Opinion

-Carga a viáticos gobernador comidas caras

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GPS / Columna
jueves, 15 agosto 2019 | 05:00

-No anda tan errado “El Caballo” Lozoya

-Problemas en UACH por cambio de banco

-Compra de votos también en Morena


El buen gusto del gobernador Javier Corral en sus viaticadas tanto en el interior del país como en el exterior jamás ha sido puesto en duda.

En plena austeridad dicta normas que deben ser cumplidas a pie juntillas por sus colaboradores, pero para él carecen de obligatoriedad alguna.

Al final, es él el responsable del gobierno estatal y no debe rendir cuentas a nadie, por el momento.

Su personal administrativo lo ayuda sin empacho alguno en cuadrar los números del viático autorizado y ejercido. De tickets para arriba son bienvenidos.

Baste un botón como ejemplo.

Aquel viaje a Massachussets, en Boston, del 31 de enero al 3 de febrero de este año, con el pretexto de un foro para el aprendizaje y debate de los desafíos y oportunidades “México conference 2.0” en la Universidad de Harvard, fue el pretexto ideal para el relax.

Se le autorizaron al jefe del Ejecutivo 17 mil 808 pesos con 9 centavos, de los cuales, efectivamente, fue comprobado en su totalidad de manera exacta. No faltó ni un centavito.

Se hospedó en un muy buen hotel, una cadena reconocida a nivel internacional, por lo cual pagó 6 mil 140.48 pesos.

Es del hotel la única factura que presenta, la 79446, con fecha primero de febrero. Los demás comprobantes son simples tickets.

De Fasty Burguer, 266.53; Dunkyn Donuts por 156.50 y dos más, mucho muy cargaditos. 

En Russell House Tavern, el ticket de consumo presentado es por 6 mil 851.50 pesos. Es dicho restaurante de un estilo exquisitamente bostoniano. 

Esa tabla de quesos, con jamón serrano y dátiles es una delicia, más aún con un buen vino tinto para el infaltable y adecuado maridaje con el corte.

La imagen en nuestra versión digital.

El otro ticket del que hablamos corresponde también a alimentos. Pero ahora se trata de un restaurante de mariscos y comida italiana. También se ve exquisito el menú presentado.

Ahí el consumo adjudicado a Rabias Inc. fue por 4 mil 343.45 pesos.

El informe se lo presentamos también en nuestra versión digital. Se resaltan en él los rubros de resultados y contribuciones del viaje.

En resultados bastó una sola línea para exponerlos: “Foro de expresión ante el esquema del nuevo gobierno de México”.

Las contribuciones fueron aún más genéricas: “cercanía con chihuahuenses radicados en Estados Unidos”.

Pero no es el único viaje que hizo el gobernador en dicho primer trimestre del 2019. Es uno de los internacionales, porque también estuvo en Arizona.

Pero cada tercer día realizó un viaje dentro y fuera del Estado.

En nueve ocasiones fue a la Ciudad de México, una vez, cada diez días, con estancias promedio de dos días.

Cualquier pretexto para viajar es bueno. Hasta la firma de un convenio en materia notarial es suficiente para buscar la foto y hacer grilla, aunque pocos resultados prácticos existan.

Un estilo viajero y de buen vivir a costillas del erario público, y todo en plena austeridad.


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A la luz del procedimiento para reformar la Constitución General de la República, la propuesta para cambiar la Constitución Política de Chihuahua presentada por el parralense Alfredo “Caballo” Lozoya no es descabellada.

El alcalde independiente pidió ante el Congreso del Estado revisar la manera en que se reforma la máxima norma estatal, pues el procedimiento actual está condicionado a la aprobación de un tercio de los municipios que a la vez concentren el 50 por ciento o más de la población.

Esto quiere decir que si 65 de los 67 municipios aprueban una reforma, no pasa si, por ejemplo, Juárez y Chihuahua se niegan, pues juntas tienen más del 60 por ciento de los habitantes.

Según el precepto actual, deben tomarse en cuenta dos cantidades: de ayuntamientos y de población, lo que margina a cualquier municipio inferior en el número de habitantes.

Hasta la fecha pareciera lógico el supuesto, para lograr equilibrios democráticos y políticos. Pero ojo, la máxima norma nacional sólo toma en cuenta el número de entidades federativas, no su población. 

Es decir que para reformar la ley federal después de aprobarse en el Congreso de la Unión -independientemente de la cámara de origen- vale lo mismo el voto de Chihuahua que el de Tlaxcala, Nayarit, el Estado de México o Veracruz, siempre que sean el 51 por ciento o más.

El constituyente nacional no toma en cuenta el número de habitantes porque a esos los representan los diputados federales, que tienen su papel primordial en cada reforma constitucional. 

Si en Chihuahua hay diputados locales que también representan entre 120 y 150 mil habitantes cada uno, ¿por qué existe un criterio poblacional a la hora en que votan los ayuntamientos? Eso sí va contra la lógica municipalista.

De pensarse la propuesta de reforma de Lozoya. Queda para el análisis de los constitucionalistas, independientemente del manoseo político al que queda expuesta en el Legislativo.


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Empezaron los problemas con motivo del cambio de banco para pago de nómina en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Hay maestros que no aparecen en las listas para la entrega de las tarjetas bancarias, lo cual refuerza la situación de zozobra.

También existe incertidumbre por la permanencia de los cajeros de bancos dentro de las unidades académicas, por la comodidad que ello representa.

Particularmente en Contaduría y Administración y Derecho, que son facultades con la mayor cantidad de docentes y personal administrativo.

Algunos lectores asiduos de GPS manifestaron estas inconformidades y la ausencia de respuesta por parte del personal de la nueva institución bancaria.

Más aún cuando se había dicho que era opcional y terminó siendo una decisión administrativa central sin ninguna posibilidad más que cambiarse de banco forzosamente.

Es un asunto que mete ruido innecesario en estos momentos en la UACH, en un contexto de implementación del nuevo modelo educativo.

Nos dicen que será hasta la primera quincena de septiembre cuando opere materialmente el cambio, por lo que hay tiempo para hacer las correcciones.

Pero sin duda hay un mal timing político por parte de las áreas administrativas.

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En la batalla por la dirigencia estatal de Morena, uno de los aspirantes, Ernesto Visconti Ortega, ha hecho denuncias internas de compra de votos para elegir a los próximos consejeros y delegados del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pues bien, parece que a quien le cayó el saco fue al coordinador de asesores de Morena en el Congreso del Estado y candidato perdedor a diputado local por el Distrito 18, Hugo González.

El asesor legislativo, según las versiones morenistas, paga nada menos que dos mil 500 pesos por reunión a quien le garantice 50 militantes para que voten por él para consejero.

Al parecer al interior del partido del “Peje” hay una fuerte pugna y prácticas que recuerdan a las del partidazo, financiadas desde el Legislativo.

Los dardos políticos de Visconti Ortega tienen nombre, apellido y dirección. 

También le había llegado el dato de que del fondo de gestión de algunos diputados salen mil pesos semanales para combustible de los supuestos operadores políticos que tratan de atraer a la militancia de las colonias Villa y Revolución, en especial a experredistas que se adhirieron a Morena.

Por los motivos anteriores, se espera una guerra interna sucia y una mayor división entre el equipo que se financia desde el Congreso, por los oficios de Hugo González y operado por un tal José Ríos, dueño de una imprenta; y el del aspirante a dirigente Visconti Ortega.

Habrá que esperar si Visconti tiene pruebas y denuncia ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena, en unas elecciones internas que se avizoran de pronóstico reservado y sumamente sucias.