Opinion

-Dejan fuera a seis mil 500 de aumento salarial

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GPS / Columna

jueves, 21 julio 2022 | 05:00

-Aclaraciones sobre venta de uniformes

-El acarreo, discusión en elección morenista

-El ridículo de Paco y Gabo ante la Fepade

Vaya revuelo que se armó entre los agremiados de la Sección 52 del Sindicato de Salud que dirige desde hace ya varios años Pablo Serna. Y es que, fue girado un oficio en el que se anuncia un incremento salarial tan anhelado por las bases, del siete por ciento nominal, pero resulta que este sólo aplica al personal administrativo, que son alrededor de 500 en el estado, hecho que generó la inconformidad en otras áreas. 

Desde luego que el ajuste para el personal administrativo es una buena noticia, ya que, en términos generales, se trata de trabajadores que tienen salarios bajos y con los ajustes logrados, obtendrán hasta 2 mil pesos más al mes, una vez integradas todas las prestaciones, entre las que se incluyen ayuda para transporte y despensa. 

Esto generó que el personal de otras áreas “pegara el grito en el cielo”, al considerar que no se les tomó en cuenta a pesar de que también tienen sueldos bajos, con los que apenas alcanzan a satisfacer las necesidades del hogar, ante la inflación incontenible que se vive en el país. 

“A todas y todos los trabajadores de los Servicios de Salud de Chihuahua, les comparto la información del aumento salarial y de algunas prestaciones, aclarando qué es sólo para el personal administrativo, quedando pendientes como dice en el documento los demás códigos, (sic)”, señala el anuncio oficial hecho en Facebook. 

Aseguran en el sindicato que, en los próximos días el ajuste incluirá al resto de los trabajadores, que en conjunto suman 7 mil en el estado; por lo pronto, personal médico, de enfermería, camilleros, paramédicos deberán continuar con sus extenuantes jornadas de trabajo, con la esperanza de que en los próximos meses sean reconocidos con el tan ansiado incremento salarial.

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El pasado 19 de julio, en este espacio fue publicado el bloque titulado: “pretendía forrarse de billetes con venta de uniformes”. Señalaba que el exjefe del departamento de Educación Media Superior, Orlando Aguayo Orozco, pretendía imponer un modelo único de uniformes para las preparatorias estatales. 

En atención a su solicitud, el exfuncionario aclara que en ningún momento se pretendió realizar un negocio personal con la venta de los uniformes y que el modelo único fue aprobado por los directivos de los 21 planteles que integran el subsistema de preparatorias estatales.

Este modelo de uniformes aplica únicamente para los alumnos de nuevo ingreso que serán alrededor de 2 mil y no para el total de la matrícula estudiantil.

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La representante de Comercio de EUA, Katherine Tai, llevó a cabo una solicitud de consultas, en el marco del mecanismo de solución de controversias que contempla el Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá (TMEC).

La razón principal es que las políticas energéticas que actualmente se están llevando a cabo en México podrían tener elementos violatorios de algunos segmentos del tratado: acceso al mercado, inversión, empresas de propiedad estatal.

Se basa en que, según el artículo 31.4.5 del TMEC, las partes iniciarán consultas dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de alguno de los países, a menos que las partes decidan de común acuerdo lo contrario.

Por otro lado, el artículo 31.6.1 del propio TMEC, si las partes no resuelven el asunto a través de consultas dentro de los 75 días posteriores a esta solicitud de los Estados Unidos, podrían solicitar el establecimiento de un panel donde se discutirá al respecto.

Esto es: vienen intensos meses de negociaciones entre ambos gobiernos, que habrán de verse directamente a la cara en el próximo encuentro de Presidentes (y primer ministro de Canadá) en noviembre de este año en la Ciudad de México.

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El acarreo es otro de los temas que habrá de seguirse con lupa por los interesados en ocupar una consejería de las 90 que están en juego durante la elección de Morena que, como ya quedó establecido, será fundamental para la designación del próximo dirigente estatal.

Los dos grandes bandos en disputa, encabezados por el superdelegado Juan Carlos Loera y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, andan quejándose porque hay marrullerías como la compra de votos y operativos que incluso implican el uso de recursos públicos para llevar gente a las urnas el próximo 31 de julio.

