Nacional

Urgen transparencia en APPs

Uno de los retos principales de este mecanismo de financiamiento de obras públicas es la dispersión de la información, la cual se debe rastrear en diferentes entidades

Reforma

miércoles, 20 noviembre 2019 | 21:13

Ciudad de México.- El esquema de Asociaciones Público-Privadas (APPs) carece de instituciones que transparenten los procesos tanto en planeación, como elementos técnicos, financiamiento y ejecución, debido a que la ley que los regula quedó rebasada.

  Así lo concluyeron especialistas reunidos en la presentación del estudio Transparencia y rendición de cuentas de las APPs: recomendaciones de política pública, elaborado por Ethos.

  Yahir Acosta, director general de la organización, comentó que uno de los retos principales de este mecanismo de financiamiento de obras públicas es la dispersión de la información, la cual se debe rastrear en diferentes entidades, incluso en un mismo proyecto.

  "La información está descentralizada en diferentes etapas (...) Lo que vemos como una posible solución a esta problemática es pasar de todos estos registros, que muestran un pedazo de la realidad de la infraestructura mexicana, a un repositorio único, gestionado por una agencia especializada en APPs o en su defecto la Secretaría de Hacienda", detalló.

  Otra recomendación es modificar la ley para obligar a los concesionarios de esta modalidad a detallar lo mejor posible la información referente a la obra, desde el proceso de planeación, hasta la ejecución.

  Carlos Matute, académico de la Universidad Anáhuac, señaló que el esquema de APPs comenzó a aplicarse de manera acelerada, beneficiando incluso intereses particulares antes que definir los mecanismos de rendición de resultados.

  "Si bien es cierto que es una estrategia suficiente para llevar a cabo de forma eficiente y sin costo para el Estado ( proyectos de infraestructura), también es cierto que la estrategia de implementación, demasiado acelerada y con intereses de empresas y algunos consultores, tanto a nivel federal como municipal, provocaron que en la normatividad no se tuviera toda la infraestructura administrativa suficiente para transparentar este tipo de proyectos", explicó.

  Por otra parte, Nadia Enríquez, directora general de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, aseguró que se debe poner especial atención al esquema de APPs autofinanciables, pues bajo el argumento de no requerir recursos públicos para su ejecución, no hay procesos de vigilancia pese a que sí pueden representar un pasivo a largo plazo para el Gobierno.

"Ahí, en las APPs autofinanciables, el componente de que no haya dinero público, si bien es un proceso de interés público y la obra pública es la misma, sí es un enorme paraguas para la opacidad (...), si una obra o un programa no tiene recurso federal, ya no podemos entrar.

  "Si bien hay leyes que permiten que como es dinero privado no se pueda abrir, no se pueda hacer este tipo de ejercicios (...) Es labor conjunta de poder luchar y decir 'son procesos de interés público', entonces tiene que tener este tipo de garantías", acotó.

  Matute consideró que las APPs funcionan sólo si hay sujetos con autonomía que puedan vigilar la operación del Gobierno, además de procesos que permitan sumar la competencia a los proyectos de obra pública.

  Por su parte, Ana Laura Barrón, investigadora de Ethos, señaló que se debe analizar el impacto fiscal de los proyectos bajo esta modalidad, pues pese a que no impliquen recursos del presupuesto, sí pueden ser una carga fiscal a largo plazo para el Gobierno.

  "Si bien no son deuda, en un debido momento sí pueden llegar a serlo", dijo la investigadora.

  Entre las recomendaciones de Ethos para transparentar los esquemas de APPs, está la implementación de un plan maestro con un horizonte de al menos 15 años; crear un fondo general y de garantía para los proyectos, así como la instalación de una agencia especializada para recabar la información de los proyectos y dar seguimiento a su desarrollo.

  Además, el laboratorio de políticas públicas propone modificar la ley de APPs para incluir la obligación de información en los contratos, así como ordenar la publicación de expedientes técnicos y los dictámenes de viabilidad de las Asociaciones autofinanciables, así como una modificación a la ley actual que indique los proyectos aprobados por la Cámara de Diputados no crearán compromisos plurianuales.

  Yahir Acosta señaló que es necesario convencer a los diputados y senadores de la urgencia de estas reformas, para que los cambios se apliquen a la ley actual. Sin embargo, hay reglamentos que pueden ir adaptando cambios, sin necesidad del aval del Congreso.