Opinion

- Por 10 minutos tarde quedaron fuera de los 28 mil mdp

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GPS / Columna

viernes, 29 marzo 2019 | 23:54

 -Irma Villanueva es la buena de Lucha y compañía

-Sotelo en el Face de Luz Estela Castro

-¿Enderezar Vialidad?; ni en los más dulces sueños 

El tiempo es oro, o al menos esa es la regla que aplica el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, quien la tarde del pasado miércoles desechó una propuesta de la banca para la restructuración de la deuda porque sus representantes llegaron 10 minutos después de la hora programada.

Para la apertura de las propuestas de las instituciones bancarias, la cita fue a las 11 de la mañana en el Palacio de Gobierno, y cuentan que los funcionarios de Banamex, por andar buscando estacionamiento dentro del primer cuadro de la ciudad llegaron con varios minutos de retraso. Sudorosos subieron las escalinatas corriendo – recordemos que en Palacio el elevador para el pueblo no está sirviendo – y finalmente lograron llegar al salón en donde se realizaba el encuentro.

La carrera les sirvió de poco. El Secretario los dejó ingresar (quizá tan sólo para que descansaran un poco) pero les rechazó la propuesta argumentando la falta de respeto a la hora establecida.

El funcionario es conocido por su puntualidad, pero en este caso quedó la duda de si su forma de proceder fue en beneficio del Estado, pues si hubiera sometido a la aprobación de los presentes la decisión de conceder los “diez minutos de tolerancia” ¿habría sido posible mejorar las tasas de interés?

La deuda estatal quedó repartida en seis instituciones con 11 créditos, con una sobretasa ponderada de 0.56 por ciento… y el hubiera no existe.

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Faltando unas horas para el cierre del registro saltó a la carrera un nombre que las mujeres corralistas pretenden sea  “el caballo negro” que se perfile para llegar a la silla de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que quedará vacante el próximo 11 de abril.

La jugada oculta – de la simulación del proceso electivo que realizará ese día el Congreso del Estado -, recae en la figura de Irma Villanueva, actual comisionada de la Coordinación Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua; una abogada de muy buen perfil cercana a Lucha Castro.

Villanueva, cuyos conocimientos en materia derechohumanista no se ponen en duda, se formó en la escuela del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres que allá por el año 2006 crearon Lucha, Gabino Gómez y Alma Gómez, y que en últimas fechas se ha convertido en la bolsa de trabajo a la que recurre el Estado cuando se pretende dejar a una mujer en un cargo de toma de decisiones.

De ahí salió Yazmín Yadira Alanís Reza, la actual encargada del despacho de la Secretaría de la Función Pública, y desde ese mismo espacio – en el que la exbarzonista funge como guía moral – se pretende impulsar a Irma Villanueva.

No es la primera vez que Irma Villanueva aspira al cargo de la CEDH. Lo hizo en el 2014, respaldada el CEDEHM y por otras organizaciones de la sociedad civil que en los últimos años salen a la defensa de Castro cada vez que la consejera de la Judicatura se mete en problemas.

En aquellos años, sin embargo, la postulación no prosperó. Poco podía hacer Lucha contra las determinaciones de César Duarte, pero hoy las circunstancias le son favorables. 

Hoy la mano de la Consejera y su influencia sobre el mandatario estatal, es más que evidente. Lucha junto con otras mujeres empoderadas del Nuevo Amanecer, mueven hilos, cierran filas y ganan posiciones.

Por primera vez desde su creación una mujer podría tomar el control de los Derechos Humanos. Hace falta, sí, y son tres las aspirantes, pero lo cuestionable es y será siempre la cargada... tanto la que favoreciera a Irma o cualquier otro u otra.

Por ahora las baterías de las mujeres corralistas se enfocan en boicotear a Karla Gutiérrez Isla, la primera visitadora de la CEDH, y también aspirante a suceder al presidente saliente José Luis Armendáriz. Karla, de corte panista, que parecía ser la favorita… pero no de Lucha, por lo que en los siguientes días los camotazos se pondrán de a peso.

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Hablando de Lucha Castro, de nueva cuenta quedó en el ojo del huracán por un tema que ha sido recurrente desde que asumió como integrante de la Judicatura: la credibilidad de los procesos de selección de jueces y magistrados.

La sombra de la duda no es nueva. Desde la incursión de Lucha en el quehacer público – y su designación de manera directa por el gobernador Corral – los rumores del poder que ejerce desde la judicatura han empañado muchos de los procesos que se han promovido desde el Tribunal Superior de Justicia.

Lo que capta la atención ahora es que los misiles son lanzados desde la trinchera que se supone debía ser amiga, y que el fuego lo enciende el Consejero blanquiazul, Joaquín Sotelo Mesta (el mismo de las transas con Juan Blanco).

Son los propios panistas quienes se rasgan las vestiduras sin importar el daño que ocasionan al sistema judicial.

La denuncia de Sotelo Mesta ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se presenta cuando ya transcurrió un año desde que se emitió la convocatoria bajo cuyos lineamientos los jueces y magistrados fueron seleccionados, y entonces surgen las preguntas: ¿Tardó tanto tiempo para sospechar la probable comisión de irregularidades? ¿Por qué hasta ahora salta al ruedo y dispara?

Aseguran que la causa de la batalla es la denuncia por acoso sexual que pesa sobre sus espaldas, y que actualmente obra en Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del STJ, un área a cargo de Verónica Rodríguez López, una funcionaria cercana al grupo de mujeres que lidera Lucha Castro.

Sotelo se defiende argumentando que es una guerra armada para desvirtuar la veracidad de su denuncia mientras que el Poder Judicial rechaza las acusaciones y avala la honestidad y veracidad del proceso de selección.

Lucha Castro por su parte calla. Como única defensa ayer se limitó a difundir a través de su cuenta personal de Facebook una serie de fotografías de las deliberaciones del Consejo, con las que puso de manifiesto la presencia de Sotelo. 

Así de calientes están las cosas.

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Risa es lo que ha provocado la iniciativa que presentó el diputado verde, Alejandro Gloria González para reformar la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, con la finalidad acabar con las mordidas – o la intenciones recaudatorias, como lo asienta el legislador en su propuesta – que a diario cometen agentes de la policía vial.

Por supuesto el fin es plausible, pero su aplicación se antoja como agregar más letra muerta al cúmulo de legislaciones que existen pero no se cumplen.

Gloria, argumenta (cual si fuera novedad) que en la actualidad los policías amedrentan a la ciudadanía primero con remitirlos a otras autoridades, después con el costo de las multas y el tiempo perdido, lo que orilla a los conductores a entregar dinero a cambio de continuar el camino.

Son realidades que se vienen arrastrando desde hace muchos años, y que ni las cámaras de solapa en los agentes o las instaladas en las patrullas han logrado mermar. Se requiere mucho más para conseguir erradicar la corrupción en un área donde los mismos jefes imponen cuotas a sus subalternos.

El diputado fue más allá. Propone que cuando la o el oficial de Vialidad retire un vehículo y se compruebe que no se ha cometido ninguna falta, la Dirección de Vialidad deberá pagar a la o el conductor afectado, en un máximo de 72 horas, el costo del combustible del vehículo que fue movido a las oficinas de tránsito, tomando en consideración la distancia recorrida y el precio de la gasolina al momento del acto, y en su caso, las horas laborales que haya perdido u otras afectaciones derivadas por el acto de molestia injustificado a la o el conductor.

¿Lo cree usted? Si en Chihuahua conseguir la reparación del daño causado por un bache es difícil, lo de Vialidad se antoja imposible.