Nacional

Suma Cabeza de Vaca cuarta denuncia; lo indagan por peculado

La denuncia la presentó la Unidad de Inteligencia Financiera

Abel Barajas, Reforma

jueves, 27 mayo 2021 | 23:30

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó esta noche que presentó una nueva denuncia por peculado contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por presuntamente usar la Casa de Gobierno de Tamaulipas para recibir notificaciones de sus litigios personales.

El funcionario dijo que esta es la cuarta denuncia que interpone en su contra ante la Fiscalía General de la República, siendo las previas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, de las cuales una ha derivado en una orden de aprehensión.

"Ya se presentó la denuncia por peculado, desde los días inmediatos posteriores a que se hizo pública la inscripción en el registro de Estados Unidos del despacho en Houston que establecía la Casa de Gobierno de Tamaulipas como el lugar para oír y recibir notificaciones por parte del despacho", dijo al ser entrevistado tras presentar el libro Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México.

En abril pasado se dio a conocer que Cabeza de Vaca contrató al despacho Gerger Hennesy & McFarlane, en Houston, Texas, y que este bufete había presentado un escrito ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para acusar al titular de la UIF de filtrar a la prensa información financiera sensible proporcionado por el Gobierno norteamericano.

Sin embargo, al parecer este despacho ya no defiende al político tamaulipeco, ya que el pasado 13 de mayo se dio a conocer una carta del abogado Tony Canales, cuyas oficinas se encuentran en Corpus Christi, Texas, actuando como defensor de Cabeza de Vaca.

La semana pasada un juez federal ordenó la aprehensión de Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El martes, sin embargo, otro juez suspendió temporalmente esa orden de captura, pese a que contiene un delito con prisión preventiva de oficio, al considerar que existe un conflicto entre las normas federales y estatales que por el momento no permiten tener la certeza de que el fuero del gobernador fue retirado debidamente.