Opinion

- Quitarán por corrupción hospitales al PAN-Gobierno

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GPS / Columna
jueves, 11 abril 2019 | 06:00

-Testigos protegidos fuera del control corralista

-Quieren arreglar el transporte con reunioncitas

-Salieron buenos Maru y Jáuregui para planchar 


A la incertidumbre laboral existente en el sector salud se suma el anuncio reiterado de la centralización por parte de la Presidencia de la República.

No se sabe a bien de qué manera se habrá de concretar en dos años, cuando las entidades federativas tenían desde 1994 prácticamente ejecutando financiera, material y humanamente esta actividad. 

Un proceso verdaderamente largo que se esperaba se acentuaría con el paso del tiempo, para que los gobiernos estatales agarraran el toro por los cuernos.

El desconcierto por supuesto es entre los empleados de Servicios de Salud, un organismo descentralizado local financiado con recursos federales, que ha crecido monstruosamente en los últimos años.

La mayoría de los empleados carece de los beneficios naturales de una plaza de base y se conforman con categorías como regularizados o precarios, que es el tercer piso del estatus de los trabajadores.

Si los recursos van a ser manejados directamente por la federación, se echarán entonces abajo los convenios de coordinación con las entidades federativas, a través de los cuales bajan recursos como Ramo 33 o Seguro Popular.

Sin esos recursos, las entidades perderán cualquier posibilidad de incidir en el tema de la salud, y se reducirán a atender el tema hospitalario y segundo nivel de atención.

El primer nivel, que son los centros de salud, más algunos hospitales como el Regional, serían recuperados de manera total por la Secretaría de Salud Federal.

Siendo así, el Secretario de Salud en Chihuahua Jesús Enrique Grajeda, sería poco menos que un cero a la izquierda.

Serían algo así como la extinta dirección de Fomento Social de Fernando Baeza, atendiendo a unos cuantos cientos de empleados en este caso del Ichisal, único remanente de atención a la salud en el caso de nuestra entidad.

El gobierno del Estado se quedaría con el Hospital Central, el General de Juárez y el Infantil de Especialidades de Chihuahua, entre otras pocas unidades contadas con los dedos de las manos,

La guadaña ya está a la vuelta de la esquina. El argumento es la corrupción rampante.

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Hay gran escándalo en la Fiscalía por la filtración de la comparecencia de Jaime Herrera como mal llamado testigo protegido.

El Ministerio Público presiona al juez de la causa pretendiendo en el fondo censurar a los medios de comunicación por divulgar tal hecho.

La cuestión es que se trata de un tema de gran trascendencia la famosa Operación Chihuahua, que ha ocupado espacios muy relevantes por parte del gobernador, incluyendo el museo de la corrupción en la ciudad de México y una caravana de varias semanas por distintos estados de la República, como para que hoy se quiera esconder bajo la alfombra.

Es lógico que a lo largo del proceso aparezcan los nombres de los testigos protegidos.

La cuestión es que en otras latitudes donde existe jurídicamente ese término de testigos protegidos, estos son presentados públicamente en el banquillo y después reciben protección e incluso cambio de identidad.

Pero su comparecencia es pública. Aquí se pretende hacer al contrario, se otorgan criterios de oportunidad.

El tema por supuesto saldrá del país, será llevado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para exhibir cómo se violenta el principio de inocencia y protección a testigos, bajo la libre expresión de las ideas y el derecho a la información.

No cabe duda de que el gobierno corralista utiliza ambos conceptos a contentillo para lograr sus propósitos políticos mediante la fuerza de la coacción.

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La modernización del transporte no se logra con reunioncitas como la sostenida ayer en el elegante salón anexo a la oficina del Secretario General de Gobierno, a la cual llega Corral por los pasillos interiores de su despacho.

“Tal y como lo he comentado, estamos trabajando en el plan de mejora del transporte urbano y semiurbano colectivo en Juárez y la Cd. de Chihuahua. Ahora doy seguimiento al programa de verificación vehicular y empadronamiento…”. El tuit en nuestra edición digital.

En la mesa, funcionarios de transporte, encabezados por el gobernador y el secretario, César Jáuregui.

Afuera, ahí con sólo asomarse por la ventana, pasan los camiones sobre la Aldama y a una cuadra, por la Juárez.

No se requiere más que echar un vistazo a las condiciones de las unidades, sin placas, humeantes y sucias.

Corral juega al timing con el transporte como con muchos otros servicios y obras tan necesarias para los ciudadanos. Espera agotar el tiempo de su administración, para lo cual no falta mucho. El año que viene ya es el inicio del proceso electoral del 2021.

El tiempo se le va inmisericorde de las manos y ni cuenta se da, entre puros viajes y reuniones insustanciales de café.

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La elección en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que hoy será votada en el pleno del Congreso confronta no a los candidatos, sino sus padrinos, en este caso madrinas.

Blanca Gámez y Lucha Castro se verán las caras cuando se vote entre Karla Gutiérrez e Irma Villanueva. 

El caballo negro es Carlos Gutiérrez, una solución que se antoja difícil, porque la posición sería entregada a las doñas del poder, en la elección histórica de una mujer en el cargo, según nos dicen.

En la justa, ambas gozan de confianza, pero la segunda se ha excedido en posiciones. En el terreno práctico Karla es garantía por su conocimiento técnico del área; pero Irma trae el mecenazgo del poder tras el trono.

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La alcaldesa Maru Campos y su secretario César Jáuregui salieron buenos para planchar. Apenas se aventaron el tiro de la concesión del alumbrado público y ayer ya tenían planchado el crédito de 150 millones de pesos para patrullas y cámaras de la Policía Municipal.

Para este proyecto con el que se pretende consolidar la Plataforma Escudo Chihuahua, el gobierno municipal requiere de más de 100 patrullas de alto rendimiento y 600 nuevas cámaras, lo cual sólo puede adquirirse con el apalancamiento financiero suficiente.

El planteamiento de la autoridad municipal a los regidores fue, además de transparente, muy claro en las necesidades de equipamiento.

Pero además debió mostrar resultados de lo que ha logrado la Plataforma Escudo hasta la fecha y, sobre todo, convencer de la fuente de pago, el costo y el tiempo del nuevo crédito, que será liquidado en 12 meses, es decir dentro de esta administración, para no comprometer futuros ejercicios.

Ayer en la Comisión de Hacienda, que encabeza el panista Carlos Orozco, se aprobó la petición del nuevo crédito, gracias a estos argumentos.

Fuera de la comisión aún se esperan algunas resistencias en el cabildo, pero Maru y Jáuregui ya conocen el caminito, al menos al interior del ayuntamiento.

Sólo les va a faltar el paso por el Congreso del Estado, donde deberán mostrar sus habilidades para convencer.