Opinion

-A un paso de la cárcel por abusones

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GPS / Columna

sábado, 13 noviembre 2021 | 05:00

-Abren mujeres nueva fase histórica

-Área de prensa convertida en bodega

-Corralista quiere la Sección 42 

Los dos policías municipales que agredieron hace dos meses a un reportero de El Diario, Raymundo N. y Fernando Samuel T., fueron vinculados a proceso penal por el delito de abuso de autoridad.

Mientras la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene sin concluir el procedimiento interno contra los elementos, una decisión judicial le da un empujón a las autoridades administrativas para que hagan lo que les toca contra quienes afectan la imagen de la corporación.

El pasado 12 de septiembre, el reportero fue esposado, golpeado y encerrado en una celda con un presunto delincuente, cuando no había cometido siquiera una mínima infracción.

No había violado el cordón de seguridad y delante de testigos de los mismos medios de comunicación, fue detenido sin causa justificada. Los golpes y los excesos quedaron documentados por sus propios compañeros y el mismo parte médico oficial.

Así, no había de otra en este proceso que inició por denuncia del afectado ante el ministerio público de la Fiscalía General del Estado. El caudal de evidencias en video y testimoniales no dejaba margen para otra decisión fuera de la vinculación.

Por eso los agentes y sus defensores habían estado tratando de “arreglar” la situación directamente con el agredido. Previamente la justicia estatal les había prohibido acercarse a la víctima e hicieron caso omiso.

Influyó en la determinación judicial la serie de mentiras de los agentes y sus mandos. Primero inventaron que habían detenido al reportero por una queja de unas personas, luego que ya había sido liberado, cuando lo mantuvieron ilegalmente privado de su libertad por horas.

Es una dura lección la que les da la justicia a las corporaciones policiacas. Esa lección es lo que queda de este incidente que violentó los derechos de una persona, sus garantías, pero además vulneró la libertad de expresión y de información de la sociedad.

A partir de ayer se abrió otro periodo para el juicio y la sentencia que dicte la justicia estatal, la cual debe ser también ejemplar.

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Fue presentada la Policía Estatal de Caminos, inservible invento del corralato que data de febrero de 2020, como un cuerpo de élite para cuidar la integridad de los viajeros en las carreteras administradas por el estado, pero resultó ser todo un fiasco.

Inmersa en acusaciones de corrupción debido al moche que exigían sobre todo a los transportistas, de hasta cinco mil pesos por viaje, bajita la mano, la corporación nació muerta o al menos enlodada por la mala fama que dejó Óscar Alberto Aparicio a su paso por la Comisión Estatal de Seguridad.

Hoy, el futuro de la Estatal de Caminos está más que claro. El grupo que depende de la Secretaría de Seguridad Pública dejará de existir, pues en casi dos años de existencia no tiene una sola actividad destacable para bien.

No hay registro de alguna detención o aseguramiento importante. Sí lo hay, en cambio, de denuncias porque los agentes se dedicaron a llenarse los bolsillos a costa de los transportistas y de los viajeros, de quienes se aprovechaban un día sí y al otro también.

La creación de este cuerpo policial se dio bajo las órdenes del impresentable Aparicio Avendaño. Con la llegada de Emilio García como secretario de Seguridad se mantuvo y fue durante su gestión cuando se acumularon la mayor cantidad de acusaciones de corrupción en contra de los agentes de caminos.

Tiene Gilberto Loya un reto monumental que consiste en mejorar la imagen de la Policía Estatal y sin duda la desaparición de este grupo es un paso importante.

Pero ya se habla que esa decisión de suprimir grupos de delincuentes con charola se tendrá que extender a otras divisiones, como lo es la Policía Vial, que podría perder cuando menos a sus motociclistas, que son los más señalados por los automovilistas de pedir la famosa mordida.

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Por primera vez en la vida institucional de Chihuahua, al frente de cada uno de los tres poderes del estado se encuentra una mujer.

Maru Campos es la titular del Ejecutivo, Georgina Bujanda del Legislativo y la recién electa ayer por unanimidad, Myriam Hernández, es la nueva cabeza del Poder Judicial.

