Diario
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GPS Columna
miércoles, 01 febrero 2023 | 05:00-Armados y peligrosos en Fashion Mall
-Al fin conoció el Cereso 3 la mano dura de Maru
-Adiós al jardín vertical del TSJ
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) ha sido convertida por Néstor Armendáriz en una dependencia a merced de intereses políticos totalmente ajenos a proteger a los ciudadanos de las autoridades.
Lo que hasta hace unos años pareciera imposible ocurrió en Parral, Armendáriz “vendió” la titularidad del organismo a los intereses de Movimiento Ciudadano, quitando de sus cargos en cuestión de días a dos titulares de la CEDH en desacuerdo con los naranjas que manejan Parral.
El primer caso fue el de Amín Corral Shaar, quien trabajó en esta dependencia por más de 13 años y a quien le fue arrebatada la diputación local por "Pancho" Sánchez luego de haber sido el candidato más votado y a quien le correspondía por ley la diputación local.
Amín Corral, al impugnar la resolución del Tribunal Electoral, fue víctima de una persecución política que culminó con su despido de la CEDH alegando los motivos "por órdenes de arriba" por el presidente del organismo se supone autónomo.
Luego, el arribo a esta titularidad de Gerardo Flores Botello, con una amplia experiencia en el ramo, también fue “vendid” por Néstor Armendáriz, ya que les "incomodaba" a los naranjas debido a que el abogado fue asesor del ex síndico José Caro, un duro crítico de la administración del aquel entonces alcalde, Alfredo Lozoya.
El colmo fue cuando Néstor Armendáriz le explicó a su "amigo" Gerardo Flores Botello las causas, asegurándole que "había caído bronca por tu nombramiento," y que había gente a la que no le había parecido su llegada a la titularidad quitándole el cargo en menos de una semana. ¡Vaya falta de seriedad...Y por eso cobra Armendáriz 180 mil pesos mensuales!
Lo peor del caso es que arriba a esta dependencia un abogado sin experiencia, recién salido del departamento jurídico de la Presidencia Municipal y de todas las confianzas del diputado “Pancho” Sánchez, Juan Portillo.
Insólito, pero así juega el organismo derechohumanista con su extensión en Parral. Ninguna confianza de nadie para presentar quejas de nada. ¿Cómo?
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El pasado sábado por la tarde, guardias privados de Fashion Mall ubicaron a unos jóvenes armados dentro del centro comercial, pero dieron aviso muy tarde a las corporaciones de seguridad, hasta después de tratar de disolver una gresca entre dos numerosos grupos de clientes.
La pelea, que por fortuna no dejó una tragedia, comenzó cuando algunos jovencitos en apariencia desconocidos empezaron a insultarse; luego vinieron empujones, mentadas y en el desorden salieron a relucir unas escuadras que traían un par de los involucrados.
Según el reporte de quienes vivieron el incómodo y peligroso momento, nadie disparó y nadie supo tampoco qué pasó con las armas ni sus portadores, pues la bolita terminó de deshacerse tras la advertencia de que la policía iba en camino, con lo que regresó la calma al lugar.
Las fuerzas de seguridad llegaron tarde porque así de tardío fue el reporte, así que los policías hicieron algunas inspecciones sin resultado alguno, más allá de las molestias ocasionadas hasta a los grupitos de jóvenes que sólo paseaban en el lugar y no habían sido parte del altercado.
Las tardes de fin de semana comúnmente acuden cientos de jovencitos a la plaza comercial para ir al cine, de compras, comer o hasta para pasar el rato con los amigos. Y se han vuelto muy seguidas las alarmas de personas armadas que entran sin revisión alguna al lugar.
La concentración de menores de edad sin supervisión adulta en Fashion Mall, las nulas revisiones, las llamadas tarde al número de emergencias y la enorme cantidad de entradas y salidas de la plaza, pueden ser una peligrosa combinación para una verdadera tragedia.
Son demasiadas las alertas como para no prestar atención al problema en aras de no afectar el consumo para el comercio local instalado en la conocida plaza del periférico De la Juventud.
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Pasadas las 14 horas del lunes, un propio salió de la torre legislativa con dirección a Palacio de Gobierno, para entregar en el despacho de la Secretaría Particular, donde tiene su oficina el exfiscal Roberto Fierro, el engrose del decreto legislativo autorizando –esa misma mañana- el traspaso de los penales a la Secretaría de Seguridad Pública.
