Opinion

-Debutará con gran perdón a delitos

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GPS / Columna
sábado, 07 septiembre 2019 | 05:00

-Fiscalía por los suelos, esclarece el 1.2 por ciento

-42 vuelos en poco más de dos meses
 
La prueba de fuego que tiene en sus manos la fiscal Anticorrupción, Gema Guadalupe Chávez Durán, terminará quemándola. Fuentes cercanas aseguran que las investigaciones por la denuncia contra el proceso mediante el que fueron designados jueces y magistrados han concluido y que la resolución viene más suave que una cama de algodón.

Irregularidades por supuesto que las hay y fueron detectadas, pero la funcionaria tuvo que quebrarse la cabeza para generar los mínimos impactos encaminados a garantizar que la consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro, -quien está en vísperas de su retiro-, tenga una salida tranquila y digna.

La denuncia, interpuesta en marzo pasado por el consejero Joaquín Sotelo Mesta, es la carpeta más importante que la Fiscal tiene en su escritorio, la que le habría permitido dar muestras de un compromiso a fondo con el cargo que le fue encomendado, pero no será así. Quien paga salario, manda.

Será un dictamen sin sorpresas, ligero en contenido y con llamados a sanciones administrativas que tendrán menos peso que un llamado a misa.

Quienes conocen a fondo los resolutivos, aseguran que los afectados, al igual que el propio Mesta se encuentran inconformes y buscando ejercer presión para un dictamen más severo, pero que tienen pocas probabilidades para lograrlo.

La realidad es que si algo quita el sueño actualmente al Gobierno del Estado y al Poder Judicial, es encontrar el perfil idóneo de quién ocupará la silla que dejará vacía Lucha Castro.

Dentro de los pasillos de la Judicatura hay rumores de que el grupo de la actual consejera compuesto por mujeres en cargos de toma de decisiones intentan convencer a Corral de que la designación recaiga en la actual titular de la Comisión de Atención a Víctimas del Delito de la FGE, Irma Villanueva, como una manera de perpetuarse en el poder.

Lucha y sus amigas, intentaron sin éxito colocar a Villanueva al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy ven en ella una nueva oportunidad para no perder tan importante coto.

El grupo teme que si la balanza del gobernador se inclina por algún perfil albiazul serán muchas las cabezas que atrás de Castro saldrán rodando, entre ellas la de la titular del Instituto de Formación y Actualización Judicial,  Erika Mireya Mendoza, quien llegó al cargo con el aval de la consejera saliente.


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En el marco de la marcha “Por la Familia, la Vida y sus Valores” que tendrá lugar este sábado, el DIF estatal perdió ayer una de sus batallas. 

Una juez local echó abajo los recursos jurídicos que en los últimos dos años la dependencia promovió para evitar la adopción de una menor, actualmente de 16 años, dentro de un matrimonio homomaternal.

La negativa sistemática generó en febrero de este año una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la directora del DIF, María Isabel Barraza, solicitando sancionar a los funcionarios que en este caso actuaron de manera discriminatoria. 

Pero la recomendación no fue aceptada y sí impugnada ante la Comisión Nacional.

Sin embargo, ayer después de dos años de insistencia y procedimientos realizados por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, el proceso de adopción se concretó en las instalaciones del Registro Civil, convirtiéndose en el primer caso en su tipo a nivel estatal.

La menor es hija biológica de una de las dos mujeres, mismas que contrajeron matrimonio en Chihuahua hace ya tres años.

En ese escenario hoy tendrá lugar la marcha en la que las agrupaciones Provida y Familia (contaminadas por la organización que al respecto hace el PAN estatal) entregarán un documento a los políticos que asistan exigiendo se comprometan a salvaguardar instituciones como la familia, el matrimonio, así como no legislar para despenalizar el aborto en la entidad.


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Mal se ve la Fiscalía General del Estado al promover con bombo y platillo que por tercera vez es catalogada como la mejor del país, según el análisis de Impunidad Cero, y ocultar que la misma investigación establece que en Chihuahua la probabilidad de esclarecimiento del delito es de 1.2 por ciento. Más aún, que casi el 90 por ciento homicidios dolosos quedan sin justicia.

Oculta también que sólo el 12.2 por ciento de la población mayor de 18 años confía en el Ministerio Público, y que una persona debe perder en promedio una hora y media de su tiempo para interponer una denuncia.

Ciertamente la FGE está en el primer lugar, pero la calificación se sustenta en el avance que presenta frente a otros estados en cuanto a la implementación del sistema penal acusatorio se refiere, a tres años de su puesta en marcha  en el país.

Aquí es más fácil sacarse un doble reintegro en un Sorteo Zodiaco de la Lotería que obtener justicia. La impunidad existe, la padecen a diario cientos de chihuahuenses, y si a pesar de los datos anteriores está es la mejor, ni pensar cómo estarán las peores.


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A todo vuelo el gobernador Javier Corral sigue acumulando millas y utilizando a diestra y siniestra las aeronaves del Estado, esas que hace dos años dijo significaban un derroche de recursos.

En un lapso de poco más de 70 días comprendido entre los meses de junio a agosto el góber voló 42 veces dentro y fuera de la entidad, sumando a su cuenta más de 33 horas-vuelo mismas que  según los cálculos del área de Hacienda, implican un gasto de más de 750 mil pesos.

Ni para qué recordar que con ello una vez más incumple su promesa de campaña, aquella de vender las seis aeronaves que integran la flotilla estatal y preferir los vuelos comerciales; eso ya lo sabemos, pero es irrisorio que a estas alturas todavía pretenda popularizar su imagen del padre de la austeridad en México.

Corral se tira al suelo asegurando que el presupuesto de las fiestas patrias será tan a cuenta gotas que prácticamente habrá de torcerles la mano a los proveedores para que la cena al interior del Palacio sea por coperacha, y por otro lado se lanza al cielo en los aviones que mayor costo operativo representan, el Cessna Citation CJ3 y el Turbo Commander 1000.

La famosa austeridad del gobernador son sólo líneas de un discurso político que si el mismo Corral no termina por comprender o poner en práctica, mucho menos se puede esperar que lo hagan sus subordinados.

Prueba de ello es que en 17 meses el gobierno pagó más 178 millones de pesos en gastos de representación de sus funcionarios a otros municipios, estados y países.

Destaca en ese gasto el generado por dos de los servidores públicos que mayor fama han alcanzado por derrochar sin pudor el dinero público: el subsecretario de Economía, Jesús Mesta Fiztmaurice y la Secretaria de Cultura, Concha Landa, personajes tan consentidos por el gobernador que ni un jalón de orejas se han ganado.

En contraparte y en busca de generar los ahorros que tanto argumenta tener, el gobierno estatal ha preferido emprender una política de recortes laborales que han provocado que a la fecha existan más de 440 demandas por despido injustificado, cinco de ellos con laudos a favor de los trabajadores que obligaran al Estado abrir sus arcas para desembolsar el pago de importantes cantidades en indemnizaciones.

Los despedidos corresponden por supuesto trabajadores “heredados” de pasadas administraciones y que desempeñaban de manera adecuada las funciones que tenían a cargo pero que no comulgaban con la doctrina de Acción Nacional.

El gobierno se ha negado a conciliar con ello y laudos que en su momento le pudieron haber costado al erario unos 180 mil pesos, a la distancia de uno o dos años hoy representan demandas de un millón de pesos o más.

¿Y el ahorro dónde está?