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¿Por qué en México es tan tensa la relación entre el presidente y los gobernadores?

Las disputas y confrontaciones entre Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios estatales ha sido una constante en los últimos años, tras una lista de gobernadores procesados por corrupción y narcotráfico

Agencias

martes, 02 marzo 2021 | 20:03

Las tensiones políticas entre el presidente y los gobernadores en México han sido una constante en lo que va del siglo XXI. Pero este fenómeno se ha acentuado con la llegada al poder del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente propuso un acuerdo político a los mandatarios estatales para no interferir en las elecciones intermedias, programadas para mediados de 2021. 

Este conflicto permite entender mejor el funcionamiento de la política mexicana, y las negociaciones de un incipiente régimen que trata de modificar las inercias del pasado. 

Acuerdo y juicio público

El pasado 23 de febrero, López Obrador publicó una carta dirigida a los gobernadores en la que propuso "un acuerdo nacional en favor de la democracia".

"Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o consciencias; a no traficar con la pobreza de la gente", planteó López Obrador en la misiva, que leyó durante su conferencia de prensa matutina.

Ese mismo día, horas más tarde, el coordinador de Morena (partido fundado por López Obrador) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) había presentado una solicitud de desafuero para procesar judicialmente al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De este modo, al mismo tiempo que el presidente proponía un acuerdo a los gobernadores, una dependencia bajo su mando lanzaba una solicitud para realizar un "juicio público", según dijo el fiscal Alejandro Gertz Manero, contra Cabeza de Vaca, quien forma parte del conservador PAN y la llamada Alianza Federalista, que construyó un bloque de mandatario estatales opositores. 

Reunión de la Alianza Federalista el 26 de febrero de 2021Twiiter @Javier_Corral

El gobernador tamaulipeco consideró que el proceso es parte de una persecución política en su contra, en víspera de la temporada electoral, y convocó a movilizaciones en su estado para defenderse de los cargos que se le imputan.

El pasado lunes 1 de marzo, López Obrador informó que 25 de 32 gobernadores, incluyendo a los que conforman la Alianza Federalista, habían decidido sumarse al acuerdo. Entre los adherentes destacaron Cabeza de Vaca, además de otros mandatarios opositores como Enrique Alfaro (Jalisco) y Javier Corral (Chihuahua), quienes han sostenido varios encontronazos políticos con el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, López Obrador le pidió a la Cámara de Diputados que abriera el expediente contra Cabeza de Vaca lo antes posible, para que los ciudadanos pudieran conocer los elementos de prueba en su contra. 

En junio próximo, México realizará las elecciones intermedias donde se renovarán 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados y diversos cargos locales, lo que permitirá delinear el escenario político de cara a la sucesión presidencial de 2024, donde se definirá la continuidad del proyecto de López Obrador. 

Corrupción y narcotráfico

Históricamente, desde 1930 hasta el año 2000, la gran mayoría de los gobernadores en México pertenecían al mismo partido político del presidente, el PRI, que gobernó de manera ininterrumpida durante prácticamente 70 años. Bajo la lógica de ese régimen político, los mandatario estatales fungían en la práctica como "empleados" del jefe de Estado en turno.

Esta situación cambió con la alternancia en el poder, luego que la hegemonía del PRI se rompiera en 2000 con el triunfo del PAN, y permitiera la llegada de Vicente Fox (2000-2006) a la presidencia de México. A partir de este momento, la mayoría de gobernadores que aún pertenecían al PRI comenzaron a operar con mayor soltura y autonomía, al no depender directamente del presidente en funciones.

El resultado de este cambio fue que los gobernadores comenzaron a ejercer un mayor poder en sus respectivos estados. En este contexto, se acusó a algunos mandatarios estatales de entablar supuestos acuerdos con cárteles de la droga, en medio de una disputa territorial entre bandas de narcotraficantes.

Esos pactos explicarían buena parte de la epidemia de violencia que padece México desde 2006, año en que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la "guerra contra el narcotráfico", mientras las organizaciones criminales inyectaban dinero a las campañas políticas para beneficiar a algunos de sus socios dentro de los distintos niveles de gobierno.

Gobernadores de México en reunión de la Alianza Federalista, 26 de febrero de 2021Alianza Federalista

Durante este periodo, gobernadores como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández (ambos de Tamaulipas) fueron imputados y encarcelados por colaborar con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

Además de ellos dos, otros mandatarios estatales fueron señalados y acusados judicialmente por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero muchas de las denuncias no avanzaron. Tal es el caso, por ejemplo, del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, detenido en España en 2016 por supuestos nexos con el narcotráfico, y quien terminaría saliendo de prisión gracias a la intervención del entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018).

A partir de 2006, el número de mandatarios estatales acusados de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito se hizo cada vez más evidente.

El caso más notable fue el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien actualmente se encuentra preso tras un desfalco millonario a su entidad. Pero este caso no fue el único, ya que durante el mismo periodo figuraron otros gobernadores procesados judicialmente, como ocurrió con Roberto Borge (Quintana Roo); César Duarte (Chihuahua); Guillermo Padrés (Sonora) o Rodrigo Medina (Nuevo León), entre muchos otros.

Un caso reciente es el de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, a quien le fue liberada una orden de aprehensión por los cargos de enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico.

Si bien las tensiones no son nuevas, la llegada al poder de López Obrador, los cambios propuestos en el modelo económico y su cruzada anticorrupción, han provocado el aumento de las confrontaciones políticas con los gobernadores, en medio de denuncias de corrupción política y presuntos vínculos con grupos criminales.

Disputa política

El programa de reforma del Estado impulsado por López Obrador agudizó los choques ideológicos en México, que han cobrado mayor resonancia por los conflictos sociales derivados de la pandemia de covid-19, los altos niveles de violencia y la difícil situación económica. 

Tal es el caso de las continuas disputas de López Obrador con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien recientemente culpó al Gobierno federal por la crisis de inseguridad que prevalece en el estado. 

Pero esta no es la única vez que Alfaro y López Obrador han mantenido confrontaciones abiertas, ya que lo mismo sucedió al inicio de la pandemia, cuando un joven murió en un caso de abuso policial, en medio de una disputa política por las medidas de restricción para contener los contagios de covid-19.

Un enfrentamiento similar ocurrió entre López Obrador y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en el contexto de la sequía y el adeudo hídrico con EE.UU., que provocó protestas sociales.

Aparentemente, la postura antagónica de muchos gobernadores obedece a un proyecto político, que buscaría posicionarlos como referentes de la oposición, de cara a las elecciones presidenciales de 2024. 

Fuente: www.actualidad.rt.com