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Opinion

-Alcanza a jueza otro escándalo de 5 millones

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GPS Columna

viernes, 09 febrero 2024 | 05:00

-Gracias a MPs soltaron a presunto violador

-Viene un pesado de CFE a revisar huachicoleo 

-El color moreno de los amparos en UACH

El domingo pasado, agentes de la Unidad de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía Zona Centro se quedaron con las ganas de detener a un supuesto constructor en Fashion Mall, sobre el que pesa una acusación fuerte por desfalco.

Se quedaron con las ganas nada más porque el sospechoso, identificado como Jorge G.H, andaba con un amparo protector a la mano para evitar cualquier molestia, pues es de sobra conocido que tiene asesoría de lujo desde el Poder Judicial, ya que es considerado socio de la jueza Alejandra Ramos Durán.

Como eso de los negocios con el extrita de dinero que cobran es de lo más común en el Tribunal Superior de Justicia (no hay que olvidar que otro caso de una prestamista defraudadora sigue sin ser resuelto), en el nuevo escándalo creciente hay varios empleados de buen nivel que se vieron estafados con otra inversión fallida.

Resulta que el del amparo bajo el brazo fue recomendado por la jueza Ramos para que otras funcionarias judiciales le metieran dinero a un proyecto de construcción de una clínica y laboratorios médicos. Sobra decir que nunca avanzó.

La estafa en esa especie de crowdfunding de mentiras está valuada en unos cinco millones de pesos, sólo en lo que involucra a empleados del Poder Judicial. De ahí la investigación por el delito de fraude contra el sujeto que ya había tenido varias ayudaditas de Ramos Durán.

Dentro del Tribunal hablan de una sociedad entre el acusado y la juzgadora, que llevó a esta última, no de mala fe, por supuesto, a recomendar la inversión en el proyecto inmobiliario que prometía altos rendimientos a los inversionistas.

Al final el proyecto abortó, pero no hubo devolución del dinero y menos de los intereses que pudieron haber generado esos recursos, que bien invertidos pudieron dar aunque sea modestos rendimientos.

El caso viene a sumarse, pues, a ese juego peligroso de los millones que invierten los empleados judiciales, que tal vez tengan tan buenos sueldos que les permiten darse semejantes lujos. 

Ahora, la nueva posible estafa involucra a una jueza recomendadora. La misma, por cierto, que quiere ser magistrada y logró un amparo para frenar la selección de titular de una de las salas vacantes.

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Entre los padres de familia del Centro de Desarrollo Integral Sur del DIF Municipal, no cayó en gracia la liberación del conserje Rafael A.Q, detenido a principios del mes por el delito de abuso sexual con penalidad agravada.

De nada sirvió una rápida respuesta de la autoridad municipal ni la intervención oportuna de otras instancias de seguridad, ante el reclamo de los padres de niños afectados, que protestaron a finales de enero porque, a pesar de una denuncia formal, no habían actuado contra el presunto responsable.

El acusado fue detenido el pasado primero de febrero en la avenida Nueva España y bulevar José Fuentes Mares, al sur de la ciudad, mediante la correspondiente orden de aprehensión. Horas después el MP logró el control de detención a su favor, aunque muy forzado, según lo que nos reportan las fuentes judiciales.

El problema en la causa penal 361/2024 en la que aparece como imputado el conserje, fue que, en el siguiente momento procesal, la jueza María del Rosario Verjes determinó no vincularlo a proceso por deficiencias graves del ministerio público, coordinado por Gabriel Emmanuel Alderete y Victoria Carolina Bafidis Heredia.

A criterio de la juez hicieron falta más elementos investigación, falló la integración de la carpeta en un grado tan extremo que hasta parecía hecha para liberar al detenido, además de que no fue seguido el protocolo para la declaración de las menores víctimas. 

En suma, los agentes del MP echaron por la borda el trabajo de muchos que intervinieron en la atención oportuna del problema; también mandaron a la basura la posibilidad de hacer justicia en un asunto tan delicado como una agresión sexual contra niños. Terrible, lamentable.

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El jueves 15 de febrero vendrá a Chihuahua Martín Mendoza, director de Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de los más pesados de la dependencia que encabeza Manuel Bartlett Díaz.

