Opinion

-“Te metiste con un loquito...”

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GPS / Columna

martes, 11 agosto 2020 | 05:00

-Una rara separación la de Sebastián

-Con Mesta positivo suena a brote en Palacio

-Más incertidumbre en abogados laboralistas

Hace unos días la alcaldesa María Eugenia Campos ordenó la destitución de un consultor jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, identificado como Édgar Iván L.G. Su cese inmediato fue por una queja de acoso sexual contra una mujer.

Todo comenzó por comentarios obscenos hacia la víctima, cuyos datos generales se mantienen bajo reserva. Le mandó por mensaje una foto de ella misma diciéndole algo indebido sobre su cuerpo. La mujer reaccionó indignada y le advirtió que buscaría la forma de acusarlo de acoso.

Édgar Iván y su víctima se conocían desde hace muchos años, pero no tenían relación alguna. De buenas a primeras al sujeto se le ocurrió contactarla de esa forma.

Del ofensivo comentario pasaron rápido a las amenazas, pues al sujeto no le gustó que la mujer reaccionara con indignación y coraje.

Ambos se retaron a ver quién tenía más contactos y quién podría más en un conflicto legal, que siempre minimizó el sujeto en mención presumiéndose como abogado experto en derecho penal.

Algunas imágenes de la conversación subida de tono pueden verse en la versión digital de GPS. De todas las expresiones llama sobre todo la atención una lanzada casi al final por el ahora acusado: “No sabes que te metiste con un loquito al que no le importa nada... Este es mi último mensaje pero vas a saber de mi más pronto de lo que te imaginas. Hasta pronto”.

Lo demás es historia. El empleado municipal de Seguridad Pública fue cesado y se convirtió en el tercer caso al hilo que por órdenes directas de la alcaldesa es removido por violencia de género.

Sin embargo, este caso es el más grave de los dos anteriores en los que había intervenido Maru Campos. Los pasados -Francisco Letayf y César Komaba- habían sido cesados por comentarios inadecuados en tono de broma y el actual es por amenazas directas.

Por eso el gobierno municipal le dio acompañamiento jurídico a la víctima. Sería un gran error que la Fiscalía del Estado no tomara con la debida seriedad el caso y no procediera con la misma celeridad que lo hizo la Dirección de Seguridad Pública.

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Es muy extraño que el diputado federal Sebastián Aguilera Brenes, haya presentado por motivos personales una solicitud de licencia para separarse de manera definitiva del cargo.

No hay ninguna cuestión de salud que sepamos, ni familiar de peso, más que la lejanía natural para ejercer el cargo.

Suena al famoso caso Juanito en Iztapalapa, que le abrió el camino a Clara Brugada, por designios del entonces grupo político que hoy maneja Morena.

Sebastián es un joven, el más joven diputado en el Congreso de la Unión, electo en el tsunami electoral del 2018.

Sin currículum ni experiencia alguna, fue asignado a una curul con sueldazo de ciento cincuenta mil pesos libres de impuestos. Sus empleos anteriores eran para el olvido, incluso dejó trunca su licenciatura.

Ni campaña hizo, fue electo por la famosa plurinominal. Regalazo.

Ahora, de manera sorpresiva, abandona el cargo, para dejar el mismo en un personaje similar. Su suplente, también de Chihuahua, Jorge Ariff Marave, no tan joven como él, pero con el mismo e insustancial perfil.

En el fondo, son posiciones de poder. El antecedente inmediato que llama a la sospecha en la renuncia-destitución es una encuesta que el legislador mandó hacer en relación con las preferencias electorales en Chihuahua de cara al 2021.

En ella el senador Cruz Pérez Cuéllar obtiene sustancialmente ventaja sobre el resto de los aspirantes, Juan Carlos Loera y muy lejos Rafael Espino.

Fue el mismo senador quien difundió profusamente los resultados del estudio demoscópico realizado por la empresa Mendoza, Blanco y Asociados.

Unos días después sobrevino la inesperada licencia.

