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La Corte de Zaldívar

Arturo Zaldívar ha mostrado afinidad hacia AMLO, pero las reformas cruciales para la 4T no han sido revisadas en su presidencia en SCJN

Reforma

domingo, 25 abril 2021 | 20:13

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia ha pasado los casi dos años y medio de las Presidencias de Arturo Zaldívar y Andrés Manuel López Obrador en un letargo que impide revisar la Constitucionalidad de muchas de las reformas cruciales para la Cuarta Transformación.

La lista de asuntos del Pleno de la Corte, controlada por Zaldívar, ha estado dominada desde 2019 por litigios de nulo perfil nacional, en su gran mayoría acciones iniciadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para cuestionar leyes estatales, en temas sobre los que ya hay precedentes, a veces despachados en sesiones de 10 minutos.

Nada ha resuelto la Corte sobre creaciones de la 4T como superdelegados y comisiones presidenciales, la Guardia Nacional, el veto de 10 años a funcionarios para laborar en el sector privado, la elevación del factureo y el fraude fiscal al rango de "amenaza a la seguridad nacional", o la venta anticipada de bienes sujetos a extinción de dominio, para que el Gobierno haga lo que quiera con el dinero.

Nada, tampoco, sobre las leyes secundarias de la contrarreforma educativa, la exención a las compras de medicamentos en el extranjero de las reglas de la Ley de Adquisiciones, los decretos de AMLO para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024 y para reducir los tiempos de Estado a radio y televisión, el traspaso a la Secretaría de Marina del control de los puertos, o la reducción de salarios a los órganos autónomos.

Por lo menos hasta el cierre de mayo, el único de estos casos que la Corte tiene previsto discutir es la Ley de Extinción de Dominio, impugnada por la CNDH en 2019, cuyo proyecto invalidando varios aspectos de la norma, fue entregado desde el pasado 26 de noviembre.

Desde que asumió la Presidencia, Zaldívar ha justificado que, para evitar una intentona de asalto al Poder Judicial, como el incremento a 16 Ministros y la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que lanzó Ricardo Monreal en 2019, es necesaria una buena relación con López Obrador, quien aceptó asumir como iniciativa propia la reforma al PJF diseñada por el propio Zaldívar.

Pero más allá de la evidente simpatía personal entre AMLO y Zaldívar, o de la cercanía de éste con personajes clave de la 4T como Monreal, Julio Scherer o Irma Eréndira Sandoval, prolongar la Presidencia del Ministro hasta el cierre de 2024 parece tener dos fines concretos: mantener hasta donde sea posible el letargo de la Corte, y, en el CJF --cuyos integrantes, afines a Morena y Zaldívar, también seguirían dos años adicionales en el puesto-- conservar el control administrativo y la vigilancia sobre más de mil 400 jueces y magistrados.

En la Corte, López Obrador obtuvo una victoria inesperada, de 6 contra 5, con la aprobación de la consulta popular que, se supone, serviría para enjuiciar a los ex Presidentes. Zaldívar defendió con todo la consulta, diciendo incluso que era posible que existieran "consultas no vinculantes" aunque la Constitución no las mencione, pero luego la diluyó al cambiar la pregunta original que mencionaba a Presidentes con nombre y apellidos, por una ininteligible que ha llevado a que AMLO ya ni siquiera se refiera al tema, mientras el INE clama por dinero para organizarla.

Fuera de eso, a la 4T no le ha ido bien en el Poder Judicial, que según afirmó AMLO el 23 de abril, "está muy mal".

La propia Corte anuló al Congreso --con voto en contra de Zaldívar-- la versión original de la ley de salarios de servidores públicos, y le ordenó aclarar cómo fijar el del Presidente, tope para todos los demás, lo que hasta ahora no ha cumplido.

La Política de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada en fast track por la Secretaria Rocío Nahle en mayo de 2020, fue totalmente bloqueada por los jueces especializados Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, y luego anulada por la Segunda Sala de la Corte, que no vio necesario llevarla al Pleno, por tratarse de un mero acuerdo administrativo.

Cuando el Congreso elevó la política de Nahle a la Ley de la Industria Eléctrica, los jueces también la bloquearon, al igual que han hecho con casi todas las medidas que Sener y los órganos reguladores sometidos a la 4T han tratado de aplicar para limitar a las empresas privadas.

