Opinion

-Desde la cárcel apuesta todo el resto

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GPS / Columna
miércoles, 23 octubre 2019 | 05:00

-Seguro habrá compensación por Ichitaip

-El ataque chilango a Maru Campos

-Van vs el plebiscito tras quedarse dormidos


Aquellos días felices de comidas en lugares exclusivos, bajo la cobertura del viático agradable desde una posición privilegiada, como lo muestra la foto que le presentamos en nuestra edición digital de GPS, quedaron atrás para Jesús Manuel Esparza, en el momento mismo que cayó en desgracia judicial. 

Hoy la fría celda y con una plancha de cemento como cama, no lo minimiza ni lo maniata como rival político. Al contrario, lo impulsa para enfrentar con uñas y dientes su situación.

Ha dado muestras en las últimas semanas de un activismo inusual en sus condiciones, pero que cualquier persona, acorralada y sin visos de salir libre, optaría por quedarse quieto, sin importar religión, partido político o clase social. 

Se defiende como gato patas para arriba y eso debe motivar aunque sea una pequeña reflexión para el nuevo amanecer.
 Lo vimos, guardadas las proporciones, con Juan Blanco, ex diputado federal, o con Rodolfo Torres Medina, ambos en su calidad de ex alcaldes, quienes sufrieron persecución atroz y que también utilizaron cualquier arma política y estrategia jurídica a su alcance para defenderse.

Por ello, sin tapujo alguno -está de por medio su libertad- Jesús Manuel revela condiciones de su defenestración en la Auditoría Superior del Estado, posición que constitucionalmente no debió dejar por renuncia como lo hizo, pero a lo cual se vio obligado por una perversión corralista. Le pusieron la lumbre en la coronilla misma. O soltaba el preciado hueso o se atenía a las consecuencias, que a la postre debió enfrentar porque negoció con quien no tenía la más mínima intención de cumplir su palabra.

Fue acorralado en una situación de traición y operación política, en un esquema corrompido de la decisión de un solo hombre, para tratar de ponerlo de rodillas, como hicieron con varios de los destinatarios de la Operación Justicia para Chihuahua. 

Esa trama es la que describe con matices y claridades, el ex auditor superior en su más reciente publicación en face.
 Mediante señalamientos y amenazas, se dice víctima de un complot para forzar su renuncia, situación gravísima de la cual acusa -sin decirlo directamente- al gobernador Javier Corral mediante operación directa del diputado Jorge Soto. 

Una trama en la cual intervienen agentes del ministerio público, medios de comunicación, jueces de primera y segunda instancia, Consejo de la Judicatura y los órganos fiscalizadores, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado.

Una manipulación de carpetas de investigación y expedientes judiciales, que pisoteó autonomías de órganos carentes de cualquier imparcialidad, es lo que exhibe las revelaciones de Esparza, que anuncia no se detendrán, hasta revelar todo el entramado construido por Corral para obligarlo a renunciar. 

Una nueva faceta de los expedientes X que no sorprende a propios ni a extraños y que a la vuelta de la esquina, se convierte en una moderna guillotina que se levanta contra los actuales monarcas y sus aduladores, palabras casi textuales de Jesús Manuel Esparza.


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Quedará cómodamente reducido a tres integrantes el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la información Pública, con una mayoría garantizada para adoptar resoluciones.

La única piedra en el zapato será Rodolfo Leyva, pero ya no tendrá que sufrir Palacio de Gobierno en la negociación de dos posiciones que tendrían que ser otorgadas cuando menos a Morena o a cualquier otro acreedor de favores políticos como el Partido del Trabajo.

La reforma constitucional pasó al ser incluida de sorpresa dentro del orden del día, desde una decisión discrecional de la legislatura, que no respeta formas ni fondo.

Curiosamente Morena ve desperdiciada la posibilidad de negociar una posición de primer nivel para uno de sus correligionarios, inexplicable situación para muchos militantes que tienen el perfil y que hoy deberán quedarse con un palmo de narices.

