Abel Barajas/ Agencia Reforma

martes, 14 marzo 2023 | 06:43

CDMX.- Después de tres años y ocho meses de haber sido procesado, un juez federal dictó anoche el auto de apertura de juicio en contra de Emilio Lozoya por el Caso Odebrecht, durante una audiencia en la que rechazó todas las solicitudes de la FGR para cancelar las pruebas de descargo en favor del acusado. 

Durante los dos días en que se desarrolló la audiencia intermedia, la defensa del ex director de Pemex pidió cancelar 48 de los 67 datos y medios de prueba que ofreció la FGR para el juicio y logró que el juez Gerardo Alarcón López excluyera 21 en su totalidad por ser ilícitas y cancelará 12 en forma parcial.

La FGR, por su parte, pidió excluir 28 de las 38 pruebas que presentó Lozoya en su descargo, pero el juez de control rechazó todas las solicitudes.

No aceptó excluir, entre otras, la prueba que constituye la principal coartada del acusado, el testimonio del empresario alemán Willi Arthur Gerard Heinze, quien asegura ser él y no Lozoya el dueño de una empresa off shore que recibió los depósitos millonarios que la Fiscalía le atribuye al ex director de Pemex.

Otra de las pruebas que el juez no quiso anular es el no ejercicio de la acción penal que dictó en favor de Lozoya la entonces Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, una resolución en la que concluye que está prescrita la sanción por los supuestos sobornos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

Los fiscales tuvieron un desliz cuando trataron de que el juez excluyera varios de los testimonios de ex funcionario de Pemex Refinación, ofrecidos por Lozoya.

Argumentaron que sus declaraciones eran impertinentes porque no tenían ninguna relación con el caso, ya que la FGR no estaba cuestionando la legalidad del contrato de Tula I, otorgado por Pemex a Odebrecht, del cual incluso dijeron que era completamente legal.

De inmediato, la defensa de Lozoya reaccionó y trató de que quedara asentado como un acuerdo probatorio -un hecho indiscutible por las partes- la afirmación de que ese contrato era legal, lo que obligó a los fiscales a retractarse de sus dichos.

Hasta el propio Lozoya tomó la palabra para resaltar el lapsus de la FGR, sin disimular la sonrisa.

"Es la primera vez que escucho que la Fiscalía lo expresa de manera contundente, que ese contrato fue legal, sigo perplejo", expresó el acusado ante el juez.

"La Fiscalía llamó a declarar a varios de los funcionarios y todos dijeron que yo nunca tuve nada que ver con ese contrato, entonces, de impertinentes no tienen nada esas declaraciones".

Desde el viernes el juez Alarcón canceló para el juicio las pruebas clave que presentó la FGR contra Lozoya, es decir, la documentación bancaria que enviaron Suiza y Brasil que presumiblemente revelan los sobornos de la constructora brasileña al ex director de Pemex.

Un hecho inusual ocurrido en la audiencia fue que tanto la FGR como la defensa solicitaron infructuosamente al juez Alarcón López, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, no dictar el auto de apertura de juicio.

Cuando ya habían sufrido los reveses en el debate de la pruebas, los fiscales Manuel Granados y Kristian Jiménez expusieron que, de no acordar la apertura, se daría cause a las impugnaciones que evitarían reposiciones de procedimiento y el aplazamiento innecesario del juicio.

Pero, sobre todo, dijeron que eso permitiría a la FGR tener tiempo para volver a pedir a Brasil y Suiza la información bancaria que fue cancelada por carecer de autorización judicial.

El juez Alarcón volteó a ver a su auxiliar de sala para preguntarle si tenía alguna notificación de suspensión por el amparo que presentó Lozoya esta mañana, para frenar la apertura de juicio.

Como la respuesta fue negativa, el impartidor de justicia dijo que no podía acceder a la pretensión de las partes mientras no existiera una orden judicial.

Los abogados del acusado también buscaron por distintos medios evitar la apertura de juicio porque esa decisión judicial acaba con el plazo que tenían para buscar una salida alterna para que su cliente, es decir, el criterio de oportunidad y la reparación del daño.

El juez, sin embargo, dictó el acuerdo que ninguna de las partes quería que emitiera y ordenó notificarlo en un plazo de 5 días a un tribunal de enjuiciamiento, para que fije fecha para el juicio de Lozoya.

La noche de este lunes, en la que concluyó la etapa intermedia del proceso, la FGR también pidió formalmente ante el juez imponerle al ex director de Pemex una condena de 46 años con 6 meses de prisión y a su madre Gilda Margarita Austin y Solís un total de 21 años con 3 meses de cárcel.

También ratificó que el monto de la reparación del daño que debe pagar el ex funcionario en este proceso es de 7 millones 336 mil 351 dólares.

Cuestiona a jefe de la UIF

Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya, criticó que el titular de la UIF, Pablo Gómez, no actúe contra el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Al intervenir por videoconferencia, casi al final de la audiencia, la acusada volvió a cuestionar como injusto el hecho de que su hijo siga en la cárcel a pesar de tener la voluntad de pagar un acuerdo reparatorio y colaborar en las investigaciones de las autoridades.

"¿Por qué mi hijo siendo colaborador de las autoridades está en la cárcel? El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, ha manifestado que tiene pruebas suficientes contra el presidente Peña Nieto y no se ha procedido", dijo.

Apelación

Durante la audiencia, los fiscales federales le anunciaron al juez Gerardo Alarcón López que apelarán su decisión del pasado viernes, en la que declaró ilegales y excluyó la información bancaria entregada por Suiza y Brasil para juzgar a Emilio Lozoya por el Caso Odebrecht.

Los fiscales dijeron al juez que están en desacuerdo con su postura, porque los Tratados suscritos por México con esas naciones no establecen que la información financiera deba estar sujeta a un control judicial en los casos de solicitudes de asistencia jurídica internacional.

Cualquiera que sea el fallo que dicte el Tribunal Colegiado de Apelación, seguramente traerá como consecuencia la presentación de amparos y aplazará la fecha de un eventual juicio.