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Función Pública recupera 1,479 mdp e inhabilita a exfuncionario de Peña Nieto

En esta ocasión se auditó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al sistema de Prevención y Readaptación Social

Agencias

martes, 09 febrero 2021 | 22:31

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que, a través del Servicio de Protección Federal, se lograron recuperar casi 1,500 millones de pesos en beneficio del erario público e inhabilitó a Claudio Cruz Miguel, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal.

A través de un boletín oficial, la secretaría que dirige Irma Eréndira Sandoval publicó para la opinión pública que tras descubrir una serie de adeudos por medio de ejercicios de auditoría se encontraron 1,479,935,473 pesos.

“Estos resultados constituyen una prueba de que los ejercicios de fiscalización que realiza la Función Pública aseguran un buen uso de los recursos públicos, y cuando se detectan irregularidades se recupera cada peso y cada centavo en favor del pueblo”, refirió la doctora en Ciencia Política.

Específicamente, una investigación del Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Protección Federal, iniciada con información de auditorías, detectó adeudos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del año 2015 por 10.8 millones de pesos, y de Prevención y Readaptación Social (PRS) de los años 2016 y 2017, por 865.2 millones de pesos.

Con esta información, la Función Pública procedió con la captación y dirección de los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Aunado a esto, también explicó que por los ejercicios del 2018 y 2019 se encontró otro monto por la cantidad de 603.4 millones de pesos.

Encontrar las irregularidades resultó complicado, pues las dependencias no reconocían los adeudos debido a que, por malas prácticas de administraciones anteriores, no se formalizaron los contratos que debieron haber suscrito con el Servicio de Protección Federal, por lo que el OIC promovió la implementación de un protocolo administrativo para que no se presente esa situación de nueva cuenta y que los recursos adeudados fueran restituidos a la Tesofe.

Aunado a esto, después de la investigación se encontró una omisión y una deficiencia en el desarrollo de funciones de Claudio Cruz Miguel, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, al no realizar las acciones legales correspondientes para recuperar esos adeudos, por lo que se le impuso la sanción de inhabilitación de un año, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de ocurrir los hechos.

Estas acciones abonan a la racha de recuperaciones e inhabilitaciones de la SFP en beneficio de la administración pública federal. Ya que además de promover un esquema de auditoría fiscal para una revisión del quehacer de los funcionarios públicos, incentiva un mejor comportamiento entre ellos.

El pasado jueves 21 de enero, la Función Pública dio a conocer que en 2020 alcanzó la cifra récord de 1,308,017 declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, esto al integrarse de manera obligatoria maestros, enfermeros, médicos y personal operativo.

El sistema penitenciario había sido una de las dependencias que había caído en irregularidades (Foto: Cuartoscuro)El sistema penitenciario había sido una de las dependencias que había caído en irregularidades (Foto: Cuartoscuro)

Durante la Primera Sesión Ordinaria 2021 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Eréndira Sandoval reconoció a los funcionarios por su compromiso y por ser el gobierno “más honesto y transparente de la historia”.

“Hoy contamos con más y mejores elementos para vigilar que ningún servidor público genere ingresos ilícitos a partir de su posición, ni aproveche su posición de influencia en beneficio propio o de sus allegados”, declaró la titular de la SFP ante los asistentes.

Respecto a su plan de acción para el futuro, Irma Eréndira Sandoval explicó que para este 2021 buscarán sumar a este esfuerzo de transparencia y rendición de cuentas a los estados y municipios, lo que implicará otro enorme desafío ya que, según estimaciones, solamente en los poderes ejecutivos estatales, el número de sujetos obligados aumentará de 386,524 a 3,084,260, es decir, un 698% más.

Fuente: www.infobae.com