Víctor Osorio/Agencia Reforma

jueves, 14 septiembre 2023 | 15:24

Ciudad de México.- Ocho de cada 10 de los migrantes radicados en Estados Unidos que se verían afectados por la eventual cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) nacieron en México. 

El programa impide la deportación de migrantes que fueron llevados al vecino país del norte cuando eran niños.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), de los 578 mil 680 beneficiarios actuales, conocidos como "dreamers", 468 mil son mexicanos, es decir, el 81 por ciento.

Les siguen los salvadoreños, con 22 mil 560; los guatemaltecos, con 15 mil 340, y los hondureños, con 14 mil 120.

Ayer miércoles, un tribunal federal determinó que la administración de Joe Biden no remedió las deficiencias legales que le llevaron a declarar ilegal el DACA en 2021, y bloqueó nuevas inscripciones al programa.

El Instituto de Política Migratoria consideró probable que los litigios sobre el programa continúen durante los próximos años, pero advirtió sobre el desgaste que implican para los beneficiarios y sobre la reducción de la cobertura.

"El número que actualmente tiene estatus DACA representa aproximadamente la mitad de los 1.2 millones de personas que el MPI estima que cumplieron con la edad del programa, la edad de entrada a EU, los años de residencia en EU y los requisitos educativos para la elegibilidad inmediata en 2022, según las reglas originales", detalló.

"Entre este grupo, MPI estima que 58,000 jóvenes alcanzaron la edad de elegibilidad para DACA desde que la administración Trump intentó poner fin al programa en septiembre de 2017, pero a la mayoría se le ha prohibido presentar la solicitud".

Solo aquellos que se incorporaron al programa antes de esa fecha, explicó el Instituto, han podido renovar su protección bajo las órdenes judiciales que mantienen vivo el programa.

Sin nuevas solicitudes permitidas, el número de beneficiarios ha registrado una tendencia a la baja desde 2018.

La caída en la tasa de participación en el programa, aseguró el Instituto, obedece a varios factores.

"Algunos beneficiarios pueden haber encontrado un camino para adaptarse al estatus de residente permanente legal; otros abandonaron el país, perdieron su estatus, perdieron su elegibilidad o murieron", sostuvo.

"Otros pueden haber decidido no renovar, dada la incertidumbre sobre el futuro del programa, o por temor a proporcionar una dirección actual al gobierno".