Opinion

-Arropa a Benavides cobija de la impunidad

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GPS / Columna
sábado, 25 mayo 2019 | 05:00

-Pagan encuesta por lo que todo mundo sabe

-Apenas empieza la crisis en la 4T

-La falta de respeto a la cultura apache


La mano de la justicia selectiva del gobierno de Javier Corral, arropa y palmea hoy la espalda de un personaje del viejo panismo que aún ejerce el control del partido y del propio gobierno: Javier Benavides González.

A él se le protege por encima del derecho que tienen miles de chihuahuenses de tener garantizado el consumo del agua y – aún más – del riesgo de desabasto latente que pende sobre la capital.

Pero nada de eso parece importarle al Estado. La denuncia por robo de agua en su contra presentada por ejidatarios del Sacramento duerme desde hace más de un año el suelo de los justos, arrullada por la impunidad.

Pero esa salvaguarda no es producto de la casualidad. Sobre la figura de Benavides está también la sombra protectora de Francisco Barrio, padrino y asesor de Javier Corral Jurado, y eso lo hace aún más intocable.

En el gobierno de Barrio, entre los años de 1992 y 1998, Benavides fue jefe de la hoy desparecida Policía Judicial del Estado (PJE) y a su término el exgobernador le otorgó la bendición colocándolo como comisionado de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la administración municipal de Juárez, con el también panista Gustavo Elizondo, actual secretario de Obras Públicas.

Esas fueron quizás las etapas más oscuras de Benavides. Como jefe policiaco numerosos casos de desapariciones, torturas, secuestros y homicidios se quedaron pendientes de resolución y castigo.

Además fue acusado de mantener nexos con el narcotráfico en un artículo publicado en la edición de “Semanario” del 28 de febrero del 2000 titulado “Historia de policías y narcos”, con cuyo autor Antonio Pinedo Cornejo volvería a enfrentarse al inicio del mandato de Corral.

Aquella acusación  -al igual que la actual– no le tocó un solo pelo.  Sobre los hombros de su protector, alcanzó también un espacio en el Instituto Nacional de Combate a las Drogas, dirigido entonces por el panista Francisco Molina, exprocurador de Barrio.

Esa estrecha relación, que raya en el compadrazgo, lo trajo de nueva cuenta al escenario político en octubre del 2016, cuando sin importar antecedentes ni fama, Javier Corral lo nombró director de la Policía Estatal Única – tras un nuevo enfrentamiento con Cornejo- director de Centro Estatal de Prevención del Delito.

Hoy fuera de la palestra, Benavides ejerce autoridad como si adentro estuviera. Dicta órdenes al fiscal Peniche, tiene línea directa con el gobernador, y ata las manos a cualquiera que intente echar al menos un ojo a la denuncia que tiene por despojo de la concesión del pozo ubicado en la comunidad de La Mesita, a través del cual se enriquece vendiendo agua robada a una empresa refresquera.

Nadie se atreve, no sólo por el miedo al costo político sino también por las ligas que pudieran existir con el bajo mundo de la policía.

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Ahora sí se la llevaron los diputados del Congreso del Estado al pagar casi 382 mil pesos por una encuesta que les permitiera saber el nivel de popularidad que tienen frente a sus electores. 

Gastaron miles de billetes en una respuesta que por todos es conocida: la imagen de los legisladores anda por la calle de la amargura.

Pero – y siempre hay un pero – lo señalable en este caso es que el encuestador fue nada menos y nada más que el famoso Heriberto Flores Gutiérrez, destituido como director de la Universidad Tecnológica de Chihuahua en octubre del 2018, tras las acusaciones de acoso, hostigamiento y violencia que interpusieron trabajadoras de la institución en su contra.

Aún más, sobre Heriberto pesan observaciones de la Auditoría Superior del Estado, que durante el análisis de la cuenta pública del 2017 detectó que durante nueve meses recibió un sobre sueldo de 230 mil 822 pesos.

A pesar de todo ello, el Poder Legislativo premió al controvertido exdirector, quien firmó un contrato – bajo el número CPS-AS024-2019- para elaborar el estudio “Medición de la labor de los Diputados en cada Distrito Electoral”.

El documento se signó el 11 de marzo y en menos de dos meses Heriberto cobró sus casi 400 mil pesos.

También entregó el estudio… una presentación en Powerpoint sin chiste y en la que todos salen reprobados.

¿Realmente importaba la encuesta, o fue una compensación final que le fue concedida con la venia del gobierno, tras su despedida?

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Dicen los enterados que la crisis de la 4T en Chihuahua apenas está empezando y el conflicto morenista que en el estado protagonizan el superdelegado Juan Carlos Loera y la excoordinadora del Registro Agrario Nacional, Madga Rubio, todavía dará mucho de qué hablar.

La razón es que Rubio Molina no se quedará cruzada de brazos ni permitirá que se desvirtúe su breve paso por el gobierno de Andrés López Obrador.

Se sabe que tras la insistencia de su remoción está la figura de la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel a quien Loera recurrió aprovechando la cercana relación que mantienen para solicitar que rodara la cabeza de Magda.

Las razones del pleitazo aún no están claras, algunos refieren incompatibilidad de caracteres, otros que en el lugar es conveniente una persona de confianza porque desde ahí es posible realizar negocios que valen oro.

A seis meses del gobierno Federal, Loera no termina de apagar un fuego cuando ya se le enciende otro. Los más recientes son la multa de 38 mil pesos que debe pagar por incumplimiento de pagos a guarderías amparadas y la denuncia interpuesta en su contra – y de otros funcionarios morenistas – por nepotismo.

Nada nuevo, todo se esperaba. Pasar de oposición a gobierno no es como “enchílame esa gorda y pásame otra”. Se pierde la visión, se heredan los vicios y el diablo se suelta para tentar a cualquiera que ose posar su mirada sobre el tesoro escondido en las arcas del erario.


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Mal, muy mal se vieron esta semana las áreas de Cultura y Protección Civil Municipal y la propia Coepi con el poco respaldo y las muchas trabas que brindaron para la organización del encuentro de la comunidad Ndeé Apache que se realiza -casi desapercibido- este fin de semana en la capital.

Todavía el pasado 13 de mayo, en Palacio de Gobierno se anunció que el evento tendría lugar en la Exhacienda del Torreón y faltando un par de días para su inicio los organizadores informaron de su cambio de sede a un terreno de la colonia Valles de Chihuahua. La causa: la ignorancia y el burocratismo.

Protección Civil de Estado y Municipio les pidieron a los organizadores que presentaran un aval de un experto en fuegos para la ceremonia inaugural que se pretendía hacer en la Plaza Mayor –que no era más que una pequeña fogata alrededor de la cual danzarían– y quisieron saber “si harían algún tipo de sacrificio”, denostando el nulo conocimiento que tienen de la cultura apache.

Por si eso fuera poco, la administración condicionó la prestación de la ex hacienda a la compra de paquetes –un burrito y una soda– a un costo de 70 pesos por persona, y no introducción de alimentos, sin importarles que los participantes sobreviven de lo poco que les deja la venta de artesanías.

Para cerrar con broche de oro, la Copei les dio un apoyo de mil pesos, que ni para el pago de esos burros alcanzaba.

Así que desilusionados los apaches debieron cambiar el sitio del encuentro, dejando claro su malestar en su estancia en Chihuahua.