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Impugnó CNDH con González ley antifacturera

El ex ombudsman Luis Raúl González Pérez alcanzo a promover ante la Corte la acción de inconstitucionalidad 130/2019

Reforma

martes, 26 noviembre 2019 | 22:40

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar parte de la reforma que convirtió a ciertos delitos fiscales en delincuencia organizada y amenaza a la seguridad nacional, sin derecho a libertad bajo fianza para los acusados.

  El ex ombudsman Luis Raúl González Pérez alcanzó a promover ante la Corte la acción de inconstitucionalidad 130/2019, que impugna parcialmente el decreto publicado el pasado 8 de noviembre, antes de dejar su cargo a la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra.

  La CNDH aún no publica detalles de su demanda, pero el acuerdo de turno en la Corte, difundido hoy, menciona los aspectos reclamados de la reforma, entre ellos:

  El fraude fiscal y contrabando por más de 7.8 millones de pesos y la emisión de facturas por servicios inexistentes se convirtieron en delito de prisión preventiva forzosa, sin que se hubiera reformado el articulo 19 de la Constitución, que es el que detalla este tipo de ilícitos.

  En un cambio sin precedentes, los delitos fiscales también fueron incorporados a la Ley de Seguridad Nacional, que no es de carácter penal, para ser clasificados como "amenaza a la seguridad nacional".

  Eso quiere decir que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) puede intervenir comunicaciones para indagar estos casos, aunque sólo para recopilar información, no para aportar pruebas a un juicio.

  El ex ombudsman también cuestionó la nueva redacción del articulo 113 Bis del Código Fiscal, que tipifica el delito de expedición de facturas por servicios inexistentes, mismo que ya era penalizado desde 2014.

  Lo que la CNDH no impugnó fue la inclusión de los tres delitos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con lo cual la FGR puede desplegar intervención de comunicaciones privadas y aplicar muchas otras medidas excepcionales para investigarlos.

  La Corte requerirá el voto de al menos ocho de once ministros para invalidar cualquier aspecto de la reforma, que estará vigente mientras se dicta sentencia, lo que podría tomar más de un año a partir de la admisión de la demanda, que aún no ha sido notificada.

  Esta acción se suma a otras que González Pérez presentó este año para pedir a la Corte que anule aspectos relevantes de las leyes de la Guardia Nacional y Extinción de Dominio, así como la asignación automática de plazas laborales a egresados de escuelas normales prevista en la nueva reforma educativa, entre otras.

  Piedra Ibarra no podrá desistirse de las demandas que presentó su antecesor, pues la ley de la materia prohíbe el desistimiento en acciones de inconstitucionalidad.