De origen chihuahuense, Mendoza tiene la encomienda de darle seguimiento al acuerdo con los productores que concertó el morenista Víctor Quintana, para revisar el tema de la casi impagable deuda que tiene el campo de la entidad con la paraestatal.

La reunión a la que acude el funcionario de CFE será decisiva para abordar la problemática de los productores que están en mora con más de siete mil millones de pesos, pero además para revisar otras broncas que competen también a otras dependencias, como el enorme huachicoleo eléctrico que le cuesta mil 700 millones de pesos al año.

Por eso, nos reportan, también han confirmado la presencia funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), involucradas directamente en los reclamos de los campesinos de la entidad.

Hasta la fecha, se han agrupado productores de unas 10 poblaciones de varios municipios, que denuncian fallas en el suministro eléctrico de pozos agrícolas; proliferación de pozos clandestinos o ilícitos; sobreexplotación de acuíferos y exagerado crecimiento de la deuda que enfrentan con CFE, la cual se compone de cuatro mil 776 millones de pesos del registro histórico y dos mil 322 millones de pesos de deuda corriente, la del último año.

El problema, pues, es de dimensiones enormes y hace falta mucho dinero y más voluntad para encontrarle soluciones. 

Tiene, además, un aspecto político especial, pues Quintana, como promotor principal de los acuerdos que han aglutinado a asociaciones de todo el estado, actúa en su carácter de enlace de la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum, con el campo chihuahuense.

Esa condición es la que le ha abierto las puertas de todas las dependencias federales. De ahí el interés federal de atender la problemática del sector primario estatal, que el morenismo necesita de aliado.

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Deslizamos que eran morenos los que estaban detrás de las acciones de promoción de amparos en contra del pago de inscripción y colegiaturas en las universidades públicas, tanto en la Autónoma de Chihuahua, como la de Ciudad Juárez.

Y no nos equivocamos, al menos desde la información puntual que nos hicieron llegar, y que apunta a la confirmación de esa apreciación sustentada en que no es la primera vez que grupos guindas de estudiantes intervienen para llevar agua a su molino.

Tenemos la imagen de cuatro estudiantes casi abrazados con Gerardo Fernández Noroña, el actual vocero de la campaña presidencial morenista, sosteniendo uno de ellos una pequeña manta con las iniciales del partido guinda.

Están en la foto en orden de aparición Daniel Limones, David Luna, Gerardo Fernández Noroña, Eddy García y Raúl Palma.

Daniel, David, Eddy y Raúl son estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, según sabemos y recalcitrantes seguidores de la cuarta transformación.

De ellos, Daniel, Eddy y Raúl fueron vistos durante las manifestaciones ocurridas el pasado miércoles en la UACH frente a rectoría y nos dicen son de los principales promotores de los amparos.

Muchos de los estudiantes fueron engañados, creían que se trataba de una beca, y no que tendrían problemas, porque su inscripción está en el limbo, de manera particular quienes no lograron una suspensión.

Quien sabe por qué David Luna no estuvo en la manifestación, pero es uno de los más fieles seguidores de la doctrina morenista; en el caso de Eddy, inclusive lo vieron con la misma sudadera el día de la acción de protesta.

Esta la Universidad entre la espada y la pared, porque los amparos buscando la gratuidad de la educación, tendría un costo para la UACH de 500 millones de pesos aproximadamente al año, dinero que el gobierno morenista federal solo prometió pero no ha entregado.

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Los programas de becas académicas del gobierno municipal han crecido en aceptación y popularidad, al grado que cada año aumenta el número de solicitantes que buscan obtener este beneficio. 

Ayudan a aligerar la carga económica a los padres de familia con los gastos escolares de cada inicio de ciclo escolar.

El alcalde Marco Bonilla, acertó en mantener este programa y aumentar su presupuesto para llegar a más alumnos. A unas cuantas horas de cerrar la convocatoria, se habían recibido al medio día de ayer cinco mil 757 solicitudes de interesados en obtener una “Beca de Excelencia Académica”, donde participan solo los alumnos de 9.5 a 10.

Desde la creación del programa en la administración de Maru Campos, han existido muchos casos de éxito, que incluso el mismo Bonilla ha dado seguimiento porque en seis años como director de Desarrollo Humano y Educación, vio graduarse a cientos de beneficiados que lograron concluir sus estudios universitarios gracias al apoyo; ahora como edil van otros tantos.

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