Opinion

-AMLO capotea, Corral se va de bruces

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GPS / Columna

jueves, 26 marzo 2020 | 05:00

-No respeta gabinete la sana distancia

-De acusador pasará a ser acusado

-Contingencia opaca certificación policiaca

Es de estupor la manera en que el gobernador del Estado expide un decreto por encima de las facultades que le corresponden en materia de salubridad general. Los aspectos competenciales y atribuciones, por los suelos.

La Secretaría de Salud por instrucciones del Consejo de Salubridad General, ya publicó desde el martes las medidas que son obligatorias a nivel nacional.

Se denomina “acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

No pueden entonces los gobernadores por muy caprichosos que sean, adoptar nuevas medidas, porque resulta que la facultad en el caso específico es de la federación y no de las entidades federativas.

Carecen de la posibilidad de modificar las acciones incluso de interpretarlas, porque eso es en exclusiva atribución directa de la Secretaría de Salud federal y no del gobernador de un estado, por más que actúe con un supuesto cobijo legaloide.

Por tanto, deberán acatarse las medidas que se resumen en el distanciamiento social y el cierre de negocios y oficinas públicas, con pago de salarios a los trabajadores, conforme lo establece la ley laboral.

Corral ordenó suspender todos los eventos, incluso los religiosos, a los cuales dedica un capítulo completo. Pero la federación los autoriza siempre y cuando sean de un aforo menor a 100 personas. Con mano izquierda, López Obrador capotea el vendaval, Corral se va de bruces.

Aún más. Permite funcionar por ejemplo las empresas maquiladoras, donde conviven miles de trabajadores y ordena el cierre de otros negocios donde conviven decenas. Es un absurdo el decreto ilegal, que sólo por elemental lógica debe quedar sin efecto. Qué lástima, teniendo a la vista el ordenamiento federal.

Pero además, tuvo el gobernador una oportunidad de oro, que como siempre desaprovecha al sentirse Consejo de Salubridad General. No se ordena en el decreto ordenado por la federación la adopción de medidas fiscales de ninguna naturaleza en apoyo a las empresas.

Esa probablemente, podría ser una contribución del gobierno corralista ante la omisión federal de aventar la pelota, sin un solo incentivo fiscal.

Muy bien podría el gobierno del estado, en el ámbito de sus atribuciones, ser corresponsable con las empresas, pequeñas o grandes.

Pero en lugar de ello prefirió la adopción de medidas draconianas, que estrangulan la actividad del sector privado y amenazan con cárcel. Se tiró al piso, excediéndose en sus atribuciones.

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Si no fuera porque se trata de la salud, y probablemente, la vida, el asunto sería de risa, pero en el fondo es de auténtico llanto.

La imagen nos muestra al gabinete estatal en pleno en una reunión de coordinación con motivo del Coronavirus.

No existe ahí la sana distancia que tanto se ha pregonado. Los funcionarios incluso se levantan y chacotean entre ellos.

Pero no es el único ejemplo de cómo se desprecian las medidas que ellos mismos propugnan en el referido decreto estatal de medidas por la contingencia sanitaria.

También se reunió el gobernador con el personal de seguridad y mandos militares y ocurrió exactamente lo mismo.

No se guardó la bendita sana distancia, que sólo es para los mortales pero no para ellos, que se presentan muy gustosos a tomar café, que es para lo único que sirven esas reunioncitas, porque la inseguridad nada más no cede.

Luis Fernando Mesta, el Secretario General, hasta arrima la silla para estar más juntito del gobernador. Carambas!!

Sabemos que hay cariño, pero dónde queda el mensaje para la población, en momentos en que aún existe resistencia natural para adoptar las medidas.

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Es muy sencilla la respuesta que el Congreso del Estado deberá dar al juez octavo de distrito, para justificar la decisión de retirar el fuero al magistrado Jorge Ramírez.

Simplemente decir que desconocían que las pruebas eran ilegales y que actuaron conforme a las facultades soberanas del pleno.

Pero es muy complicado que el juez se trague el anzuelo. Desde hace decenas de años, se han discutido esas facultades soberanas y siempre han tenido como respuesta que hay limitaciones, particularmente la obligación de fundar y motivar sus decisiones, lo cual estuvo muy lejos de ocurrir.

Los legisladores votaron por el desafuero pese a que el dictamen proponía todo lo contrario, evidenciando las graves fallas existentes.

Luego entonces, van a tener que ser mucho más creativos para justificar una decisión que fue adoptada en la más completa arbitrariedad.

La novela por supuesto tiene este y muchos más capítulos que serán abiertos en los próximos días, uno de ellos, el de un juicio político en sede del Congreso de la Unión. Ahí Corral pasará de ser acusador a acusado, por la flagrante violación al fuero regresado por una suspensión en amparo.

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Es una queja del año pasado ante la CEDH, con resolución definitiva en enero del 2020. Es un hecho lamentable, que infortunadamente quedó en nada.

Una empleada fue contratada en el Congreso del Estado desde 2018 y durante un año se le exigió la mitad de su sueldo para pagarle a una persona que no era empleada, pero que realizaba funciones en favor de un diputado. Fueron más de 100 mil pesos que la moderna juanita pagó.

El asunto quedó sepultado sin sanción alguna. La empleada fue despedida pese a que tenía cáncer y luego obligada a retirar la queja. Los mensajes de whatsapp y la cuenta bancaria a donde se iba la mitad de su sueldo y prestaciones, pruebas aportadas, sólo sirvieron para entretenimiento, porque no hubo ni siquiera una recomendación de que se abriera una investigación ni nada por el estilo. El más franco abuso. El documento resolutorio está en nuestras manos.

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Tras meses de trámites y comprobación de procesos, el director de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, logró el reconocimiento de CALEA (Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley) para la corporación.

Pasó desapercibido el hecho por la contingencia sanitaria, pero tiene su mérito debido a que fija estándares más altos que la Policía Municipal debe cumplir año con año.

La certificación que da la agencia internacional se logró en Chihuahua por primera vez en el año 2004 y debe renovarse cada cuatro años. De esta forma es la sexta vez que la logra la Policía Municipal.

Comenzó bajo una administración priista y continuó con las siguientes, que han sido del PAN y el PRI de forma alternada, por lo que en 16 años su institucionalidad ha sido probada.

Aunque en todo ese tiempo ha faltado ver a cabalidad el reflejo de CALEA en la certificación que le debe dar la sociedad en general a la Policía Municipal, el logro no puede pasarse por alto.

El reconocimiento obliga a elevar o mantener los estándares administrativos y operativos, por lo que durante lo que queda de la gestión de Maru Campos y las siguientes sus mandos quedarán obligados a mejorar todos sus procedimientos.

Claro que la certificación debe refrendarse en la calle, en el éxito de sus programas preventivos y sus resultados. Es el gran salto que le falta a la DSPM.