Opinion

-Con video casero justifica ingobernabilidad

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GPS / Columna
jueves, 07 noviembre 2019 | 05:00

-Llega el club a los 33 añitos... y otro escándalo

-Cruje entre fallas el “monumento a la corrupción”

-En renovación de su plaza Aparicio grilla a Peniche


Para tratar de justificar la inoperancia de su gobierno en la protección de todos los chihuahuenses, salió el gobernador Javier Corral con un video casero filmado en una de las oficinas de la secretaría particular de Palacio.

En la grabación patética de apenas minuto y medio, anuncia el jefe del Ejecutivo que ha girado instrucciones a la Fiscalía para que abra una investigación a través de la Fiscalía especial que se encarga de delitos contra derechos humanos y desapariciones forzadas.

No se ha dado cuenta Javier Corral que hay muertos y lesionados, mujeres y niños, hechos provocados por una célula criminal y no por un área de gobierno. Se quedaron con cara de what?? los especialistas penales por el desconocimiento palpable del “abogado” que gobierna Chihuahua. Más aún cuando tampoco hay desaparecidos.

Se antoja lógico que intervenga por ejemplo la Fiscalía en operaciones especiales, que tiene que ver con extorsión o secuestro, más cercano a delincuencia organizada, pero pedir la intervención a través de un equipo que nada tiene que ver suena a contra sentido, un error más, de tantos en que ha incurrido el Nuevo amanecer en la promesa incumplida de brindar seguridad.

Suena más a anuncio estruendoso, que a efectiva medida, aun y cuando se encuentra en el ámbito de sus atribuciones, entre las cuales por cierto se encuentra la coordinación, de la que habla en sus discursos pero que materialmente no existe, como queda comprobado con las contradicciones que en este caso ya mostró el Fiscal Peniche.

Olvida el gobernador que los límites inimaginables de los que habla en su video, cometidos por parte de la delincuencia, con este crimen atroz, ha sido rebasado todos los días, continuamente, con las cerca de siete mil muertes provocadas en sus tres años de gobierno.

Pero como este crimen, tiene razón, difícilmente se compara alguno, aun y cuando han sido varios los sucedidos con múltiples fallecidos. Su omisión en brindar seguridad lo hacen responsable moral y políticamente.


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En medio de escándalo el Club Britania llega a la celebración de su 33 aniversario, con música retro “para divertirse en grande”. Las acusaciones son de fraude millonario para quienes encabezan la mesa directiva, cuyo presidente, Jesús Madrid, estuvo preso el año pasado como resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado.

Las observaciones son de muy distinta naturaleza. Gastos inflados en materia de compra de materiales de construcción, adquisición de equipo también con sobre precio, hasta un apoyo para una planilla del Colegio de Ingenieros. 

Se habla de una tolerancia a ciertos socios que han defraudado al Club y que son tolerados a través de presta nombres, con la tolerancia de la directiva que no hace nada al respecto.

Recibimos en GPS algo de material al respecto; entre los detalles, uno que demostraría testigos a modo para negar las acusaciones en el juicio civil que se sigue en contra de la mesa directiva.

También un documento que fue entregado a la presidencia municipal de Chihuahua para denunciar que no existe permiso de uso de suelo para el local social donde se están realizando eventos sin cumplir con el requisito legal para funcionar, motivo por el cual ya fue clausurado en una ocasión.

Finalmente, está en nuestro poder un audio de una de las últimas reuniones supuestamente realizadas con los socios para tratar de calmar las aguas, pero resulta contraproducente porque es escenario de las mismas y otras acusaciones, entre ellas la ausencia de creación de un fideicomiso para el manejo financiero que jamás se constituyó así como ocultamiento de gastos específicos.

Los informes financieros son generales y sin ningún respaldo, cuando son cantidades millonarias las que se manejan.

Los socios inconformes denuncian manejo de recursos sin cuidado alguno, en medio de una ingenuidad o complicidad que da pavor, ocultando que las decisiones las toman dos o tres personas.

Un escenario nada halagüeño para el club, donde el aniversario 33 es una burla por el mal manejo de los recursos que ha venido señalándose.


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Hubo desconcierto y temor ayer en el Tribunal Superior de Justicia con el desalojo provocado por una falsa alarma, que obligó a sacar del inmueble a más de mil personas.

El desconcierto fue porque en algunos de los pisos del inmueble no sonó la alarma y esto sólo ocurrió en algunas áreas. No es la primera vez que ocurre.

El suceso permitió confirmar una vez más que las escaleras son insuficientes para el volumen de personal que existe en el oneroso inmueble, llamado por Corral “monumento a la corrupción del duartismo” pero nadie castigado por ello.

Magistrados, jueces, secretarias y abogados, pusieron pies en polvorosa, y bajaron presurosos, para permanecer en el exterior por espacio de una hora, hasta que se renovaron las actividades, una vez revisado el local. Hubo caras con sonrisa maliciosa en algunos litigantes que vieron retrasada alguna audiencia.

Por la tarde-noche fue el acabose con el aguacero precipitado en la ciudad: chorros de agua a través de ventanales y entre los pisos. Convertido en laguna el estacionamiento.


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Han sido colocados carteles en un tétrico color negro en diversos espacios públicos que llaman la atención de las personas, particularmente de los jóvenes que no saben a qué se refieren los posters.

No sabían que a las mujeres de origen étnico, entre ellas a las ralamulis -como ha adoptado el gobierno federal y estatal denominarlos de acuerdo a ciertos estudios lingüísticos- se les llamaba coloquialmente como “Marías” o “comadres”, con independencia de su edad.

Ahora los millenials o generación “Y” lo saben gracias a los genios de la mercadotecnia del Nuevo amanecer, que trabajan en todo menos en recuperar la decaída imagen de la administración estatal. La gran duda es si esos carteles estigmatizan en lugar de ayudar.


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La buena noticia es que está por vencer el plazo de la comisión anual que el jefe de la Policía Estatal, Óscar Alberto Aparicio, tiene de su corporación de origen, la Policía Federal.

La mala es que, a juzgar por los antecedentes, se sospecha que el gobernador Javier Corral va a requerirlo de nuevo para que siga al frente de la Comisión Estatal de Seguridad, cargo en el que ha tenido un desempeño no malo, sino lo que le sigue a pésimo.

Según las normas de la Policía Federal -que transita ahora a la Guardia Nacional y forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana- Aparicio tiene una encomienda para una tarea en Chihuahua. 

Dicha comisión vence en este mes de noviembre, con una tolerancia de unos días para solicitar la renovación.

La comisión puede terminar si lo solicita el comisionado o si así lo pide alguna de las partes involucradas, es decir el mando federal o el Gobierno del Estado que lo acogió en 2016 cuando por un ridículo conflicto interno se le cayó a Corral un primer nombramiento en la Policía Estatal.

Pero el chiapaneco está muy cómodo, vive a todo lujo a costa del presupuesto estatal sin dar resultado alguno en materia de seguridad. 

Está muy tranquilo porque cobra muy bien... y no precisamente el sueldo formal que tiene. Además no tiene jefe que le exija cuentas, porque sus jefes están fuera de la estructura gubernamental y las cuentas que piden son fáciles de lograr cuando se tiene todo el chorro presupuestal estatal al servicio de la delincuencia.

Por eso Aparicio hasta se da el lujo de soltar versiones de la inminente caída del Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, cargo al que aspira llegar y dejar a la CES en manos de algún incondicional.

Así que por fin se le vence el plazo al comisario, pero no es precisamente para bien si Corral sigue sin entender que es urgente darle seguridad a los chihuahuenses.