Gómez Fierro también provocó la furia presidencial al otorgar las primeras suspensiones contra la obligación de entregar datos biométricos para el nuevo padrón de usuarios de telefonía celular, pero otros jueces tampoco parecen simpatizar con el estilo de la 4T.

El juez Martín Santos, por ejemplo, resolvió que el decreto para uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública es inconstitucional, porque deja a los militares a cargo de esa función de manera permanente y ordinaria, sin estar totalmente subordinadas a las autoridades civiles, sin regulación detallada y amplia, y sin que se prevean mecanismos de protección a los derechos humanos.

Francisco Javier Rebolledo, en tanto, advirtió que el decreto Presidencial para prohibir el herbicida glifosato y el maíz genéticamente mejorado, puede afectar la producción agrícola y pecuaria del País, mientras que Yadira Medina resolvió que las compras de medicamentos en el extranjero solo puede ser excepcionales, en casos urgentes y si no hay proveedores nacionales. Algunos jueces y tribunales, no todos, también han ordenado vacunar de inmediato contra Covid-19 a personal médico del sector privado, pese a la férrea oposición de la Secretaría de Salud.

En Campeche y Yucatán, al menos tres jueces han concedido suspensiones contra obras nuevas para el Tren Maya. El inicio de trabajos del Aeropuerto de Santa Lucía estuvo parado cinco meses en 2019 por orden de varios jueces, hasta que Zaldívar concentró todos los amparos en un solo juzgado, mientras que el Gobierno declaró la obra como de "seguridad nacional".

Todos estos temas terminarán, eventualmente, en la Suprema Corte. Si Zaldívar ya no la preside a partir de enero de 2023, los tiempos para su resolución definitiva podrían acelerarse, y amargarle a AMLO los meses finales del sexenio.

Desde que llegó a la Corte a finales de 2009, nominado por Felipe Calderón luego de una larga carrera como litigante y catedrático en la Escuela Libre de Derecho, Zaldívar ha alentado interpretaciones radicales y totalmente abiertas de la Constitución, por las cuales los Ministros son, de hecho, los que terminan determinando su contenido.

En casos emblemáticos como la tragedia de la Guardería ABC, la liberación de Florence Cassez, la autorización del uso recreativo de la mariguana y la misma consulta popular solicitada por AMLO, Zaldívar no ha tenido empacho en ir mucho más allá de lo que la Constitución permite, al tiempo que se ha quejado del requisito de ocho votos para invalidar leyes, aunque no propuso eliminarlo en la reforma judicial que él mismo impulsó.

Pero el Ministro también puede ser estricto. "La Constitución no es de cumplimiento optativo", dijo el 11 de mayo de 2020, cuando se sumó a todos sus colegas para anular la prolongación de dos a cinco años del periodo de Jaime Bonilla como Gobernador de Baja California, que calificó de "fraude a la ley".

El 27 de junio de 2017, Zaldívar voto por invalidar la reforma que prolongó los nombramientos de cuatro magistrados de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acordada en "fast track" en octubre de 2016 por los partidos entonces mayoritarios en el Congreso.

"Modificar a posteriori la duración de dichos nombramientos equivale a modificarlos por ley, y no mediante el procedimiento Constitucional previsto para ello", dijo Zaldívar, criticando precisamente el mecanismo con el que ahora se pretende prolongar su Presidencia: un cambio que debió ser a la Constitución, pero que por falta de los votos necesarios, la mayoría de Morena en el Congreso dejó para una ley secundaria.

El candado de ocho votos para invalidar en la Corte, sumado al impedimento que Zaldívar planteará para discutir este tema --que, por cierto, sus colegas podrían rechazar--, puede llevar a que el apoyo de tres ministros a la prolongación de mandato sea suficiente para que ésta sobreviva, manchado por el pronunciamiento de inconstitucionalidad de la mayoría de Ministros, pero vigente en ley.

El artículo 97 de la Constitución solo permite al Presidente de la Corte permanecer cuatro años en su puesto. Zaldívar tendrá que decidir entonces si este mandato es de cumplimiento optativo.

Conózcalo:

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Nació en Querétaro en 1959

Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Doctor en Derecho por la UNAM.

Durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.

Autor del libro Hacia una nueva ley de Amparo (Editorial Porrúa), y de ensayos y artículos publicados en libros colectivos y revistas especializadas.

Ministro de la Suprema Corte desde el 1 de diciembre de 2009

Presidente de la SCJN desde el 2 de enero de 2019