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Proponen subir penas contra autoridades que agredan a activistas y periodistas

Segob puso en marcha el primero de siete diálogos regionales para generar una iniciativa de ley

Agencias

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lunes, 17 enero 2022 | 22:07

Bajo la premisa de que la ley que dio origen al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobada en 2012, quedó rebasada frente al fenómeno de violencia que prevalece, la Secretaría de Gobernación puso en marcha el primero de siete diálogos regionales para generar una iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios contra integrantes de estos sectores de la población, publicó Excélsior.

Durante la inauguración de estas mesas, el subsecretario Alejandro Encinas adelantó que el objetivo de la reforma no solo será fortalecer el mecanismo sino realizar un conjunto de reformas legales para definir claramente competencias y combatir la impunidad, que en casos de agresiones y homicidios contra estos profesionales supera el 90 por ciento.

"A 10 años de que fue aprobada y publicada la ley de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es momento de hacer un alto en el camino y una profunda reflexión para encarar un fenómeno delictivo que lamentablemente, a pesar de las acciones que el Estado mexicano ha emprendido a lo largo de estos 10 años, no ha logrado revertirse.

"Vamos en la búsqueda de una nueva ley que cree un sistema nacional de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que defina con claridad el régimen de competencias, concurrencias y responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno porque actualmente el sistema federal que tenemos ha permitido que las autoridades locales se desentienden de sus responsabilidades”, subrayó.

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Gobernación, en lo que va del sexenio, 49 periodistas y 96 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a México por tercer año consecutivo en el país donde más periodistas fueron asesinados, 7 de los 46 en todo el mundo en el año que recién concluyó. Le siguieron Afganistán y Yemen.

En tanto, “Artículo 19” fue más allá, documentó 145 homicidios de comunicadores en los últimos 21 años, 134 de ellos hombres y 21 mujeres.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez, reconoció que el 60 por ciento o más de las agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas son cometidas por autoridades estatales y municipales, como policías y funcionarios, que, en algunos casos, están coludidos con el crimen organizado.

"Y yo creo que esta ley tiene que recoger esta realidad porque de suyo cualquier agresión es grave, pero proviniendo de un poder público, de un servidor, es mucho más grave, porque es romper el estado de derecho, violar los derechos humanos, sobre todo violar el principio por el cual uno es servidor público que es respetar la ley y los derechos de los demás y en el carácter de servidor público es doblemente grave.

"De tal manera que la ley aumentará el castigo para servidores públicos que incurran en agresiones o amenazas y es algo que podrá acotar la impunidad en nuestro país y también la violencia”, advirtió.

Durante el evento y ante representantes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, autoridades federales y locales, así como legisladores, el vocero presidencial confió en que el trabajo en la Cámara de Diputados rumbo a esta reforma no se vea contaminado por el debate político. 

En tanto, Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección, agregó que la nueva legislación que se propondrá al legislativo en septiembre de este año, deberá tener como mínimo que las resoluciones sean vinculantes para todas las autoridades y con sanciones para las que no cumplan, la creación de un sistema nacional y protocolo para la prevención, así como el registro nacional de agresiones que servirá como herramienta de monitoreo para focalizar las amenazas y riesgos.

Hasta diciembre del año pasado el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos contaba con 1504 beneficiarios: 493 periodistas y 1011 defensores.