Cada una de ellas ha llegado a este sitio por méritos propios, nadie absolutamente nadie, les regaló nada, al contrario, a todas les han tratado de escamotear sus logros.

Son mujeres que han demostrado plena capacidad para llevar a buen puerto la nave que les ha tocado pilotear. Experiencia de sobra.

Está en sus manos el futuro inmediato de Chihuahua, “poner en orden la casa” es la frase que ha dicho una y otra vez la gobernadora Maru Campos y esto se tiene que replicar en todos los ámbitos de la administración pública.

Miryam llega a la presidencia del Poder Judicial en medio de una sacudida que cimbró los cimientos de la institución y que derivó en la salida de Pablo Héctor González.

Se ha ofrecido a recomponer la imagen del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero lo más importante es que la justicia prevalezca por el bien de Chihuahua.

También han abierto brecha y lo han hecho bien otras mujeres. Ahí está Claudia Arlette Espino, “Cata”, quien hace unas semanas dejó su puesto como consejera presidente del Instituto Estatal Electoral con buenos resultados y su lugar es ocupado ahora por Yanko Durán, quien deberá estar a la altura.

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“Buena” bienvenida les dio el Congreso del Estado a los reporteros que cubren la fuente del Poder Legislativo al tenerles la sala de prensa como una bodega de cachivaches y permitirles el acceso al recinto sólo los días que se celebran sesiones del pleno del Congreso.

Desde marzo del 2020 que se cerró el edificio legislativo por la contingencia del Covid 19, los representantes de los medios de comunicación no podían ingresar por ningún motivo.

Aunque hubo periodos de apertura, la torre nunca se abrió con ese pretexto de la pandemia, que en realidad era la preferencia de los diputados de la anterior legislatura por no trabajar o hacerlo en lo oscurito, sin la incómoda mirada de visitantes y menos de reporteros.

Ahora que está vigente el semáforo verde, se vieron congraciados los reporteros con el permiso de ingresar sólo los días que hay sesión, 15 minutos antes de que comience y debidamente identificados con un gafete que se les proporciona por el personal que resguarda la puerta.

Con esto, el Congreso se convierte en la única dependencia que no ha abierto sus puertas a los reporteros como ha acontecido en el Palacio de Gobierno o en el municipio, por lo que las suspicacias entre los que cubren la fuente están a la orden del día. 

En nuestra edición digital, se exhiben las fotos de cómo la sala de prensa de Congreso tiene arrumbado en su interior diverso mobiliario y papelería oficial.

A estas alturas de la pandemia, parece que el usar la sala de prensa como bodega para muebles, papelería y en una de esas hasta alguna de las iniciativas de la congeladora legislativa, es una estrategia para mantener alejados a los reporteros y periodistas.

O, de plano, es una realidad de que el edificio es obsoleto para albergar la importante labor legislativa y a los diputados les avergüenza que lleguen visitantes.

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Fernando Pacheco, ex  secretario de finanzas  de la Sección 42 con René Frías,  ha iniciado una serie de ataques mediante redes sociales contra Ever Avitia, líder en el estado de dicha sección, ya que quiere ser su sucesor. Esto recordó al magisterio los antecedentes de este personaje que se vendió a Javier Corral. 

Fernando Pacheco, durante su paso por el servicio público,  transformó su casa, construyó una enorme boutique- granja,   su hijo fue director de la obra en la construcción del deportivo del SNTE durante la gestión de Frías Bencomo, en donde se sobre elevaron los costos a cifras estratosféricas. 

Fue miembro del actual  comité seccional, pero como no le dieron la Secretaría General solicitó a Ever Avitia su salida y aceptó un puesto que le dio el ex gobernador Javier Corral, dejando solo al comité como director académico de la Universidad Tecnológica Sur y entregándose totalmente a los intereses del ex mandatario. Ahora pretende regresar como un verdadero redentor del SNTE.

El magisterio tampoco puede  olvidar que en tiempos de Francisco Barrio también fue funcionario de educación persiguiendo maestros y atacando a la 42.