Opinion

-Asesinato de mamá de Vayoleth, casi aclarado

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GPS / Columna

sábado, 17 septiembre 2022 | 05:00

-Doble seguro para funcionarios de JCAS

-Viene director general del Infonavit

-El ISSSTE en el abandono federal

La historia detrás de la desaparición y posterior ubicación de la pequeña Vayoleth Giselle Hernández Arguello, antecedió a un hecho trágico cuya investigación se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado, ya que su madre fue víctima de feminicidio. 

Fuentes al interior de la dependencia dieron a conocer que el lunes 11 de septiembre, cuando se reportó la desaparición de la bebé, su madre fue atacada a balazos, estando herida, fue trasladada por un familiar al Hospital General, donde falleció. 

Al ser notificado de la muerte, la persona se hizo cargo de Vayoleth, sin avisar a otros familiares sobre su resguardo, lo que motivó la confusión y la inmediata alerta Amber, que luego fue aclarada.

La pesquisa inicial, de hecho señaló que la menor fue vista por última vez en dicho nosocomio en la ciudad de Chihuahua, "cuando la madre de la pequeña fue llevada al hospital Salvador Zubirán por una persona de la cual se desconoce su identidad".

Hoy la menor está a disposición de familiares, y se espera que sea apoyada durante su niñez, por los mecanismos financieros que ofrece la Fiscalía Estatal a través del Fideicomiso Fanvi. 

Los pormenores del caso de la madre de Vayoleth, forman parte de un robustecido expediente de investigación, que según la autoridad llevará a una pronta detención del o los presuntos responsables de su asesinato. 

En tanto que la línea de investigación se maneja, como en estos casos, con total hermetismo.

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Ya quisieran los empleados de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad, gozar de las bondades laborales que ha ido ganando el personal que labora en la Junta Central de Agua y Saneamiento, instancia que emitió la licitación pública en busca de las mejores opciones para contratarles ¡dos seguros! 

Se trata de uno empresarial y otro de vida, que estarían vigentes de manera simultánea, tentativamente en octubre. 

La dirección ejecutiva, que encabeza Mario Mata, pareciera que se ha tomado muy en serio la aplicación de garantías laborales para sus más de 200 empleados “de confianza”. Aunque muchos aseguran que la inversión debería ir a aspectos más urgentes. 

Aunado a las dos cotizaciones solicitadas a empresas del ramo, la dependencia administradora del agua busca asegurar la flotilla vehicular de Juárez y Chihuahua. 

La licitación es pública y presencial, para el registro, las aseguradoras tendrán que pagar mil pesos como inscripción y apegarse a las bases. Aunque todavía no se conocen los montos de las pólizas, se habla de millones en juego. 

Para acelerar los trámites, se programó para el 21 de septiembre una junta de aclaraciones y será el 27, momento de la presentación y apertura de propuestas, citas a las que podrán concurrir empresas aseguradoras.

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Antes de tomar el megapuente por el día de la Independencia, en las oficinas debieron de dejar escritorios y áreas de espacios visibles más que presentables, ya que la semana entrante tienen visita de primer nivel.

Se trata nada más y nada menos que de Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Martínez Velázquez lleva cuatro años ya en ese cargo, lo que habla de una constancia como titular de una de las dependencias que más dolor de cabeza da a derechohabientes por sus tortuosos trámites.

Nada se ha revelado sobre esta visita, en el sentido de si sostendrá algún encuentro con autoridades estatales o simplemente viene a ver que en los escritorios no se tengan más de las carpetas debidas, para disimular la carga de trabajos que se tiene en la institución.

Desde luego que no puede pasar desapercibido el hecho de que hace apenas una semana, con el despido de Marco Castrejón quien se encontraba al frente del área de Atención al Público en la delegación local, instrucción que aseguran se dio desde las oficinas centrales en la Ciudad de México y ni siquiera su “influyente” padre, el diputado morenista Oscar Castrejón, lo pudo rescatar. 

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A cuatro años de arrancada la administración federal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) es una de las dependencias que, al menos en Chihuahua, sigue sin terminar su proceso de reestructuración administrativa.

Antes, la instancia operaba con un delegado estatal que a su vez se apoyaba en cinco brazos ejecutores, encargados del servicio médico, las prestaciones, la atención al derechohabiente, la administración general de los recursos y los asuntos jurídicos correspondientes. 

En la actualidad, ha desaparecido la figura de un delegado responsable del Issste y se han mantenido las de jefes de cada una de las áreas; son una especie de subdelegados que responden a las oficinas centrales, sin una cabeza definida a nivel local.

Pues bien, de las cinco áreas, hasta la fecha han sido renovadas cuatro, pero queda una en la que se han creado intereses a lo largo de años, de décadas más bien, de manejos poco transparentes en la institución federal.

El área que sigue sin cambiar es la que encabeza el abogado Fernando Calles, jefe de Prestaciones del Issste a nivel local, quien tiene como una de sus principales tareas la de responder por pensiones y otros beneficios laborales del personal que sirve o ha servido al Estado Mexicano desde alguna de sus dependencias.

En dicha oficina está por reventar un escándalo por un desfalco millonario relacionado con las pensiones de los burócratas federales, debido a que un grupo de litigantes allegados al titular ya le encontraron el modo de laborar para el Issste y a la vez litigar contra el mismo Issste.

Los asuntos que niega la oficina de Prestaciones son dirigidos a un despacho que tiene la garantía de doblegar vía tribunales a la propia institución. La tajadita de los litigantes no se baja del 30 por ciento de cada cheque expedido por el Issste, lo que merma todavía más las finanzas de la institución que da seguridad social a la burocracia federal.

Misteriosamente, Calles sigue al frente del área pese a evidencias claras del modus operandi poco ético y hasta traidor con la noble institución. No se sabe si desde las oficinas en la capital del país alguien lo protege o en realidad sólo lo están cocinando a fuego lento.

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Desde hace semanas, las denuncias por actos de corrupción contra la encargada de los Programadas Federales en el alejado municipio de Uruachi, Norma Güereque, han sido tomadas en cuenta en la Secretaría del Bienestar. 

Al menos eso les han respondido a quienes han presentado quejas sobre el actuar de la funcionaria, acusada de desaparecer recursos del programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que estaban dirigidos a apoyar con obras a planteles de las comunidades más apartadas.

Tan se han tomado en cuenta las quejas, les aseguraron, que ya tienen consecuencias a tal grado que Güereque es vista con un pie fuera del gobierno federal debido a la gravedad de lo ocurrido.

Según las denuncias, de escuelas en seis comunidades alejadas de Uruachi sólo llegaron apoyos para la mitad, mientras que para el resto fueron reportados como entregados, pero jamás se ejercieron. Los proyectos de mejora que existían quedaron apenas en el papel.

Además, de las escuelas que sí resultaron beneficiadas, hubo reportes de que los beneficiarios fueron obligados a hacer compras a determinados proveedores. Moche de por medio, claro, como cualquier cacique que se respete.

Para colmo, como parte del estilo caciquil de la funcionaria, ya le había agarrado el gusto a traer de mandaderos a los elementos de la Guardia Nacional, aprovechando que sigue el despliegue extraordinario de fuerzas de seguridad en aquella región de la sierra que sigue siendo de pleno dominio de “El Chueco” y otros personajes del mismo estilo.

Es la funcionaria, pues, toda una bombita de tiempo para la criticada administración federal. Bombita supuestamente ya desactivada o en proceso dé.