Opinion

- El alto funcionario Don Juan

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jueves, 14 febrero 2019 | 01:56

- Maru y “El Caballo” por encima de Corral

- Batallan con los jueces familiares

Será que no tiene nada qué hacer en su oficina o que se trata de su tiempo libre -muy justificado- para estar de conquista en el contexto muy adecuado del día del amor y la amistad.

Pero el caso es que Juan Pedro Santa Rosa está en todo -y sobre manera atento- menos en misa, como dice el dicho.

Uno de nuestros amables lectores lo captó muy platicador, alegre y mano larga en un conocido restaurante-bar, departiendo con una dama. (Fotos en la versión digital)

Bebidas frías con los amigos, se lee detrás del titular del deporte, en un pequeño pizarrón. Como sabemos es titular de un organismo descentralizado y por lo tanto es alto funcionario dentro de la Secretaría de Educación Pública del Estado.

Su vida privada nos tiene sin cuidado, pero no deja de llamar la atención que pudiendo dedicar su tiempo a poner en orden el área; en lugar de ello, gusta de amenizar en lugares muy públicos sus dotes de Don Juan. Chamaco alegre y risueño sin duda. Testigos se cuentan varios.

Sin embargo, están presentes en el desempeño de su función las irregularidades denunciadas el año pasado en tribuna del Poder Legislativo en materia de la conducción del beisbol, en connivencia con los mandamases del rey de los deportes en el estado.

También está el asunto del manejo opaco y discrecional de las cuotas millonarias que pasan por las manos del funcionario sin que exista un control real.

Y, por qué no, también está pendiente el tema de la Carrera de la Liberación, instrumento de marketing político realizado a expensas del erario y con cargo -en parte- de los corredores, para lucimiento del Señor gobernador, que esperemos este año mejore su rendimiento en la meta final.

Tiene entonces Don Juan, Pedro Santa Rosa, -que no Tenorio- que atender sus responsabilidades, que son muchas, y ser discreto en sus affaires, porque Chihuahua, al final, no deja de ser un rancho grandote.

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Detrás del señor gobernador, en primera fila, en esa escalinata de Pino Suárez Número 2, la casa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observamos dos alcaldes con posibilidad real de crecimiento electoral.

Son ellos, al final de cuentas, los beneficiarios de la acción política ejecutada mediante controversia constitucional en contra de la modificación al Fondo Minero que Chihuahua enarbola.

Poco beneficio político vemos que le genere al gobernador tal acción, en una crisis de credibilidad como no había visto titular del ejecutivo alguno antes de la mitad del sexenio y con un pleito de final inesperado con el de Macuspana.

La elección intermedia lo dejó sin respiro alguno. Por ella perdió Corral la capacidad de maniobra de los dos primeros años que se le agotaron con una rapidez inusitada, y hoy asiste a su debacle donde todo inició, en la ciudad de México.

Estos alcaldes beneficiados son Maru Campos y Alfredo Lozoya. Ambos, controversia constitucional al hombro, serán capitalizadores de la acción política emprendida de manera desesperada -en busca de bonos electorales- por Javier Corral.

Con la ausencia, que también juega en política, Armando Cabada, el alcalde juarense, colmilludo que es, resulta beneficiario de la acción, en un momento culmen de la disputa del gobernador con el poder presidencial. Sabe Cabada que la afectación por el recurso minero es marginal en el caso de Juárez y eso le permite jugar con el score. Es solidario apoyador, pero con distancia que le permite atraer recursos en otros rubros.

Colado en la foto, allá arriba se vio al coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso, Fernando Álvarez. Había que justificar la viaticada a la Ciudad de México. Por ahí también anduvieron Gustavo Madero y Miguel Riggs, tratando de justificar el sueldo del Congreso de la Unión.

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En los juzgados familiares está ocurriendo algo muy peculiar que los litigantes están sufriendo para entender, más cuando están de por medio los intereses legítimos y superiores de protección a la mujer, niños y niñas.

En voz baja y en ocasiones en voz alta, con discusiones y amparos, los abogados tratan de hacer entender a los señores jueces y juezas familiares, que su materia es muy delicada y que no pueden tratar los asuntos como si se tratara de disputas civiles entre particulares.

No es uno, sino varios profesionales del derecho los que se han acercado a esta columna para insistir en el tema, argumentando omisiones y dilaciones inaceptables en casos de alimentos, por ejemplo, notificaciones y acuerdos para asegurar los mismos.

Bien haría la Judicatura del Estado en atender el tema a través de una auditoria de procesos antes de que se agudice la soterrada inconformidad existente entre los operadores del derecho que sufren las de Caín de manera constante, sin que sus reclamos obtengan respuesta.

Ya antes habíamos tocado este aspecto que no es nuevo y que requiere atención. Nada menos la ministra Margarita Luna Ramos acaba de ofrecer una conferencia magistral en el auditorio principal de la Ciudad Judicial. El tema no fue otro más que “Perspectiva de genero en la impartición de justicia”.

Y unas semanas antes, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, estuvo en Juárez exponiendo su libro “El acceso de las mujeres a la justicia”, que en la capital tuvo que ser suspendido por cortesía política.

No es entonces un tema ajeno a la realidad ni a la academia, ni mucho menos al Congreso de la Unión y más aún, está en la agenda permanente de la Suprema Corte de Justicia.

 Algo hay qué hacer al respecto entonces.