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jueves, 07 marzo 2019 | 01:48

-En informe no fue incluida Secretaría de Salud

-Montones de dudas en tema refugios de mujeres

-Más polarización de la vida pública y privada

El recuento puntual de los agentes de policía asesinados en la administración del nuevo amanecer llegaba a los 66 en enero, como le dimos cuenta en nuestras páginas.

A la fecha, esa cifra ya aumentó por lo menos en un diez por ciento, con un dato delicado. La muerte de mandos operativos de primer nivel.

El homicidio de Efrén Peñaflores y Adrián Matsumoto no pueden ser mirados con desdén desde la administración estatal, por pertenecer al ámbito municipal. El 16 de enero fue asesinado en esta ciudad el oficial municipal, Carlos Rivero Chacón, quien si bien no formaba parte directiva de la corporación sí era del grupo de inteligencia en materias como narco menudeo y robos a casas.

Fueron personajes de gran estima y reconocimiento a su labor. Pero además el mensaje de impunidad que se envía con el homicidio es de aterrorizar a la comunidad.

Urge un cambio de estrategia y de personajes, de cara a la guardia nacional que está en vísperas de ser autorizada constitucionalmente.

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Han sido incómodos para el secretario Jesús Enrique Grajeda los últimos acontecimientos. Primero el olvido del gobernador del apartado correspondiente a salud en el informe. Terrible gazapo en el pundonor del médico.

Luego los apuros por atender -bueno aplazar- las intenciones de protesta del personal de salud, en vísperas del informe en la capital y los regionales, ni qué decir del severo problema de abasto de medicamentos e insumos.

Ha sido un penar el trabajo del médico, que se resistió siempre a aceptar la secretaría y que terminó cediendo, probablemente con la genuina intención de colaborar, en un maremágnum complejo que lo está desbordando.

Es mucho su sufrir porque realmente no tiene equipo. Llegó prácticamente solo al despacho, cobijado por la invitación del gobernador, pero hasta ahí.

Batalla para atender gente y resolver los múltiples problemas que todos los días enfrenta su responsabilidad.

Menos aún se ha solidarizado con los médicos despedidos, que por decenas tienen demandas en contra del gobierno del estado y que permanecen cómodamente silenciadas en algún cajón tanto de conciliación como de la junta arbitral.

Los médicos se quejan de esa ausencia de empatía con su causa, más aún cuando precisamente Grajeda es un jubilado que quincenalmente cobra como si estuviera en activo, beneficiario del viejo sistema de pensiones y de Ichisal.

El dinero que nos dicen recibe de ambos sistemas, más el jugoso sueldo como titular de la Secretaría le granjean casi el mismo sueldo del gobernador, que anda por los 170 mil mensuales.

De perdida, guardadas las proporciones, en el caso de Olga Sánchez Cordero, que también está retirada con sueldo de ministro de la Corte, con una pensión mensual de casi 300 mil pesos, prometió que donaría su sueldo actual de Secretaria de Gobernación.

No sabemos si ha cumplido, pero eso dijo. Aquí en Chihuahua, en el caso particular de Grajeda no hemos escuchado ni escucharemos seguramente la misma promesa. Primero sus dientes que sus parientes.

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Son seis de cada diez mujeres las que han sufrido cualquier tipo de violencia en nuestro país. A nivel nacional son doscientas mil, más menos, las que han enfrentado violencia extrema.

Es un asunto verdaderamente preocupante, del cual en Chihuahua históricamente se han atendido a unas quince mil mujeres, en ocho centros.

Por eso, el asunto no aguantó más, y el presidente tuvo que dar marcha atrás y hacer una excepción: habrá dinero para los refugios, pero estarán con mayor vigilancia.

La conferencia de prensa en la que ocurrió el anuncio fue un verdadero trabalenguas: una hora y media hablando del asunto, y al final, a voz en cuello, Andrés Manuel tuvo que repetir que los refugios se quedan.

Pero aún así quedan muchas dudas. Ni la Secretaria de Gobernación ni la titular del Instituto Nacional de la Mujer pudieron dejar claras las condiciones en las cuales habrán de funcionar.

Incluso hablaron de que serán operados por los estados y municipios, pero no se dijo cómo.

Da la impresión de que terminaron enredadas en su propia pita.

Tan delicado es el asunto, que incluso tiene repercusiones internacionales con diversas convenciones de las cuales México es parte, entre ellas Belem Do Para, una de las principales y que habla expresamente de refugios por parte del sector público y privado.

Exasperado, en la conferencia, el presidente debió repetir y repetir. Casi caminando hacia su despacho, cansado, espetó ¿ya quedó claro… o todavía no?

Minutos más tarde, los medios dimos cuenta que el programa continuará sin cambios. Habrá recursos para los refugios, pero con mayor vigilancia.

Fue el mismo presidente quien abrió la puerta hacia lo que no quiere, destinar recursos a la multi criticada por él sociedad civil conservadora.

Las estancias infantiles están ahí a la vuelta de la esquina esperando que se resuelva su dilema, que en términos reales es el mismo.

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Desde la comodidad de su curul senatorial, Gustavo Madero se tomó el tiempo libre para hacer una encuesta en relación con los abucheos a los gobernadores.

La encuesta, organizada en su propio Twitter, llevaba poco más de 400 votos, al momento que nos mandaron la imagen que publicamos en la edición digital, pero tenía muchos mensajes.

Igual que ocurrió con la página de Corral con el informe, el ejercicio de Madero encendió la red, entre panistas y morenistas.

Para ser benditas, las redes sociales ayer destilaron estridencia y encono, mucho lenguaje de odio. Y diversas ideas, entre ellas una que llamó la atención.

“Ya los vamos a abuchear en todos lados, eventos, estadios y restaurantes para que no estén culpando a @lopezobrador”.

No van a poder los gobernadores disfrutar de su vida ostentosa, cortes y vinos, sin que deban sufrir alguna trompetilla molesta.

Como vemos, el tema se va a agudizar, en una estrategia que no es nueva, pero que lleva el enfrentamiento de lo virtual a lo real, y a una polarización de la vida pública y privada.