Reforma

sábado, 06 abril 2019 | 07:41

Ciudad de México.- Una copia certificada que entregó el Órgano Interno de Control (OIC) de la Sedatu a la Fiscalía General de la República (FGR), del convenio usado para presuntamente desviar 185 millones de pesos, consignó en forma errónea hasta el cargo de los funcionarios.

El problema es que esa copia no corresponde al documento original, pues éste no contiene ese error al citar el puesto que desempeñaba al menos uno de los servidores públicos que aparece como suscriptor del mismo.

El documento en cuestión es el convenio específico SEDATU/DGAPDN-UPFIM/33901.03/2016, suscrito el 2 de febrero de 2016 por la Secretaría y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), por 185 millones 839 mil 480 pesos.

En el contrato, la universidad se comprometió a prestar los servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero.

Uno de los ex servidores públicos que es referido con cargos diversos en la copia y el original del mismo documento, es Armando Saldaña Flores, quien la semana pasada fue vinculado a proceso por este asunto, pese a que la misma FGR concluyó que no es su firma la que aparece en el convenio.

El original fue revisado por la Fiscalía en una inspección del 7 de febrero de 2018 en las oficinas de la Universidad, en Pachuca, y es hasta ahora el único de los seis ejemplares originales del convenio que ha sido recuperado en la investigación.

En éste, Saldaña aparece como Director General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría, cargo que efectivamente ostentaba en la fecha de la suscripción.

Antes, el 7 de agosto de 2017, el OIC de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) --que depende de la Secretaría de la Función Pública-- entregó a la Fiscalía una copia certificada del mismo contrato.

En este otro, Saldaña aparece como Director General Adjunto de Prevención de Desastres Naturales de Sedatu, puesto que ya no desempeñaba en la fecha de la firma del convenio específico, pues lo había dejado de ejercer desde el 31 de diciembre de 2015.

La semana pasada, cuando fue procesado por ejercicio indebido del servicio público, el juez de control señaló que el entonces rector de la UPFIM, Juan de Dios Nochebuena Hernández, señaló a Saldaña como "enlace" para la suscripción del convenio.

Refirió que esa mención la hizo el 13 de junio de 2017, en un escrito dirigido al OIC de la Sedatu.

Según dicho documento, Nochebuena menciona al ex funcionario como enlace pero asegura que nunca se reunió con él ni ningún otro de la Sedatu, porque todo el procedimiento de contratación se llevó a cabo mediante el envío de oficios.

Y los documentos que refiere Nochebuena en ese escrito remitido al OIC son precisamente aquellos donde la FGR dictaminó que es falsa la firma de Saldaña.

El 23 de agosto y el 26 de septiembre del año pasado Kevin Tomás Pérez Méndez, perito en grafoscopía y documentoscopía de la FGR, entregó dos dictámenes en los que concluye que es falsa la firma de Saldaña en 34 documentos relacionados con este asunto.

Se trata precisamente del citado convenio específico de 2 de febrero de 2016; su anexo técnico; una solicitud de cotización; una carta compromiso de confidencialidad; la notificación de adjudicación; tres actas de recepción de servicio, trabajo y material; una aclaración; acta de cierre del primer convenio específico; minutas, oficios, órdenes de trabajo y actas de entrega recepción.

Van por dos más de Sedesol

En el caso de la supuesta contratación indebida por más de 124 millones de pesos en la Sedesol, a través de la Universidad Intercultural del Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante los tribunales la imputación contra otros dos presuntos implicados.

Se trata de Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones (UCD) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), hoy de Bienestar, y José Francisco Monroy Gaytán, ex rector de la citada Universidad.

Ambos estaban citados a la misma audiencia del viernes pasado, en la que fue imputado Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la UCD de la Secretaría, pero no asistieron porque no fueron notificados del citatorio.

Por ello, el juez de control Fernando Payá ordenó de nueva cuenta girar oficios para notificar a los indiciados de un nuevo citatorio, esta vez para que comparezcan el mes entrante a una audiencia de imputación.