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sábado, 23 febrero 2019 | 01:49

-Fernando, un transa con ropaje de monje

-La tremenda incongruencia de Corral con Tena

-El show de las fotomultas quedó apagado

Urge en la Fiscalía General del Estado un trabajo de mayor capacitación tanto para los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad como para los agentes que integran el Ministerio Público; de lo contrario, personajes con presumibles nexos con la delincuencia y el crimen organizado continuarán librando los procesos judiciales a los que son sometidos después de un arresto.

Al interior de la dependencia parece existir una marcada ignorancia de los procedimientos que marca la Ley en cuanto a detenciones e integración de carpetas de investigación se refieren y eso, además de hacer crisis, echa por los suelos la judicialización de los casos.

Pareciera que el pan de cada día entre los estatales son las capturas sin órdenes de aprehensión o los allanamientos sin que medie una autorización de cateos. Por eso no es extraño que la Fiscalía sea la instancia que encabeza el mayor número de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por eso no sorprende que hace unos días quedará en libertad un presunto líder criminal a quien –hace menos de 8 días- la FGE detuvo e identificó como el cabecilla de La Línea, y operador del tráfico de drogas en la zona occidente.

Esta clase de pifias son frecuentes, tienen su origen en la falta de observancia de los procesos legales y derivan en la libertad lo mismo de delincuentes menores que de sicarios, como ya ocurrió en enero del 2018, cuando siete de ellos quedaron en libertad por que no se pudo acreditar ante un juez la legalidad de la detención.

El fiscal César Peniche, y su fiel cómplice el comisario de Seguridad Estatal, Óscar Aparicio Avendaño, pueden decir misa y tronar contra los jueces que echan abajo sus investigaciones, pero en vez de lamentar deberían ocuparse por supervisar que todo esté perfectamente integrado y que los policías y agentes que tienen a su cargo conozcan y cumplan los ordenamientos legales… si esto no sucede continuarán fomentando la inseguridad en las calles.

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La lumbre llegó a los aparejos al coordinador de la bancada albizaul, Fernando Álvarez Monje derivado del tema – mediático o no – de las lujosas camionetas de las que dispone el Poder Legislativo para la comodidad de los líderes parlamentarios.

El tema inició hace unas semanas cuando la legisladora priista Rosa Isela Gaytán anunció que devolvía a la administración del Congreso la camioneta que a ella le había sido asignada, y días después el coordinador de los morenistas, Miguel Colunga se sumó a la causa.

Fernando en respuesta dijo que Gaytán y Colunga sólo querían llamar la atención, y que por lo que a él tocaba ni siquiera contemplaba la posibilidad de devolverla. La razón es simple: “la necesita, la usa y sirve”, según precisó.

Todo parecía quedar ahí, pero su postura abrió otro debate, y ayer a través de un grupo de WhatsApp fue acusado de apropiarse de otra camioneta, esta vez una Pathfinder, pagada con recursos del PAN estatal, pero cuya factura estaba a su nombre.

A través de una captura de pantalla de las conversaciones de dicho grupo llamado “Familia Panista”, se difunde la respuesta presuntamente hecha por Álvarez Monje y en la que reconoce la compra, pero rechaza las acusaciones y afirma que el malentendido es resultado de un acto de buena voluntad.

Resulta que durante su periodo como presidente del panismo en el estado, el Comité Directivo del  PAN Estatal estaba prácticamente en buró de crédito, y ante la urgencia de contar con un vehículo decente, él prestó su buen historial crediticio para que una agencia autorizara la compra.

Los pagos de las mensualidades, reconoce, salían de la cuenta del partido, y casi al finalizar su gestión la camioneta finalmente se vendió para el pago de proveedores.

De cualquier manera la explicación no borró todas las dudas, pero si en algo se advierte la veracidad puede ser en cuanto a su limpio historial ante las instituciones bancarias, pues como todo dandy de la política local, Fernando Álvarez muy pocas veces la ha sufrido.

Al frente del CDE del PAN, mantuvo un salario cercano a los 120 mil pesos, y hoy como diputado local la suma mensual es superior.

Así que comprarse una camioneta, le sería como tronar los dedos. Sólo que le gusta la del Congreso, es cómoda, y además de los servicios gratuitos de agencia, tiene 4 mil 500 pesos de gasolina al mes incluidos.

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Bien dicen que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, y esto es lo que sucede al gobernador Javier Corral, quien está semana explotó en contra del alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena, a quien acusa de buscar llamar la atención de los medios con discursos que van en menoscabo de las acciones policiales en la zona occidente del estado.

El pleito entre las dos figuras está más que cantado. Eso no es novedad. Tena denuncia que Corral le ha cerrado la puerta del despacho de gobierno cerrando toda posibilidad de diálogo, y el gobernador afirma que el alcalde de la “tierra de las tres culturas” está desafiando al Estado de Derecho, circunstancia que calificó de irrespetuosa e inaceptable.

Olvida el gobernador, que se define así como defensor acérrimo de la democracia, el derecho del edil de inconformarse contra una acción de gobierno que en lugar de ayudar ha empeorado los resultados en materia de seguridad, como es el caso de la permanencia de la policía estatal en Cuauhtémoc.

Pero más allá de eso, lo que Corral pasa por alto es que la posición que Tena sostiene es la misma que él como gobernador ha asumido pero hacia la figura del presidente López Obrador

Innumerables veces ha cuestionado las estrategias del gobierno federal, acompañado las palabras con acciones, como es el caso de la controversia que interpuso en demanda del fondo minero.

Como buen autócrata sus dichos y actos están bien… pero cuidado si alguien hace de su ejemplo bandera y se atreve a criticarlo.

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Las voces que pronunciaban ayer por el regreso de las fotomultas se apagaron, al quedar descartada toda posibilidad de implementar el sistema que tan buena recaudación trajo a las arcas del estado, en medio de oscuros contratos que a la par enriquecieron diversos bolsillos.

Cierto que era una medida inhibidora, y tal vez hasta necesaria en una ciudad en la que los percances vehiculares están a la orden del día, pero el procedimiento de su adjudicación y la forma en la que fueron operadas sembró dudas.

Hoy se discuten nuevas alternativas para disminuir el índice de accidentes, sin embargo, como siempre se deja de lado un factor der suma importancia al interior de la Policía Vial: la corrupción.

Los agentes a la caza, las patrullas con torretas sin activar, los elementos apostados en la misma zona a la espera de ejecutar la famosa mordida, es una práctica que no cesa y que fomenta la impunidad en la que muchos ciudadanos se conducen al volante.

La corporación ha probado que los accidentes en las avenidas más conflictivas disminuyen cuando existen operativos efectivos, bien planeados y organizados. Ese es el reto.

Sin embargo, llegar a ese ideal no será posible mientras los comandantes sigan exigiendo cuotas a sus tropas, y los agentes que más incurren en actos de corrupción – y que son plenamente identificados en las filas – continúen sueltos y exentos del uso de las cámaras de solapa que por el momento sólo se impusieron a los activos que mantienen una trayectoria honorable dentro de la corporación.