Fue una negociación de primer nivel para conseguir 25 sufragios, sobre lo cual debemos estar al pendiente -viene el nombramiento del representante o de la representante del gobernador en el Consejo de la Judicatura- mucho más allá de la simple lógica de comprar el argumento de la austeridad o la estandarización con organismos transparentes reducidos en la mayoría de las entidades federativas.

En el bajo mundo de la política se trata de posiciones, negociación por espacios. Si hay cesión en Ichitaip, en algún otro lugar se está abriendo un boquete del mismo nivel. Es una ley de la física llamada compensación.


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Dos decenas de alcaldes panistas, priístas y perredistas, entre quienes se encontraba la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, fueron rociados con gas pimienta, de manera inmisericorde, frente a una de las puertas de Palacio Nacional.

Fue una rudeza innecesaria la cometida por las fuerzas de policía ayer cerca de las siete de la mañana, sólo por empujar el reforzado portón de pesada madera y más aún cuando está fresca en la memoria que el dos de octubre pasado no sólo se golpeó la puerta, sino que se le prendió fuego.

Usando el lenguaje coloquial chairo, los alcaldes fifís apenas empujaron la puerta, cuando estratégicamente se esparció el efectivo gas, que hizo lagrimear con fuerza a los presidentes municipales, que buscaban una audiencia para plantear la necesidad de fortalecer financieramente a los ayuntamientos, en lugar de perjudicarlos en la próxima ley de ingresos.

Es infantil el argumento utilizado por Jesús Ramírez, el flamante vocero presidencial, de acusar que los alcaldes actuaron violentamente y se pusieron en riesgo por las obras de remodelación que se realizan.

En la imagen publicada en nuestra edición digital podemos ver a Maru Campos. Sus ojos llorosos lo dicen todo. Lástima que en lugar de solidarizarse con la chihuahuense el senador, Cruz Pérez Cuéllar, la haya atacado.


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Tuvieron 90 días de plazo para reunir firmas. Antes tuvieron un mes de discusión pública y después alrededor de dos semanas en lo que el Instituto Estatal Electoral convocaba por primera vez a un plebiscito en Chihuahua.

Tuvieron también los medios suficientes para recolectar firmas y hacer campaña contra un proyecto de alumbrado público que no les agrada. Además dispusieron de tiempo de sobra para promover el no ante un eventual ejercicio de participación ciudadana.

Pero se quedaron dormidos en su tarea. Juntaron firmas y se echaron a dormir, en vez de aprovechar el plazo legal para exponer por qué estaban en contra del proyecto de reconversión del alumbrado público de la capital que se promueve por la administración de Maru Campos.

En vez de eso y después de tantos meses, ahora el colectivo Chihuahua Decide -integrado por la Red de Participación Ciudadana, Wikipolítica y "Másde3"- impugna el plebiscito convocado por el IEE. Convocado a propuesta precisamente de las mismas agrupaciones que ahora están inconformes. 

Ellos, los que se oponen, pidieron el plebiscito. Ahora que se aprobó están en contra y lo van a impugnar, porque es muy pronto para hacerlo.

El argumento de que se aprobó muy rápido y no tiene por qué pagarlo el ayuntamiento genera sospechas sobre los intereses que están detrás de los promotores del plebiscito, que ahora están inconformes con que se realice el 24 de noviembre.

El que sea en estos mismos meses es lo más sano para evitar la incertidumbre sobre la inversión. Y que lo pague el IEE, el Estado, el Municipio o la Federación es lo de menos, finalmente son recursos públicos, es dinero de la ciudadanía.

¿Qué los motiva a estar sistemáticamente en contra de que avance el proyecto de alumbrado? ¿Por qué pidieron plebiscito y ahora que se aprobó están en contra de que se realice este mismo año? ¿Qué se esconde en realidad en el movimiento que dice promover la participación ciudadana? Son preguntas para pensarse.