Nacional

Perdona FGR lavado a hermano de exgobernador de Guerrero

Fiscalía también desistió de acusar a 7 miembros de la familia Hughes, allegada al exmandatario Ángel Aguirre

Agencia Reforma

Abel Barajas/Reforma

domingo, 28 noviembre 2021 | 10:45

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de la acusación contra un hermano de Ángel Aguirre Rivero y siete miembros de la familia Hughes, allegada al exgobernador de Guerrero, por un presunto lavado de más de 268 millones de pesos procedentes de la corrupción en contratos gubernamentales.

Por solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales de Toluca canceló dos órdenes de aprehensión y el juicio iniciado desde 2015 contra seis de los Hughes.

Las órdenes de captura canceladas son las de Floriberto Rafael Aguirre Rivero, hermano del ex Mandatario, y la de Miguel Ángel Hughes Acosta, evadidos de la justicia por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito mejor conocido como lavado de dinero. Ambos nunca fueron detenidos.

Los procesos por el mismo delito, que también se pidió anular, son los de Víctor Ignacio y Henry Paul Hughes Alcocer, el primero de ellos subsecretario de Finanzas del Gobierno de Ángel Aguirre (2011-2014).

También fue retirada la acusación en favor de los hermanos Víctor Felipe, Paulo Ignacio, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco y Jorge Eduardo Hughes Acosta, a quienes se les seguía un juicio por el mismo ilícito.

Hoy todos ellos circulan libremente, sin ningún pendiente legal.

En su inusual solicitud de desistimiento de la acción penal, el jefe de la Unidad Antilavado de la FEMDO, Ancelmo Mauro Jiménez Cruz, argumenta que la ley le impone salvaguardar el derecho de los inocentes, y en este asunto admite que no tiene acreditado siquiera de forma indiciaria que el dinero que les cuestionaron tenga un origen ilegal.

"No se tiene acreditado que los recursos provinieran directa o indirectamente de las ganancias de la comisión de un delito y mucho menos que estos tuvieran conocimiento de una actividad ilícita", dice el pedido del funcionario, según registros judiciales.

"La autoridad ministerial tiene la obligación de abandonar la acción penal intentada, atendiendo a los principios generales del proceso penal establecidos en el apartado A, fracción I, del artículo 20 constitucional, el cual expresa que el objeto del proceso será el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen".

La FGR acusó en la causa penal 11/2015 que el Gobierno de Guerrero hizo pagos millonarios a las empresas Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa, las cuales luego transfirieron supuestamente en forma ilícita 268 millones 764 mil 594 pesos a ex funcionarios, allegados y familiares del entonces gobernador guerrerense.

Comercializadora 2003 tenía como apoderado legal a Henry Paul Alcocer, hermano de Víctor Ignacio Hughes Alcocer, subsecretario de Finanzas de Ángel Aguirre; mientras que Constructora Trabesa nombró como apoderados a Alejandro Carlos y Henry Paul Hughes Alcocer, sobrinos del ex subsecretario.

Al particularizar la acusación, la entonces PGR atribuyó a Floriberto Rafael Aguirre Rivero la recepción ilícita de 8 millones de pesos.

En este asunto, Víctor Ignacio Hughes Alcocer fue procesado por recibir ilícitamente de las contratistas 88 millones 326 mil 898.94 pesos; y su hermano Henry Paul, 17 millones 320 mil pesos.

En cuanto a los hermanos Hughes Acosta, sobrinos del ex subsecretario de Finanzas, la antecesora de la FGR señaló que las empresas presuntamente le hicieron depósitos a Alejandro Carlos por 29 millones 947 mil 613 pesos y a Jorge Eduardo, por 2 millones 818 mil 250 pesos.

A Víctor Felipe, 2 millones 363 mil 500; Paulo Ignacio, 1 millón 548 mil 200; y Mauricio Francisco, 200 mil pesos.

Miguel Ángel Hughes Acosta, sobre quien pesaba una orden de aprehensión, el monto del lavado atribuido era de 665 mil 198.47 pesos.

En este mismo asunto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que el propio ex Gobernador recibió un millón de pesos de las contratistas; sin embargo, la entonces PGR nunca pidió su aprehensión.