Nacional

Confirman sanción por pago a Odebrecht

Pemex Refinación pagó sin justificación 119.7 millones de pesos para acondicionar terrenos en la refinería Miguel Hidalgo

Reforma

Víctor Fuentes/ Reforma

sábado, 20 junio 2020 | 10:45

Ciudad de México.- Pemex Refinación pagó sin justificación 119.7 millones de pesos a la empresa Odebrecht como parte de sus trabajos para acondicionar terrenos en la refinería Miguel Hidalgo, concluyó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

El órgano confirmó la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al residente de obra del proyecto, que fue el primero funcionario de Pemex destituido por irregularidades en los contratos con la constructora brasileña.

La sala superior del TFJA concluyó el 27 de mayo, por unanimidad, que el residente Marco Antonio Sierra Martínez autorizó los pagos adicionales por "costos indirectos" entre mayo y septiembre de 2014, sin que se hubiera comprobado que existieron conceptos no previstos o adicionales a los del contrato.

El caso deriva del contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, adjudicado directamente por Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya a Construtora Norberto Odebrecht para acondicionar, mover tierras y conformar plataformas para el proyecto Aprovechamiento de Residuales de la refinería en Tula.

El magistrado Guillermo Valls Esponda, autor del proyecto, recordó que el monto del contrato fue incrementado dos veces, para pasar de mil 436 millones de pesos hasta 2 mil 315 millones.

"No hay prueba documental de que los costos indirectos reflejaron nuevas condiciones económicas o financieras de la contratación, ni se mencionó esto en los convenios modificatorios", indicó.

Sierra fue destituido e inhabilitado 10 años y se le impuso una multa de 119.7 millones de pesos. El exfuncionario, que laboró más de diez años en diversas filiales de Pemex, aún puede impugnar mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito.

El pago excesivo resultó en la primera sanción que la SFP impuso a Odebrecht, el 11 de diciembre de 2017, cuando la inhabilitó cuatro años para obtener contratos públicos.