Nacional

Detectan en la Secretaría de Cultura anomalías millonarias

Se informa que la dependencia pagó plazas no autorizadas y no comprobó diversos eventos y servicios

Excélsior / Alejandra Frausto, titular de la SC, comunicó ayer que atiende las observaciones de la ASF y fortalecerá los mecanismos de control

Excélsior

domingo, 21 febrero 2021 | 07:13

Ciudad de México.- La Secretaría de Cultura (SC) federal pagó plazas no autorizadas, y eventos y servicios cuya realización no pudo comprobar; además, usó recursos de ejercicios anteriores sin autorización, entre otras anomalías financieras durante 2019, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 dio a conocer las anomalías que presentó esta dependencia durante el primer año que Alejandra Frausto estuvo al frente.

Las auditorías determinaron que  la SC pagó 727.9 millones de pesos con recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2019, erogaciones de egresos de ejercicios anteriores sin contar con la autorización correspondiente, además de no proporcionar la documentación justificativa y comprobatoria que acreditará la recepción de los bienes y servicios que originaron dichos pagos.

También se pagó 84.1 millones de pesos por plazas no autorizadas para el Ramo Administrativo 48, así como por plazas no autorizadas para sus unidades responsables y plazas de carácter eventual no autorizadas; además de pagar cantidades mayores a las autorizadas por concepto de remuneraciones a servidores públicos del sector central.

La ASF indicó que la SC no presentó la documentación para corroborar la asignación de 675.2 millones de pesos a 16 personas morales públicas y privadas por la prestación de servicios y la adquisición de bienes que consistieron en arrendamiento de autos, maquinaria y equipo de oficina, limpieza, vigilancia, jardinería, administración de personal, boletaje aéreo y terrestre, mudanzas, organización, mobiliaria y logística para eventos culturales y la evaluación de servidores públicos.

Asimismo, transfirió recursos públicos federales por concepto de donativos a distintas personas morales públicas por 20.2 millones de pesos, sin  acreditar  que las donatarias cumplieran con los objetivos previstos para ser receptores de tales donativos; además de que no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acredite el destino de dichos recursos.