

Al responsable de este delito se le impondrá una pena de 8 a 15 años de prisión y una multa de entre mil y 2 mil 500 días

Especial / Agencia Reforma / Las penas se podrían aumentar si se trata de integrantes de comunidades indígenas

Martha Martínez y Claudia Salazar / Agencia Reforma

martes, 26 abril 2022 | 20:07

Ciudad de México.— El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para sancionar con cárcel el matrimonio forzado de menores y establecer la imprescriptibilidad de las sanciones impuestas a quienes cometan este delito.

La reforma avalada por unanimidad con 474 votos, agrega al Código Penal Federal un capítulo que señala como delito la "cohabitación forzada" de personas menores de 18 años o que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Señala que al responsable de este delito se le impondrá una pena de 8 a 15 años de prisión y una multa de entre mil y 2 mil 500 días. La pena aumentará hasta en una mitad cuando se trate de integrantes de comunidades indígenas.

Los legisladores avalaron una reserva presentada por Morena, para agregar a este supuesto a víctimas que pertenezcan a comunidad Afromexicana.

"Comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene la capacidad de resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse formal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio", indica.

La reforma modifica también el artículo 205 Bis, para establecer que serán imprescriptibles las sanciones impuestas, las cuales aumentarán al doble cuando se trate de familiares, tutores y ascendientes, entre otros.

La priista Eufrosina Cruz, una de las promoventes de la iniciativa, afirmó que los matrimonios infantiles son una expresión de la desigualdad, por lo que no basta con que se prohíba esta práctica.

La legisladora dijo que los Códigos Civiles les han fallado a las niñas, porque sólo contemplan la nulidad del matrimonio, pero eso no les regresa la dignidad y la libertad a las víctimas.

"No puede ser que vivamos en un País en donde el abigeato sí tenga sanción y la entrega y el matrimonio forzado y equiparable no lo sea y nos hacemos de la vista gorda todas y todos", lamentó.

Cruz advirtió que es necesario que este tipo de prácticas tengan sanciones, porque es equiparable al tráfico humano y al abuso sexual y sucede todos los días en el País, a la vista de todos y sin necesidad de firmar un documento en el Registro Civil, a través de acuerdos con los padres.

"Que nunca más una niña sea sometida a un matrimonio o equiparable a ello porque así lo dicte su cotidianeidad, nunca más la violación a los derechos de las niñas amparadas en la costumbre", demandó.

Recordó que, de acuerdo con el Inegi, 423 mil niñas fueron obligadas a casarse y de ellas 339 mil fueron a través de un robo o intercambio.

"Las niñas no se tocan, mucho menos se venden a nombre de los usos y costumbres; los usos y costumbres es otra cosa, es la identidad, es la lengua, es la fiesta, pero no la violación a los derechos humanos", sostuvo.

La panistas Karen Michel González indicó que las niñas corren más riesgo que los niños de ser obligadas a casarse, lo que las hace vulnerables a la violencia.

La legisladora detalló que México ocupa el lugar número 8 entre los 20 países con más matrimonios infantiles, lo que es intolerable.

González dijo que con esta reforma, están dados todos los elementos para que las autoridad sancione sin excusas los matrimonios infantiles.

"Con nuestro voto a favor nos acercamos al fin de los matrimonios infantiles en México, que es una costumbre primitiva de un pasado que no debe volver y sobre todo estamos fijando la mirada a un futuro de respeto y de cuidado a lo más valioso que tenemos en nuestro País: nuestras niñas y nuestros niños y sobre todo su derecho a tener una infancia plena y feliz", aseguró.

Previamente, el pleno de San Lázaro avaló una reforma que modifica el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno deberán adoptar medidas para proteger a este sector de matrimonios forzados, con especial énfasis en comunidades indígenas.

"Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de la cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria.

"Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad o en exclusión social", señala.

El pleno de San Lázaro aceptó una reserva presentada por el PRD para agregar en este último párrafo a las comunidades afromexicanas y sustituir los términos discapacidad por movilidad reducida y situación de movilidad por migración y desplazamiento.