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GPS / Columna
sábado, 17 agosto 2019 | 05:00-Pega mal de amores a mando de CES
-Lanzan desde Delicias SOS al IMSS
-Ni bono ni festejo para los de URGE
En lugar de atender adecuadamente la persecución de los delitos, hay agentes del Ministerio Público que no han comprendido a cabalidad la importancia de proteger la libertad de expresión y no azuzarla con solicitudes violatorias a los principios internacionales e incluso, de la misma Constitución Política del Estado.
El año pasado se hicieron solicitudes de comparecencia de periodistas de esta casa editora en expedientes añejos, en un manejo que mínimamente debe ser catalogado como infortunado. Ahora casualmente se trata de agentes bajo el mando del nuevo titular de asuntos internos de la Fiscalía General del Estado, Rafael Martínez Ruiz, protector del jefe de la policía estatal, Oscar Aparicio Avendaño.
En oficio firmado por la agente del MP, Georgina Benavente Mena, “de la Dirección de Inspección Interna, pide al “director de redacción” de “Publicaciones del Chuvíscar” (sic), “me informe el nombre del escritor de nota periodística de fecha del 4 de mayo de 2019, cuyo encabezado es DESAPARECIERON POLICIAS A TRES HOMBRES: FGE”.
Es francamente un exceso y también una mera burrada. Primero, debe existir un respeto a la libertad de expresión y comunicación. El periodista narra un acontecimiento, no es protagonista del mismo ni testigo directo. Incluso, la omisión de su firma es en ciertos casos indispensable para proteger su propia integridad.
Segundo, el periodista está protegido en relación a sus fuentes de información, por una serie de instrumentos internacionales; entre ellos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es muy clara en ese sentido. Más aún por la misma Constitución local, artículo cuarto, que no deja duda al respecto.
Dice: “Los medios de comunicación, así como los periodistas, no podrán ser obligados por autoridad alguna, dentro o fuera de juicio, revelar sus fuentes de información, motivo de una publicación”. Artículo que no es nuevo. Data del 2006 y tiene como antecedente una circular de la entonces procuradora Patricia González, instruyendo a los ministerios públicos para que no molesten la actividad periodística.
Esta casa editora acaba de recibir ese nuevo requerimiento, con una larga fundamentación de las facultades del ministerio público para investigar delitos, y en busca de saber quién escribió una información que tiene como fuente ¡¡¡una audiencia pública!!!.
Es decir, la señorita agente del MP o su jefe Martínez, o el jefe de este el Fiscal, César Peniche, ni siquiera leyeron bien la nota.
Es intrascendente entonces saber quién la escribió salvo que la finalidad sea intimidar. Quien tiene toda la información sobre ese caso que involucra la desaparición de tres jóvenes es el jefe, amigo y seguramente cómplice de los mandos estatales detenidos y sentenciados, Oscar Aparicio. A él deben citar pero ya.
Si lo que se trata es de atacar al ejercicio periodístico es otra cosa, igual de grave pero tampoco sorprendería en un régimen estatal sin ningún aprecio por la protección del gremio ni su función.
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En las puertas del Complejo Estatal de Seguridad Pública, ubicado sobre la carretera a Ciudad Aldama, las cosas están que arden. Los custodios que resguardan las casetas de ingreso amagan con dejar pasar a cualquiera como Pedro por su casa, hartos de los abusos que comete el inspector al mando, Gerardo Martínez Ventura.
Dicen que al jefe policiaco le dio el mal de amores y protege a diestra y siniestra a una suboficial de apellido Becerra la cual cobra pero ni siquiera se presenta a realizar su servicio de vigilancia correspondiente.
A simple vista el caso podría parecer sólo un chisme de lavadero, pero resulta que una de las funciones de la oficial es el resguardo del cuarto de armas y en ocasiones este espacio – donde ya una vez en el 2010 un comando ingresó y robo armamento – permanece desprotegido.
Además los inconformes acusan al inspector de brindar protección también a su hermano, mismo que labora en el área de vigilancia de casetas.
Debido a la protección que a ambos les brinda, y para cubrir las ausencias, el Inspector realiza cambios de turnos y extensiones de horarios de trabajo a sus subalternos, dejando con frecuencia sobre los hombros de un solo elemento el horario nocturno, lo que disminuye el nivel de seguridad en los accesos al complejo.
A quienes se inconforman los amaga con castigarlos o en el mínimo de los casos cambiarlos de funciones y suspenderles periodos vacacionales.
Del hartazgo ya está informado el director de la División de Fuerzas Estatales, Ginés Jaime Ruíz García, pero hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto.
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Desde Delicias, personal de la Hospital Regional del IMSS lanza un S.O.S y pide al coordinador regional Miguel Norberto Ramírez echar un vistazo al área administrativa a cargo de Luis Carlos Talamantes Alvídrez, a quien por cierto la Auditoría Superior le revirtió su pensión por encontrar irregularidades durante la revisión de las cuentas de Pensiones Civiles del Estado, en junio del 2018.
El punto ahora, según denuncian, es que desde la administración del hospital se están adjudicando obras a empresas que no cumplen con la infraestructura que la entidad federal requiere, ayudándolos a ganar los contratos por medio de licitaciones que están alteradas para que puedan salir favorecidos
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En junio y julio vieron pasar los festejos de los paramédicos de la Cruz Roja, Pensiones Civiles del Estado y hasta del ISSSTE, pero para ellos nada.
Se trata de los técnicos en atención médica prehospitalaria, como se llaman formalmente, de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado, considerados de segunda por la titular del área, la doctora Tania Rodríguez.
La jefa les ha negado desde un bono por el Día del Socorrista hasta una simple comida, por eso han visto pasar días de campo de sus similares de otras corporaciones, igual que reuniones, convivios, fiestas y regalos.
Impensable alguna ceremonia de entrega de reconocimientos, en agradecimiento a su labor de camilleros 24/7, a los que se les carga la mano todos los días. Prácticamente viven en la calle a bordo de sus ambulancias.
La doctora Rodríguez lo hace por quedar bien con sus jefes y administradores de la Secretaría de Salud. Ya les ha dejado en claro que de aumentos de sueldo ni hablar, dada la tan de moda austeridad de los gobiernos en turno.
Pero desde hace semanas le plantearon la posibilidad de un festejo por su día y la única alternativa que les dio fue la de que lo hicieran por su cuenta.
Luego les prometió que lo gestionaría. Ya pasó la primera mitad de agosto y todavía no tienen respuesta, a dos meses de que se “festejó” la fecha conmemorativa.
Son alrededor de 80 paramédicos los que laboran para URGE en la entidad, que ahora pueden verse con las caras largas en cada accidente al que llegan para auxiliar o en cada servicio que prestan.
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