GPS / Columna

viernes, 05 abril 2019 | 20:25

 - ¿Alguien que informe sobre delegada de Profepa?

- Las ciclovías en 30 kilómetros suenan raras 

La visita a Parral del gobernador del estado, Javier Corral, para asistir a la toma de protesta de la mesa directiva de Coparmex generó dudas y malestar entre los empresarios parralenses. 

Durante el acto debieron morderse los labios y fingir una sonrisa frente al enésimo compromiso incumplido del mandatario por resolver el homicidio del exdirigente del organismo Uriel Loya Deister, ocurrido hace ya seis meses y medio. 

Prácticamente frente al ataud del joven empresario, Corral prometió que serían detenidos los responsables. Afuera de la funeraria, expresó que el caso no quedaría impune.

“Contamos con algunos avances y hasta que no tengamos plenamente definida y sólida una línea de investigación, no daremos a conocer nada”, dijo aquella ocasión y repitió el discurso la noche del pasado jueves ante los empresarios.

Familiares y amigos de Uriel Loya anhelaban que durante su visita el mandatario informara al menos el móvil el asesinato pero la falta de novedades desconcertó a todo el empresariado ahí reunido.

Las frases de “castigo para los responsables”, suenan huecas en la voz de Corral. También mediáticas en cuanto a que opta por difundir esos falsos discursos en sus redes sociales para vender una imagen sin importar el dolor de los deudos que exigen justicia.

La realidad, más allá de sus publicaciones en Facebook o Twitter, es que la Fiscalía General del Estado no ha detenido a los responsables de varios asesinatos, entre ellos el de Loya Deister.

Tampoco ha logrado resolver el crimen del empresario José Ricardo Caraveo Vallina, localizado sin vida el 9 de noviembre dentro de una parcela de maíz al pie de la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón.

Caraveo había sido reportado desaparecido desde del 30 de agosto, y el mismo día del hallazgo el gobernador Javier Corral lamentó la muerte y declaró que darían con los responsables y que se les iba a aplicar todo el peso de la ley.

Hasta el momento ninguno de los dos asesinatos se ha esclarecido. Así podemos enumerar decenas.

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En contraparte, la gira de Parral fue destinada a recordar “el mal gobierno” de César Duarte – el prófugo de la justicia que ha logrado tumbar dos órdenes de aprehensión al gobierno del nuevo amanecer. 

En lo que antes fueron los dominios del ballezano, Javier Corral de nueva cuenta se fue duro y a la cabeza en contra de su antecesor al poner marcha los trabajos para la reconstrucción de la antigua casa Arras, misma que fue demolida por el gobierno duartista para encima colocar la megaescultura de Villa, en pleno centro histórico de la capital del mundo.

Catalogó la demolición como un hecho atroz, y anunció que la enorme figura del Centauro del Norte será removida. El nuevo sitio no se especificó y no sería sorpresa que en abrir y cerrar de ojos sea fundida. La política de la actual administración es borrar de la faz del planeta todo vestigio que recuerde la imagen del exgobernante.

Lo único que prevalece, y sin dar los resultados ofrecidos, continúan siendo los maxijuicios. Largas horas de audiencias y gastos jurídicos que no han logrado resarcir el millonario daño que provocó la pasada administración a las arcas del Estado.

Los llamados expedientes X, en muchos casos sólo han servido para demostrar que existen más palabras que pruebas, y también para evidenciar la justicia selectiva que aplica el gobierno estatal.

En su prueba más reciente, se negó por tercera vez el cambio de la medida de prisión preventiva a favor del exsecretario particular de Duarte, Jesús Luna, acusado de haber solicitado el uso de una aeronave oficial para el hijo del exmandatario, y que permanece detenido desde abril del año pasado.

El daño provocado del que se le acusa es ahora de 130 mil pesos, y sigue en prisión mientras los peces grandes disfrutan de la libertad de nadar en el mar de la protección que otorga el fungir como testigos protegidos del Estado.

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Tal vez por temor, o quizá por simple costumbre pero la delegada de la Profepa, Laura Elena Ulate Casanova, ha preferido literalmente convertirse en ojo de hormiga y no dar la cara para informar sobre los pasos que ha efectuado la dependencia – si es que lo ha hecho - en el caso de la jaguar que tiene en jaque a los vecinos del fraccionamiento Las Misiones.

Se ve tibia la delegada, y de la misma forma se ha visto ante este y otros conflictos similares, al permitir que un felino que ha dado tres muestras de capacidad de escapismo y ahora de agresión, habite dentro de una zona habitacional, poniendo en riesgo la vida de los residentes.

Hasta ayer no se definía si habría de concederse el retorno del jaguar a sus legítimos propietarios, pero ya sucedió en una ocasión y podría volver a ocurrir. Existen dudas de la resolución final porque la funcionaria prefiere mejor no asomarse.

Dicen los enterados que prefiere ocultarse para no llamar la atención pues es una de los pocos que aún se mantienen en el cargo a pesar de ser ajenas al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ulate Casanova asumió el cargo en abril del 2018, y aunque actualmente poco se le ve en las oficinas, el personal de la dependencia afirma que sigue despachando en el cargo por el que mes a mes le reditúa un nada despreciable salario.

No se trata de un personaje nuevo dentro de la Profepa. Inició funciones en la delegación en el año de 1998 como especialista en Legislación Ambiental y de Recursos Naturales, función en la que permaneció hasta el 2014 cuando asumió como subdelegada jurídica de la delegación y después a la titularidad.

Inexperta no es, por eso llama la atención que los mismos trabajadores digan que a últimas fechas es lo mismo que despache o no, pues poco o nada se sabe de su trabajo.

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Habrá que estar muy pendientes de lo que suceda al interior del Instituto Municipal de Planeación. Esta semana su director, Carlos Hernández, dio a conocer que en busca de crear una mayor cultura vial se habrán de habilitar al menos 30 kilómetros de ciclovías en esta capital.

Lo que llama la atención es que las bases preliminares del estudio que se analiza contemplan el uso de los carriles confinados del Metrobús para que puedan circular ciclistas y hasta jóvenes en patinetas, algo por demás riesgoso en una ciudad como la nuestra.

Por supuesto, es plausible toda iniciativa que busque hacer de la capital una ciudad más amable con sus habitantes, y que promueva nuevas alternativas para el transporte, pero primero se debe trabajar a fondo programas que coadyuven a cambiar de manera radical la cultura vial, que incluya por supuesto a los operadores del transporte público urbano que tantos accidentes provocan.

Por años las ciclovías, del Norte, Centro y Sur de la ciudad, para las cuales se invirtieron cerca de 13 millones de pesos han resultado infuncionales, por tanto es más urgente habilitarlas que realizar nuevas inversiones que terminen siendo elefantes blancos.