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Avalan cementera en área natural

Una planta de Holcim-Apasco se extenderá sobre una cuarta parte del Parque Estatal Agua Blanca, en Tabasco

Reforma
domingo, 20 octubre 2019 | 07:07

Macuspana.- Vistas con Google Earth, dos gigantescas manchas blancas que desde el espacio parecen las pinzas de un alacrán irrumpen en una enorme masa verde oscuro.

Se trata del Parque Estatal Agua Blanca, en Macuspana, muy cerca del límite de Tabasco con Chiapas, una zona declarada Área Natural Protegida hace 32 años por el Gobierno del Estado, ahora arañada por una planta de cemento que la empresa Holcim-Apasco instaló ahí desde los 80.

Este paraíso natural, donde la mayoría de los árboles tiene una altura de más de 25 metros, hogar de jaguares, monos araña, aves migratorias y otras decenas de especies de flora y fauna, muchas de ellas protegidas, amenazadas o en peligro extinción, corre el riesgo de que la planta cementera extienda su zona de extracción de material pétreo a casi una cuarta parte de lo que en 1987 se consideró como parte de su territorio.

La Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Gobierno de Tabasco publicó el pasado 25 de septiembre el plan de manejo ambiental del Área Natural, donde se considera una extensión de mil 462 hectáreas, 563 hectáreas menos que las consideradas en el decreto de su creación, en 1987.

El programa de manejo -integrado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)- avala la cesión de estas hectáreas a la empresa Holcim-Apasco ordenada hace dos años por el Gobierno de Arturo Núñez Jiménez mediante un decreto que arrebató de un plumazo la cuarta parte de una zona que alberga 49 por ciento de la biodiversidad vegetal de Tabasco.

El decreto 0658; riqueza natural

El decreto por el que se declara como área natural protegida al parque Agua Blanca fue publicado el 17 de diciembre de 1987 en el Diario Oficial del Estado.

El Gobierno tabasqueño mencionaba en ese entonces que en esta área se encontraban representadas una gran variedad de especies vegetales propias de la selva alta perennifolia también conocida como selva siempre verde.

La zona está habitada por diversas especies como jaguar, ocelote, tigrillo, saraguato y mono araña.

En sus considerandos, el decreto señalaba la necesidad de llevar a cabo programas y proyectos para prevenir y disminuir la contaminación ambiental y lograr el ordenamiento ecológico regional, mediante la conservación y desarrollo de la flora y fauna silvestres.

El decreto cita estudios del Instituto Nacional de Investigación sobre Recursos Bióticos, según los cuales, el área también representa un importante refugio para la nidación y alimentación de una gran cantidad de especies de aves, tanto migratorias como locales.

Señala que en el área se encuentran recursos bióticos potencialmente aprovechables para elaboración de medicinas, y que la conservación de la cubierta vegetal de la selva asegura la preservación de recursos acuíferos de alta calidad, además de evitar la erosión y la consecuente pérdida de suelo.

En su artículo tercero, el decreto 0658 señala que no se autorizarán ni se permitirá la ejecución de obra pública ni privada dentro de las áreas definidas como zona natural y zona de recuperación del Parque Estatal, salvo las estrictamente necesarias para su acondicionamiento, conservación y desarrollo.

También prohíbe colectar, cortar, extraer o destruir cualquier espécimen de la misma así como la caza, captura o "cualquier acto que lesione la vida o la integridad" de la fauna silvestre.

Los alegatos de Apasco

En agosto de 2016, el director de operaciones de la Planta Macuspana de Apasco, Jorge Hernández Palacios, envió un documento a la oficina del entonces Gobernador Núñez Jiménez.

En el texto, Hernández Palacios solicita la ayuda del Ejecutivo estatal para recuperar 432 hectáreas que alegaba eran propiedad de Holcim-Apasco pero que, "por error" quedaron dentro del Área Natural Protegida de Agua Blanca.

Hernández, a nombre de Holcim-Apasco, una transnacional que posee siete plantas de cemento con capacidad para producir 12.6 millones de toneladas anuales, entre otras instalaciones, argumentó que las 432 hectáreas fueron cedidas a su empresa por un decreto emitido el 11 de enero de 1979 por el entonces Presidente José López Portillo.

En el documento se recapitula que, desde el 4 de enero de 1978, la empresa solicitó la expropiación de mil 400 hectáreas del ejido Buenavista del Municipio de Macuspana para la instalación de una fábrica de cemento y extracción de material para la elaboración del mismo.

La empresa logró la expropiación de los terrenos mencionados por causa de utilidad pública, previos estudios técnicos y pago de indemnizaciones, según el documento presentado. Se cedió a la compañía una extensión de mil 328 hectáreas.