La gobernadora Maru Campos ordenó, una vez recibida la documentación firmada por la presidenta del Congreso, Adriana Terrazas, su publicación inmediata en el Periódico Oficial del Estado, para lo cual debió el secretario General, Santiago de la Peña, ordenar una edición extraordinaria para el día de ayer.
Como es sabido, el Periódico Oficial es publicado los días miércoles y sábado de manera ordinaria, pero el asunto, tal y como lo explica el abogado De la Peña, en su acuerdo administrativo, no podía esperar ni un día más.
A esas horas, el proceso jurídico de publicación iba de la mano con la planeación operativa de asumir la responsabilidad en los penales, con participación de la defensa nacional, Fiscalía y elementos de la policía estatal. Ni un recoveco para improvisación. El saldo fue blanco, exitoso, en operativo sorpresa, de madrugada.
Cuando despuntó el alba ya estaba en posesión material de los Ceresos el secretario de Seguridad, Gilberto Loya, con dos nuevos mandos, uno estratégico y otro operativo a la cabeza, con el general en retiro, Ricardo Fernández Acosta, como encargado de Despacho de la Dirección del Sistema Penitenciario y Ricardo Realivázquez Domínguez, como encargado del Despacho de la Dirección de Centros de Reinserción Social.
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Con ese ajuste en Juárez, la gobernadora Maru Campos demostró una vez más que la seguridad es una de las prioridades para su gobierno.
Apenas el lunes el Congreso aprobó el cambio de los Ceresos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Maru, ni tarda ni perezosa ordenó que de inmediato los chicos de Gilberto Loya tomaran el control de los Centros de Reinserción Social, empezando por el de Juárez y demostrando con ello que hay el firme propósito de cambiar las cosas para bien.
Ya era hora que un gobierno pusiera orden en el tema. La mandataria lo está haciendo sin necesidad de aspavientos inútiles sino con conocimiento y acciones concretas que lleven a mantener la gobernabilidad en estos espacios.
Transformar la seguridad en el Estado es una de las cosas que la gobernadora se ha propuesto, y por los hechos, va muy en serio. Si bien el primer día del año hubo revuelta en el Cereso 3 de Juárez, a un mes de lo ocurrido los cambios son notorios.
La mandataria tomó el problema de frente, sin evadir ni un ápice de responsabilidad ni de autocrítica e hizo los ajustes necesarios para que las cosas tomen el rumbo que los chihuahuenses demandan en materia de seguridad.
Sabemos que no se trata sólo de mover a tal o cual funcionario sino también de buscar las modificaciones legislativas, las estrategias idóneas para generar resultados y sobre todo, que haya la intención y las ganas de hacer las cosas bien. Campos Galván lo sabe y lo está poniendo en práctica.
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En la edificación del Centro de Justicia, un moderno edificio de miles de metros cuadrados de construcción, hubo consideración de áreas verdes de distinto tipo.
Una de ellas fue el jardín vertical ubicado a espaldas de la estatua de la justicia, allá por donde están dos entradas a la gran explanada, una proveniente de la Niños Héroes y otra de la Juárez.
En la inauguración podían verse las distintas flores y arbustos colocados en el jardín; sin embargo con el paso del tiempo terminó descuidado, hasta que murieron las pocas plantas que quedaban.
Durante mucho tiempo permaneció el jardín “muerto”, con los retazos de hule negro, hasta que finalmente la decisión fue desaparecerlo y en su lugar darle una pintada.
Tenemos la foto del antes (deterioro) y el después de dicho jardín vertical, donde ahora luce con letras grandes, Tribunal Superior de Justicia, con su logo.
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El tema del robo de combustible fue abordado en la reunión de la mesa de seguridad que se realizó este martes encabezada por el alcalde, Marco Bonilla, donde estuvieron presentes autoridades de Pemex del área jurídica y de seguridad para afinar una estrategia de coordinación y un protocolo de actuación en casos donde se confisquen unidades cargadas con hidrocarburos.
Ya sucedió el pasado mes de noviembre que la Policía Municipal localizó una pipa cargada con combustible en un domicilio, que quedó bajo su resguardo en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba todas las diligencias por la sustracción de combustible de manera ilegal.
Aunque en la ciudad de Chihuahua no se han registrado casos recurrentes por este delito, siempre se tiene que estar preparados, más cuando los delincuentes buscan la manera de “diversificar” sus operaciones, como suele pasar con el huachicoleo.