Más allá del clásico “a puñaladas iguales, llorar es cobardía”, los integrantes de ambos equipos, que apoyan, respectivamente, a Ulises García y Omar Holguín, deberían preocuparse porque hay observadores dentro y fuera de Morena que nomás están a la espera de un paso en falso para anular la elección. 

Si el proceso termina convirtiéndose en un batidero ambos equipos podrían quedar como los grandes perdedores, dado que el partido busca salir más o menos limpio, o de perdida no tan manchado, de un cambio de dirigencia que no es un fin en sí mismo, sino un medio para proyectos futuros más grandes.

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Una denuncia de los dirigentes del PAN en el estado y la ciudad, Gabriel Díaz y Paco Navarro, respectivamente, sirvió únicamente para que ambos hicieran el ridículo y para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR (Fepade) desperdiciara recursos en nada.

Hace unos días, la casi inexistente estructura de la Fiscalía General de la República en Chihuahua debió movilizarse para localizar a más de una decena de militantes de Morena, acusados por los dirigentes panistas de delitos electorales por supuestamente haber acudido a una reunión política en horas de trabajo.

Buena parte de los acusados fueron llamados a declarar para, básicamente, como en las películas, responder qué estaban haciendo la mañana del seis de diciembre del año pasado, cuando, según la denuncia albiazul, estuvo de gira por algunos puntos del estado la polémica exsenadora y exdiputada de izquierda Dolores Padierna.

Tan malo fue el tino de los denunciantes que quien fuera fundadora del Partido de la Revolución Democrática y ahora delegada de Morena para asuntos municipales, sí estuvo en Chihuahua, pero no en diciembre sino en el mes de enero. 

Así que algo de lo más básico de la querella, como es la fecha, estuvo mal, y a partir de ahí toda la diligencia de la Fepade terminó siendo un fiasco, dado que los señalados andaban haciendo cualquier cosa del día en mención, sin nada que ver con el resto de la denuncia. Ridículo total de los jurídicos panistas.

A ver cuánto tardan en reaccionar tanto los acusadores como el elefante reumático de la Fepade; también a ver cuándo reaccionan los dirigentes de partidos, que gastan así miles o millones de pesos de recursos públicos de instancias que forman parte del simulador sistema político mexicano.

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La irresponsabilidad corralista al criticar una autorización de enajenación con subsidio para generar empleo a través de American Industries SA de CV, realizado por el Congreso en días pasados, no tiene límites. Fue una muestra más de su locuacidad irresponsable.

Tenemos el acta de fecha 22 de abril del 2019, en la cual se autoriza una enajenación similar a la que ahora se critica, y a la cual se refirió el diputado Mario Vázquez en su durísima carta al exgobernador.

Ni uno solo de los titulares de secretaría involucrados firmó. Ni de Innovación y Desarrollo Económico, ni de la Secretaría General, ni de Desarrollo Urbano, ni de Comunicaciones y Obras Públicas, ni siquiera de la Función Pública, entonces encargada de despacho.

Es claro que no sabía lo que hacían sus funcionarios, porque la pasó en el golf y el tenis, cuando estaba en tierra, pero ahora resulta que tampoco estuvieron oficialmente y de manera directa enterados sus secretarios, porque no fueron a la reunión. Si mucho le preocupaba el tema al exgobernador, ahí tendrían que haber estado presentes sus altos funcionarios e incluso él mismo.

El único titular que firma es Fabián Santana, a la sazón coordinador general de la Promotora para el Desarrollo Económico.

De los suplentes o quienes firmaron por ausencia, nadie dijo ni pío. Teníamos esperanza de que alguno de ellos se hubiera pronunciado acerca de la supuesta ilegalidad, el capricho o el abuso de poder para autorizar una enajenación a precio de dólar por metro cuadrado. 

Pero nadie hizo nada de eso, porque es práctica común de los diferentes niveles de gobierno, generar incentivos para promover el empleo a través de la inversión privada, como ahora hizo el Congreso de manera reciente.

“De acuerdo al modelo de análisis económico cuantitativo realizado por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua para este proyecto, se llegó a la conclusión que el nivel de empleo e inversión de Leoni, así como sus factores indirectos de inversión, como el sector estratégico y su locación geográfica es suficiente para proponer al comité la venta del inmueble a un precio subsidiado”, reza el acta de aquel entonces.