Opinion

-Desde su casa operaban servicios periciales

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GPS / Columna
martes, 21 mayo 2019 | 05:00

-Más pronto cae Aparicio que un cojo

-No es lo suyo la libertad de expresión

-Rosy Gaytán carga su historia en el duartismo


Los altos mandos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se encuentran en aprietos, pues hay versiones de fugas y manipulación de un sistema informático denominado "Info Forense".

En dicho software, creado por el Departamento de Informática y considerado seguro, no vulnerable a hackers, se registran datos, fotografías, informes de escenas del crimen, por una orden girada desde el año 2017.

Pero el programa ya tiene más de 10 meses “dañado”, lo que quiere decir, para algunos, que ha sido vulnerado; y esto representa la pérdida de información sensible de decenas de casos de alto impacto de la capital del estado, como ejecuciones, masacres, atentados a policías y demás sucesos que son el pan de cada día, pero revisten importancia para algunas investigaciones.

Cargar información al Info Forense estaba en las tareas obligatorias de los peritos de campo y se apostaba gran parte del proceso ministerial a esta herramienta, por su supuesto alto grado de seguridad.

Por eso ahora que ha hecho crisis la pérdida de datos importantes, sudan la gota gorda el director de Periciales, Daniel Jaramillo; el coordinador regional Miguel Wilchis; el perito a cargo del departamento Víctor Mariñelarena, el genetista Heberth Castañón y el jefe de Informática Édgar Ávila, quien tenía acceso desde su casa a este sistema, con el permiso de todos los jefes de la Fiscalía Zona Centro.

El asunto se maneja con extrema discreción pero ya está generando mucho ruido debido a los daños ocasionados.

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Se echan las campanas al vuelo con total desparpajo en materia de seguridad sin pensar que la terca realidad, auspiciada por la incapacidad oficial, al final se impone.

Apenas había salido Oscar Aparicio a declarar que habían detenido a los principales generadores de la violencia en la entidad, cuando los asesinatos se presentaron con singular crudeza.

“Este día -posteó el jefe policiaco- junto con el Gral.Brigadier DEM Álvaro Juárez Vázquez, Jefe de Estado Mayor de la 5ta Zona Militar, anunciamos la captura de los principales generadores de la violencia en Chihuahua #UnidosConValor #CES”.

Esa temeraria afirmación ocurrió apenas a mitad de semana.

Pero más tarda en caer un hablador que un cojo. Mayo ha sido el mes más violento del año, casi con cinco ejecuciones diarias nada más en Juárez.

El triunfalismo oficial, necesario ante la falta de resultados, aspirina inútil ante la grave situación que se vive en materia de violencia, chocó de frente contra los homicidios del fin de semana.

Dos personas murieron al ser ejecutadas después de una persecución en la carretera Juárez Porvenir.

Pero antes, en la misma semana, fueron también dos los ejecutados en la carretera corta a Parral; y varios más asesinados en las ciudades de Chihuahua y Juárez.

Ser jefes de policía en redes sociales poco beneficio le trae a los chihuahuenses, que viven con el Jesús en la boca por la incesante ola violenta que los aqueja.

Para colmo Chihuahua volvió a ser nota nacional por las fosas clandestinas y los cadáveres localizados ahí.

Una situación de completa ausencia de autoridad.

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Reprobado se encuentra el nuevo amanecer en materia de libertad de expresión, de acuerdo con un estudio auspiciado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia.

Resulta que, con base en los indicadores de independencia, seguridad, marco legal, aspectos atribuidos a la política pública del gobierno del estado, el análisis impide defensa alguna.

En cuanto al marco legal, donde la calificación del 1 al 10 es apenas del 3.2, la administración estatal se ha empeñado en impedir cualquier protección en la materia.

Su proyecto de publicidad es un intento de coerción sobre los medios, para sofocar el sistema de comunicación social que se ha construido a lo largo de los años.

Por lo que tiene que ver con la independencia de los medios, donde la valoración es de 4.3, se mide la política de publicidad que precisamente ha adoptado el gobierno estatal.

Es lastimoso que exista un subejercicio, en 2017 y 2018, verdaderamente increíble. En el 17 sólo se ejerció el 23 por ciento del recurso autorizado y en el 18 el cincuenta por ciento más o menos.

Con la característica de que el dinero fue concentrado sólo entre algunos proveedores, particularmente el favorito, el canal 28, con millonarios recursos contratados sin justificación alguna.

En cuanto a seguridad, también el resultado es desastroso, al ubicarse en 4.0. Ha existido una persistente política de atacar y lesionar a los reporteros y medios de comunicación, sin voluntad alguna en el esclarecimiento real y a fondo de los atentados.

El único aspecto donde la libra Chihuahua en los indicadores es en lo que tiene que ver con transparencia, el cual se encuentra a cargo de un organismo autónomo e independiente al gobierno de Javier Corral.

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Luz Estela Castro tiene una actividad constante y permanente. No se detiene en detalle alguno en su operación política.

Es consejera de la judicatura estatal, pero al mismo tiempo ejerce de asesora del gobernador Javier Corral.

En la imagen, la abogada en amena charla con el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, quien se ha convertido en un elemento de fuerza política que la administración estatal tiene siempre en el radar, inclusive impulsado.

Lozoya es un activo independiente hacia los comicios del 2021. Se deja querer en los operadores del nuevo amanecer, en preparación de futuras alianzas.

La foto no es reciente. Un amable lector la recuperó para esta columna. Fue una visita que la consejera realizó a los tribunales de Parral. Por supuesto, no desaprovechó la oportunidad para operar con el sagaz munícipe parralense.

¿Qué puede haber platicado la operadora del nuevo amanecer con el alcalde? Evidentemente no se trata de quejas por impartición de justicia.

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La diputada Rosa Isela Gaytán tiene una historia que contar en relación con los medicamentos falsos detectados en Ichisal.

Ella era el brazo jurídico del entonces secretario de Salud, el doctor Basilio Barrios y posteriormente, tras la defenestración del mismo, de su sucesor Pedro Hernández.

Su currículum, el que se encuentra en la página del Congreso del Estado, sólo consigna el cargo desempeñado como directora jurídica de Servicios de Salud de Chihuahua.

Pero no establece la fecha. Tiene un conveniente espacio en blanco. Es todo lo que señala como experiencia profesional. La imagen en nuestra edición digital.

Quienes saben del tema nos dicen que llegó al Seguro Popular en 2010 como responsable del jurídico y después asumió el puesto en oficinas centrales, por decisión del mismo gobernador César Duarte.

Fue la mujer fuerte dentro de la operación de las oficinas de Salud, en la operación jurídica y política, de total y completa confianza de Barrios y Hernández.

Hasta que se retiró para ir a una regiduría afortunada a finales de la administración y luego a la diputación, que hoy ostenta.

La información toma relevancia cuando se anuncia la judicialización de la falsificación de medicamentos no sólo en Ichisal, también en Pensiones Civiles del Estado.

Situaciones aparentemente aisladas, pero que tienen puntos de conexión con proveedores favoritos de la administración anterior.