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#MagistradoBilletes

Pelea el TEPJF un mes extra

No ha podido aclarar sus ingresos y mientras enfrenta una indagatoria, gestiona un bono

Guadalupe Irízar/ Reforma

jueves, 24 diciembre 2020 | 07:41

Ciudad de México.- El magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quiere más dinero.

No ha podido aclarar sus ingresos y mientras enfrenta una indagatoria ante la Fiscalía General de la República, el #MagistradoBilletes gestiona el pago de un bono extraordinario de un mes de salario para Magistrados y mil 500 empleados de la institución.

El argumento es que el organismo ya arrancó sus labores de un año electoral.

Sin embargo, la Comisión de Administración del Tribunal Electoral rechazó la petición en sesión extraordinaria por considerar que la carga de trabajo no lo amerita, de acuerdo con fuentes consultadas.

Dicha Comisión está integrada por tres consejeros de la Judicatura: Bernardo Bátiz, José Antonio Cruz Ramos y Loretta Ortiz, además de Vargas y el ex presidente del Tribunal Felipe Fuentes.

Molesto por la decisión, el #MagistradoBilletes intentó comunicarse con los consejeros de la Judicatura; sin embargo, ninguno le tomó la llamada, revelaron las fuentes.

El magistrado presidente pretende obtener el recurso a pesar de las resistencias.

En el Tribunal Electoral el aguinaldo es de 40 días. Para los Magistrados puede llegar a 444 mil pesos. Aún así, quieren el bono.

Los miembros de la Comisión postergaron además la discusión del tabulador de salarios del personal del organismo para 2021, así como su estructura orgánica y el programa anual de trabajo.

REFORMA confirmó que para 2020 el Tribunal tiene un subejercicio de alrededor de 70 millones de pesos en el capítulo correspondiente a recursos humanos, el cual deberá regresar a la Tesorería de la Federación.

Y perdonan las mañaneras

La Sala Regional Especializada del TEPJF consideró que las conferencias del Presidente se dan en apego a la libertad de expresión.

Así, declaró inexistentes las infracciones planteadas por PAN y PRD, que acusaban violación al principio de imparcialidad, promoción personalizada y uso indebido de recursos.