Opinion

-¿“Y el doc porqué no vino”? Está de permiso

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GPS / Columna

jueves, 19 marzo 2020 | 05:00

-Albazo y riña en el Congreso

-Elizondo juega con el aparato del virus

-Ministeriales encima de un chatarrero

Les jugaron el dedo en la boca a las organizaciones de mujeres que pidieron cesar e investigar a los doctores Carlos Ruiz Vázquez y Luis Daniel Ortiz Saldaña.

El director y el subdirector de la Jurisdicción Sanitaria IV, con residencia en Cuauhtémoc, terminaron siendo protegidos de nuevo, pese a los señalamientos y denuncias formales de acoso contra doctoras, enfermeras y estudiantes bajo su cargo.

Había un compromiso del Secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, de proceder de inmediato contra ambos. Eso fue después de la marcha feminista del 8 de marzo, cuando fue exhibido en primer lugar Ruiz Vázquez.

Pero pudo más la protección que le dio al médico la diputada federal panista Patricia Terrazas Baca, que la palabra empeñada del secretario.

 A Ortiz Saldaña sólo lo pusieron a disposición de Recursos Humanos, pues es sindicalizado con un puesto de confianza y se le debe seguir un proceso. No se le separó del cargo de manera formal, sólo se avisó de su caso al sindicato que corresponde para ver cómo se procede.

Hasta ahí es entendible por el respeto al debido proceso, aún con toda la carga de evidencias en denuncias y audios que se tienen del funcionario.

En el caso de Ruiz Vázquez le dieron una licencia para ausentarse de su cargo. En una reunión el pasado martes para ver la contingencia sanitaria, hasta el mismo gobernador Javier Corral preguntó por el médico protegido de la diputada cuauhtemense. 

Grajeda le respondió que estaba de licencia. Así nomás, como si nada pasara, es lo que reportan las afectadas. Hay de muestra una imagen de una conversación llena de indignación entre las mujeres a las que prometieron sanciones a los acosadores. Captura de pantalla en la versión digital de GPS.

Con esa licencia al doctor protegido también se le encargó mantener de lejos el manejo de la oficina. Pura simulación de sanciones nomás para taparle el ojo al macho. Seguramente las mujeres que lo acusan no van a quedarse de brazos cruzados, siguen guardando la afrenta.

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Fue un auténtico albazo legislativo el perpetrado por el Congreso del Estado en materia de transporte. Fue aprobada la ley con todo y transportistas que irrumpieron por la fuerza a la torre legislativa para intentar frenar la aprobación en el pleno. 

Curiosamente fue el Coronavirus como fenómeno mediático el que permitió a los legisladores imponerse de inicio, en un contexto de incertidumbre y cierre de actividades. 

El bicho raro importado de China-Italia fue un pertinente y cómodo distractor, para que los legisladores cumplieran la sacrosanta voluntad de Javier Corral, pasando por encima hasta de los supuestos beneficiarios finales, que son los ciudadanos.

Corral jugó a distraer a los transportistas, para atenderlos y ofrecerles alguna intervención, mientras en comisiones bastaron unos minutos durante la mañana y otros por la tarde para aprobar el decreto.

La ley, pese a contar con los votos necesarios, es débil.

 Para empezar nos dicen que se preparan los amparos porque se violentó el procedimiento legislativo. La Comisión que debió conocer fue la de movilidad y no la de desarrollo urbano, pese a que la primera debió en estricto sentido resolver.

Le sacaron al viejo lobo de mar Rubén Aguilar, quien tiro por viaje obtiene prebendas y ventajas. Les iba a salir cara la negociación y le dieron la vuelta.

El asunto entonces no ha concluido. Esos cientos de amparos que se cocinan así como posteriores movilizaciones, tienen como fundamento derechos creados que no pueden ser vulnerados por una norma posterior por muy corralista que sea.

Fue tal el descaro, que siendo pasado el mediodía no se había cumplido con la obligación de transparentar el proyecto de ley.

El pleito va para largo y no se acabará con la determinación vertical y caprichosa desde el escritorio, que en el fondo va en busca de un negocio millonario, que el nuevo amanecer quiere para sus preferidos.

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La imagen que mostramos en nuestra edición digital resume los descuidos en el gabinete estatal, desde donde se envían las señales de cuidado ante la contingencia sanitaria que alcanza proporciones no calculadas.

Son las risas que develan la superficialidad en las prevenciones por el coronavirus. Todos ellos han realizado viajes nacionales y algunos incluso internacionales en los últimos meses o semanas.

O se han reunido con personas que a su vez han tenido viajes. El nivel de contagio es enorme y la irresponsabilidad de utilizar el micrófono como se observa en la fotografía es pasmosa.

El nuevo virus tiene como característica un alto nivel de contagio, muy por encima del H1N1 o el SARS.

Es Gustavo Elizondo quien tiene el aparato en las manos, después de haberlo utilizado. Todos los funcionarios que estuvieron en la mesa lo usaron para participar con el uso de la voz en una reunión de gabinete.

Lo acompaña Luis Aguilar quien recién recibió el nombramiento como Secretario de Desarrollo Social, en un encuentro celebrado el martes 17 en el Salón 25 de Marzo de Palacio, en el cual se revisaron acciones de todas las áreas, entre ellas, irónicamente, salud, y por supuesto, las acciones en materia de contención al Covid 19, que ya tenemos en nuestra entidad.

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Algo está ocurriendo con la policía municipal. Si no es un negocio, es otro u otro. Ningún establecimiento está a salvo de asaltos, y los uniformados preventivos ni sus luces.

Hemos dado cuenta que hasta un encuestador del Inegi fue asaltado esta misma semana en la colonia Cerro de la Cruz.

Esto pese a que ha sido precisamente la alcaldesa quien ha puesto especial atención en su apoyo a la campaña del Inegi por el censo que se encuentra en desarrollo.

Ahí está su video e imágenes fotográficas, recibiendo a los encuestadores en su propio domicilio. Está con la sonrisa de oreja a oreja.

Y resulta que desde la Dirección de Seguridad Pública no existe efectividad en las acciones preventivas.

Es cierto que no es un fenómeno exclusivo del ayuntamiento de Chihuahua, porque la estadística indica números no aceptables, con incremento en delitos patrimoniales.

Nada menos son más de 200 los robos a negocios en enero y más de 2 mil 500 delitos patrimoniales cometidos en la entidad. Muchos de ellos en la capital.

Pero es la policía municipal primer interviniente, con independencia de la responsabilidad que tiene la Comisión Estatal de Seguridad, a quien poco se le puede exigir por la ineficacia que siempre han mostrado.

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Precisamente hablando de angelitos estatales de la Fiscalía. Uno de nuestros amables y atentos lectores nos envía un par de imágenes que los muestra encima de un chatarrero.

Es una troquita de antiguo modelo que lleva unas piezas de automóvil en su cajuela y los eficientes agentes de la Fiscalía cuestionándolo.

No son viales, ni municipales ni de la temida CES. Son agentes de la Fiscalía General del Estado, que en la 20 de Noviembre y casi Independencia se lucen.

Pensamos que si hubo algo debe haber al menos un acta administrativa. Pero lo dudamos. El billete no deja constancia.

Ahí se alcanzan a ver las placas para cualquier indagación al respecto por parte de asuntos internos, si es que existe realmente interés en verificar qué fue lo que ocurrió.