En dicho decreto de expropiación la empresa se compromete "a capacitar a los lugareños como trabajadores en las diversas especialidades de la empresa".

También se condiciona la cesión de tierra a la instalación y funcionamiento de la planta cementera; de no hacerlo así, el inmueble pasaría a ser parte del patrimonio inmobiliario federal.

La planta comenzó a trabajar en 1982 y sigue operando hasta ahora.

Cuando en 1987 se decretó el Área Natural Protegida de Agua Blanca, incluyendo las 432 hectáreas de la cementera, Holcim-Apasco nunca fue notificada sobre la afectación de su propiedad para la declaratoria realizada ni se les buscó para considerar su opinión o entablar alguna negociación, de acuerdo con la empresa.

Hernández Palacios rememoró que el Gobierno del estado, según el mismo decreto de creación del parque, debía inscribir ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, así como en el Programa de Desarrollo Urbano los terrenos de la nueva ANP, sin que se hubiera dado cumplimiento a dicho ordenamiento. A esto había que sumarle la carencia de un programa de manejo.

Por lo anterior procedió a solicitar la liberación de sus 432 hectáreas, no sin antes reconocer que el área de convergencia entre la ANP y la empresa es una zona de interés y conservación, por lo que a futuro complicaría las autorizaciones subsecuentes que permiten a la empresa seguir desarrollando sus actividades con normalidad, poniendo en riesgo la producción de material o incluso suspender las actividades de la misma.

Hernández presentó copias de las autorizaciones a la empresa, entre ellas las de cambios de uso de suelo de forestal a minero. Una de ellas otorgada por el entonces Instituto Nacional de Ecología, en 1999, en la que se pide a la empresa destinar 200 hectáreas de sus terrenos a la conservación.

La respuesta de Núñez

En respuesta, el Gobierno del estado emitió un decreto modificatorio el 5 de julio del año 2017 en el que señala que después de haber realizado los levantamientos topográficos correspondientes se dieron cuenta de las inconsistencias, por lo que procedían a enmendar.

A partir de esa fecha, la ANP quedaría constituida por mil 462 hectáreas.

Esto representa una pérdida adicional de 131 hectáreas más de las 432 hectáreas reclamadas como suyas por le empresa Apasco.

De esta forma es que el parque perdió 563 hectáreas que pueden ser usadas por le empresa para la extracción de material pétreo, a como se lee en el oficio de solicitud que hace la empresa al Gobierno del Estado.

El Gobierno de Núñez Jiménez alegó que una de las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo era la de crear y conservar empleos suficientes, remuneradores y permanentes, "en una gran alianza con el sector empresarial, así como con los trabajadores y sus organizaciones, estableciendo incentivos para la inversión privada y destinando progresivamente mayores recursos estatales a la inversión pública".

"Ambos objetivos del Plan Estatal de Desarrollo que rige el accionar de la presente administración son plenamente compatibles y complementarios con el objetivo del presente Decreto", se señala en el documento publicado en el Diario Oficial del Estado.

Con la corrección se busca garantizar la permanencia y crecimiento de una industria que significa "una importante" fuente de empleos directos e indirectos.

La empresa da empleo a alrededor de 450 personas, de acuerdo con los documentos presentados por Holcim-Apasco en 2016.

En el decreto de 2017, el Gobierno estatal expone los mismos argumentos que la cementera: "como señala el representante legal de Cementos Apasco S. A. de C. V., desde la emisión del citado Decreto se incluyeron dentro de la superficie del Área Natural Protegida "Parque Estatal de Agua Blanca", cuatrocientas treinta y dos hectáreas propiedad de la citada empresa, derivado de una medición errónea al momento de llevar a cabo los trabajos de ubicación y delimitación para constituir el territorio bajo protección ambiental".

Esta situación, dice, genera una afectación de tacto a la actividad de la citada empresa productiva, impidiéndole llevar a cabo sus actividades con normalidad, independientemente de la falta de seguridad y certeza jurídica en relación a las medidas y colindancias del Área Natural Protegida.

Y más canteras

El 11 de noviembre de 2015, Holcim-Apasco presentó ante la Semarnat la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto de "Ampliación de canteras Macuspana", en la que reporta la intención de ampliar las zonas de canteras en 32 hectáreas más, para las cuales se requería el cambio de uso de suelo forestal a minero.

En dicho documento, la empresa señala que cuenta con un área de reserva de 200 hectáreas que permitirá albergar a las especies de fauna que sean removidas durante la operación del proyecto.

Esta área de reserva se localiza dentro de la zona natural del Parque Estatal Agua Blanca.

El 14 de junio del 2016 la Semarnat no tuvo problemas para autorizar el proyecto.