Nacional

Exhortan en ONU a anular prisión automática

La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección a los derechos humanos, advirtieron en ONU

Reforma

lunes, 05 septiembre 2022 | 13:52

CDMX.- El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exhortó urgentemente a México a anular la prisión preventiva oficiosa o automática, consagrada en la Constitución.

"La prisión preventiva oficiosa es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos" indicó Miriam Estrada-Castillo, presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo.

La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, recordó, han planteado conclusiones similares.

Advirtió que la prisión preventiva oficiosa es además contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, y pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

"Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario", indicó.

El Grupo de Trabajo señaló que es consciente de los desafíos que enfrenta el Gobierno mexicano en materia de seguridad pública, pero remarcó que la prisión preventiva oficiosa pone al país en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Anular la prisión preventiva oficiosa, apuntó, no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría disminuir la sobrepoblación del sistema penitenciario.

México, subrayó, tiene una oportunidad histórica para anular una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años.