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La parafernalia de un nuevo semáforo con motivo del Covid gerenteado por inexpertos en salud suma un nuevo motivo de descrédito por la continua infección de quienes debieran ser muestra de cuidado y atención.

El resultado positivo asintomático de Fernando Mesta, el Secretario General, es una fuerte llamada de atención, una nueva alerta, de la forma irresponsable en que se atienden las recomendaciones desde palacio mismo.

Durante los últimos días sostuvo reuniones con otros servidores públicos y personalidades de sectores sociales, cuando estaba contagiado.

Por ahí debería empezar el nuevo e ignorante secretario de salud a realizar el seguimiento de casos. Mesta no es el único motivo de preocupación, sino también decenas o cientos de personas que tuvieron contacto con él.

Las personas comunes deben pagar más de tres mil pesos por pruebas PCR, en gobierno son gratis, para ellos y sus familias.

Será por eso que no se quieren ampliar las pruebas. Quieren dejarlas exclusivamente para ellos, cuando la indicación es y debería ser la necesaria ampliación de pruebas sin pichicatear el uso del recurso con fines de falsa austeridad.

En el colmo, el gobernador, que seguramente ha estado en contacto con Mesta, preside el relanzamiento contra el bicho en la Casa Chihuahua, luego se presenta en Juárez a seguir con su promoción de obras y, prácticamente sin bajar un pie del JC3, brinca a una reunión antiCovid en Torreón, Coahuila, cuando es un sospechoso evidente de contagio.

Contrario a ello, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en las mismas condiciones con un secretario positivo, decidió resguardarse hasta entonces se realiza la prueba.

Es en esas incongruencias caprichosas y evidentes, inocultables pese a la parafernalia, donde descansa la ausencia de credibilidad en la administración corralista.

Semáforos van y vienen, pero los sectores lastimados, como bares y restaurantes, ya no hayan que hacer, y encima de todo, son vapuleados públicamente. No les quedó otra que cerrar calles y polarizar su posición.

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Existe incertidumbre en los abogados laboralistas por el cierre intempestivo del Tribunal Laboral, aquel que resuelve en segunda instancia las resoluciones de la Junta Arbitral.

Son cientos de asuntos que fueron de nuevo detenidos, con motivo de la detección de un caso de Covid.

Las oficinas del Tribunal, las nuevas, a pesar de ser mas amplias que las que tenían aún a principios de año, son insuficientes y mantienen en hacinamiento a los trabajadores.

Razón de más para que un solo caso provoque angustia y riesgo de un brote, motivo por el cual se tomó la decisión de cerrar.

En el fondo los abogados y sus clientes no encuentran salida, en asuntos que se han prolongado por años sin resoluciones, donde el único beneficiado es el gobierno estatal.

Las largas a los asuntos dejan a los trabajadores en la indefensión, mientras el sexenio corre y los responsables de despidos injustificados cobran sus quincenas y prestaciones muy quitados de la pena.

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La denuncia de un extrabajador de una cadena de supermercados pone en evidencia la forma en que la carne en mal estado se retira de anaqueles para procesarla y volverla a ofrecer a sus clientes en una versión marinada. Las autoridades sanitarias deben estar alertas.

Quizá los esfuerzos por contener la pandemia del COVID-19 mantiene ocupadas a las dependencias relacionadas con la salud y la verificación de la inocuidad de los productos procesados que se expenden en distintos negocios, lo que en es un riesgo para el consumidor.

Desde hace semanas en el estado de Chihuahua se emitió una alerta -aunque poco promocionada- que relaciona las enfermedades e infecciones gastrointestinales con alimentos en mal estado, lo cual genera repuntes del 50 por ciento de incidencia durante la temporada de calor.

La prioridad en estos momentos es frenar el coronavirus. Los demás programas de prevención y revisión del manejo de alimentos son desatendidos, en un muy mal mensaje, en particular cuando históricamente se tienen más de 160 mil contagios de acuerdo con INEGI.