Opinion

-Atacar a la información con pretexto del virus

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GPS / Columna

miércoles, 25 marzo 2020 | 05:00

-Horas de retraso para salir con perorata

-Luce abandonada excasa de la cultura jurídica

-Reclaman viáticos y medidas de emergencia

La imagen es de una conductora televisiva muy joven. A cuadro completo se presenta frente a las cámaras para transmitir un mensaje en contra de las noticias falsas.

Es un mensaje patrocinado y difundido por el Gobierno del Estado con todos sus logotipos y en una conferencia de prensa oficial.

El dato había pasado desapercibido, pero en estos momentos, en que oficialmente el Gobierno de México acepta la fase dos, que desde la semana pasada presionó la Organización Mundial de la Salud, adquiere elementos que no pueden pasar desapercibidos.

“Es necesario luchar contra los rumores y la información falsa”, dice con gran inocencia la voz femenina utilizada para transmitir el mensaje.

Bajo esa voz la administración estatal ha iniciado una ofensiva en contra de la libre expresión de las ideas. Se quejan de las mañaneras de Andrés Manuel y la conferencia de ayer sin preguntas.

Aquí hace lo mismo o peor.

Se olvida de un detalle, pequeño. En Wuhan el médico que dio la alerta en su red social en relación con el Covid-19, fue censurado y perseguido, hasta que perdió la vida tratando de recuperar la salud de las personas que se encontraban enfermas.

El gobierno chino acaba de recuperar el honor de dicho médico... pero ya muerto.  En Chihuahua no debe ocurrir lo mismo. El mensaje del gobierno estatal sale sobrando. Amenaza pueril frente a la responsabilidad que subyace en el informar cotidiano.

Atacar la comunicación bajo el pretexto de las noticias falsas es un atentado inclusive en contra del derecho a la información.

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Ya muy tarde salió en su mensaje de redes sociales. Una y otra vez anunciaron retraso en la transmisión de un contenido que salió sobrando. Contraproducente.

Corral se sintió obligado a presentarse frente a la cámara con un anuncio mucho más radical que el de la alcaldesa María Eugenia Campos.

Se envió mensaje pasadas las siete de la tarde anunciando la transmisión a las ocho con quince, pero tuvieron que pasar muchos minutos más, mucho más, para escuchar el sesudo mensaje.

Cierre completo de negocios, sin importar si son de aquellos que son necesarios, como los de alimentos. No se midió en la determinación, pese a que no es necesaria. Alguien debe producir para que la supervivencia comunitaria no caiga en pedazos.

Parece una competencia para descarrilar la economía, irónicamente cuando en el Estado se encuentra destrozada. El endeudamiento a corto y largo plazo estrangula las finanzas estatales. Es un secreto a voces.

Y pese a ello quiere cerrar hasta los restaurantes y otros negocios que podrían seguir funcionando con ciertas restricciones de salud.

Incluso, va en contra de cualquier ejercicio del culto de manera radical, aun y cuidando condiciones de salud.

Para colmo, en Juárez, el mismo día pero más temprano, con pesos y centavos, se anuncian inversiones para enfrentar la contingencia sanitaria. Armando Cabada sacó la calculadora y sin empacho enfrentó el problema. Él ni un solo dato duro puso en su mensaje, que se convirtió en perorata pura.

Ahora tiene velas encendidas al gobierno federal para que le envíen dinero para hacer frente a la contingencia, sobre lo cual tiene mucho temor por desconocimiento, ignorancia y su alejamiento del quehacer gubernamental.

Sus despropósitos van en tenis y golf.

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Es una casona no muy vieja, pero que compite con cualquiera de la zona de la Zarco. Durante varios años fue la Casa de la Cultura Jurídica, auspiciada por la Suprema Corte.

Pero con la llegada de la nueva administración federal dejó de funcionar. Durante muchos meses los abogados locales se manifestaron contra la determinación centralista de suspenderla.

Incluso protagonizaron acciones de protesta pública, pero de nada sirvieron. Simplemente la casa dejó de funcionar como centro de cultura jurídica.

Ahora no queda ni un solo vestigio de las lonas y las pancartas colocadas. Han sido retiradas. Ya es sólo una construcción californiana en el bello paseo citadino.

La idea de una casa de la cultura jurídica quedó en el pasado, pese al gran disgusto de los togados locales, que siguen insistiendo en el tema.

 La imagen que publicamos en nuestra edición digital es muy reciente.

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Alrededor de 300 empleados temporales son los que se encargan de realizar el Censo 2020 del INEGI en la Ciudad de Chihuahua y los municipios de Aldama y Santa Eulalia.

La contingencia sanitaria ha alterado su labor de casa en casa. Han debido tomar precauciones especiales en estos que son los últimos días de trabajo para terminar la colosal tarea de visitar todos los domicilios de la región para saber cuántas personas viven en cada ciudad, pueblo o comunidad.

Los empleados han debido enfrentar, además de la crisis de salud que se vive, los retos cotidianos que representa el censo: fraccionamientos cerrados por la inseguridad, amplias zonas de casas solas, grandes lunares donde sólo hay gente de noche -esas que se consideran “ciudades dormitorio”- y hasta perros callejeros que los persiguen. 

Todo lo han hecho conforme a los planes, aunque incluso han tenido que trabajar sin pago extra los sábados y domingos, sin que eso se contemple en sus contratos. Lo han hecho de buen modo, conscientes de la tarea que tienen enfrente.

El problema es que el manejo de viáticos y salarios, pues existen sospechas de que a ellos los reportan con un gasto -extra al salario- de 140 pesos, cuando en realidad se disponen de 250 y hasta 300 pesos, según la zona geoestadística que les toque.

¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué los reportan con un monto y en realidad reciben discrecionalmente otro mucho menor? 

Por ello fue que ayer se manifestó un grupo de trabajadoras temporales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Al reclamo no le dio respuesta el coordinador estatal, Carlos Uc Nájera, pese a ser algo muy concreto y específico que pidieron.