Opinion

-Brincan nombres de panistas en juicio

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GPS / Columna

martes, 18 febrero 2020 | 05:00

-Un simple boletín para solucionar transporte

-Norma Ledezma... ¿y la alerta de género?

-Loya y la manipulación del antidoping

Salieron chispas en el inicio del juicio por el homicidio de la estimada colega Miroslava Breach, donde -no podía ser de otra manera- quedó clara y confirmada la participación de una nomenclatura política involucrada en dichos sucesos.

Para empezar, brincó el nombre de Javier Corral. Los testigos dejaron escrito con sus testimonios, con mucha contundencia y seguridad, que tenía conocimiento de las amenazas proferidas en contra de la periodista por parte del crimen organizado.

Pero además, conoció la infortunada intervención como especie de mediadores del crimen, por parte de Piñera, Luévano y Shultz, cada uno con diverso grado de intervención, responsabilidad innegable en el asunto.

Las declaraciones fueron contundentes de la familia directa de Miroslava. El señalamiento no podrá ser desestimado por el ministerio público federal ni por el juez de la causa, ambos en sus facultades amplias de investigación.

Son datos de contexto, pero relevantes, que deben derivar en indagaciones paralelas para establecer las culpas y dolos que correspondan.

La apreciación simple y lógica obliga a preguntas inmediatas: ¿Si el gobernador sabía porqué no tomó medidas radicales para preservar la vida de una persona comprometida con la libertad de expresión y que sólo hacia su trabajo periodístico?, más aún cuando es de conocimiento público la supuesta amistad entre ambos.

Por supuesto que esos apellidos deberían abandonar el banquillo de simples testigos y ocupar el lugar que les corresponde por la omisión y comisión respectiva: acusados.

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Se tienen que hacer titánicos esfuerzos para vender la idea de querer mejorar el transporte en el último tramo del quinquenio, cuando se dejó pasar largo tiempo sin hacer nada, mucho más que el envío de un simple boletín de prensa.

Las facultades de las que ahora habla la administración estatal y que han sido profusamente difundidas como integrantes de la nueva ley de transporte que se quiere imponer por decreto, no son otra cosa que las que ya existen en términos de control y evaluación, y de las cuales han sido menos que irresponsables en su cumplimiento.

Ninguna de las deficiencias que actualmente soportan los cientos de miles de usuarios del transporte, debería estar ocurriendo si la Dirección de Transporte y las áreas operativas se hubieran puesto realmente a chambear en lugar de convertirse en expertos de la dádiva y el cochupo. 

La antigüedad de los humeantes y chatarras camiones, el mal trato de choferes y conducción inadecuada de unidades, son producto de la omisión grave de la autoridad.

Podrán cambiarse los términos con una nueva ley, incorporando nuevos elementos de control, pero todo ello será en vano si no existe realmente voluntad oficial para meter en cintura al denominado pulpo camionero.

En el fondo incluso se percibe una fijación por romper con la concentración de concesiones, pero no para dejar atrás los vicios de antaño, sino para incluir nuevos concesionarios a modo y filiación de la administración estatal.

Van por miles de concesiones en un negocio de gran calado que el nuevo amanecer no quiere dejar pasar, antes de echar candado a la puerta y retirarse. No sólo es el transporte en las diversas rutas de servicio público, sino el servicio en maquiladoras y empresas, así como taxis.

Hay la intención de entrarle al negocio. Un simple quítate tú, para entrarle Yo, que no aporta solución alguna a los vicios del transporte, mediante un proyecto legislativo fast track, del cual les nació de pronto extraña urgencia.

Hay, no podemos negarlo, alguna que otra idea innovadora, como la colocación de un GPS, que también debería instalarse en todas las unidades oficiales de la administración pública estatal, si de eficiencia realmente estuviéramos hablando, pero el asunto tiene más de demagogia que de práctica real.

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La candidatura de Norma Ledezma al Premio Internacional en Derechos Humanos Martín Ennals es un duro reclamo a las autoridades, que han sido todo menos responsables en garantizar la seguridad de las mujeres.

Las investigaciones siguen siendo deficientes, no hay seguimiento puntual, se estigmatizan y se violentan los principios básicos de la investigación científica de crímenes.

Es también recordatorio puntual que debe autorizarse sin dilación la alerta de género, que se encuentra detenida sin razón alguna.

La defensora de los derechos humanos se encuentra en una terna junto con dos mujeres más que han luchado igual que ella por la defensa de mejores condiciones de igualdad.

La diferencia es que ninguna de las otras dos candidatas han sufrido la pérdida de una hija, que en el caso de Norma, la llevó a estudiar derecho y presentar el caso de Paloma ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Arrancó una recomendación internacional para el Estado Mexicano.

"Norma Librada Ledezma comenzó su carrera como defensora de los derechos humanos el día que su hija, Paloma, desapareció camino a su casa desde la escuela en Chihuahua, México. Desde ese momento, Norma se ha dedicado a buscar justicia para las familias y víctimas de feminicidios, desapariciones y trata de personas en México”, dice la breve reseña que aparece en la página oficial del premio.

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Es cuestión de tiempo para que la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, comparta la mesa con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien le tomará protesta en el cargo de presidenta Nacional de la Confederación Nacional de Alcaldes “Conamm”.

El último año de su administración, Maru tendrá picaporte directo hacia el Palacio de Cobián, donde despacha Sánchez Cordero, en una posición política nada despreciable, que la catapulta en escenario nacional.

 

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 El antidoping a los policías municipales aplicado el pasado sábado está generando una ola de reacciones y acusaciones de los elementos por la probable manipulación de la prueba. Acusan, como es obvio, al director de Seguridad Pública, Gilberto Loya, así como al área administrativa que manejó de forma muy turbia todo el procedimiento.

Antes del “sorpresivo” examen hubo elementos que tuvieron aviso previo y anduvieron preguntando entre el personal médico cómo se podría evitar que se evidenciara en el examen el consumo de sustancias prohibidas. 

O sea que algunos ya sabían con anticipación a lo que irían el sábado pasado, cuando al comienzo del turno matutino llamaron a concentrarse a todos los agentes.

El otro gran fallo está en la metodología aplicada. Antes les entregaban un recipiente sellado que el elemento debía abrir y entregar. Ahí mismo en unas cuantas horas les daban los resultados. Ahora no fue así, ni resultados y los recipientes se los entregaron abiertos, algunos hasta sucios se veían.

El hecho de que las muestras entregadas por los agentes puedan ser alteradas ha provocado una cadena de inconformidades, desde los policías de calle hasta los mandos, pues los exámenes pueden utilizarse con otros fines, como de deshacerse de ciertos elementos.

Más grave todavía es la incertidumbre en que sumió a la corporación el mismo jefe policiaco, dado que esconder los resultados por tiempo indeterminado, cuando pueden tenerse en cuestión de minutos, se presta a peores sospechas e interpretaciones.