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Se suman ambientalistas a protestas por freno a renovables

Organizaciones ambientalistas, como Cemda y Greenpeace, promovieron demandas de amparo para impugnar suspensión de energías renovables

Reforma

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jueves, 28 mayo 2020 | 14:04

Ciudad de México— Organizaciones ambientalistas promovieron demandas de amparo para impugnar las trabas a la operación de centrales de energía eléctrica eólicas y fotovoltaicas, implementadas desde principios de mayo por el Gobierno federal.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace presentaron esta semana demandas en las que cuestionan la suspensión de las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial, así como el freno a la autorización de dichas pruebas para las que aún no operan, dictada por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a partir del 3 de mayo.

Según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los amparos también impugnan el Acuerdo de la Secretaría de Energía por el que se establece la Política para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicado el 15 de mayo.

Hasta ahora, ninguna empresa privada ha impugnado el Acuerdo de Sener, sino que todas se han limitado a cuestionar la orden del Cenace, que ya fue suspendida por tiempo indefinido por dos jueces especializados en competencia económica, en beneficio de alrededor de 40 consorcios.

El Acuerdo de Sener contiene lineamientos y directrices en múltiples temas, pero Greenpeace y el Cemda lo impugnan por el freno a nuevas plantas de energías renovables.

También se pide al Poder Judicial declarar inconstitucional el artículo 136 de la Ley de la Industria Eléctrica, que establece las medidas de seguridad que puede imponer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para garantizar la confiabilidad y continuidad del SEN.

Otro argumento es que la CRE, órgano descentralizado con autonomía técnica, habría "delegado" en la Sener las facultades que le otorga el artículo 132 de la ley mencionada, según la cual Sener expide la política general de confiabilidad del SEN, pero la CRE es la que debe generar y aplicar toda la regulación necesaria.

El Acuerdo del 15 de mayo de Sener tiene medidas que podrían afectar incluso a productores privados que no usan energías renovables, pero está por verse si las empresas lo impugnarán por su sola publicación, o si van a esperar a que la CRE y el Cenace ejecuten actos concretos para aplicarlo.

Por lo pronto, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa, Laura Gutiérrez de Velasco, se declaró hoy incompetente para conocer de ambos amparos, y los turnó a los juzgados de Distrito especializados en Competencia Económica.

Desde octubre de 2019, la Suprema Corte de Justicia aclaró que los amparos contra actos de autoridades regulatorias del sector eléctrico deben ser revisados por los jueces especializados.