Opinion

-Discriminan a “Chelita” nomás por ser indígena

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GPS / Columna

viernes, 12 noviembre 2021 | 05:00

-Se fueron y caen las primeras recomendaciones

-Un simple oficio hace la diferencia con los agricultores

-El señor presidente y la señora gobernadora, en palacio

El ser oposición no significa demeritar el trabajo de los demás compañeros, premisa que tal vez les falta comprender a los regidores de Morena y el PT.

Esos opositores desairaron la labor de la primera y única regidora rarámuri de Chihuahua, Graciela Rojas Carrillo, mejor conocida como “Chelita”, en un acto de discriminación para un grupo vulnerable que resulta incluso contradictorio en la ideología progresista que promueven.

El hecho se dio cuando en plena sesión de cabildo, el pasado miércoles, la regidora que representa al PAN y a su comunidad indígena, presentó el dictamen para aprobar el Comité de Ecología y Cambio Climático.

Su proyecto fue aprobado por mayoría y no por unanimidad, ya que cuatro regidores opositores votaron en contra sin presentar algún cuestionamiento, algo que notó muy bien el secretario del Ayuntamiento, Santiago de la Peña. Hasta extrañado se mostró el funcionario.

“Chelita” es presidenta de dicha comisión, en la que participan como secretaria Ishtar Ibarra de Morena y como vocal la panista Patricia Ulate. 

Son dos del albiazul y una morenista, sin embargo se dice que hubo previamente una discusión por no reunirse en tiempo y forma previamente, más que nada porque no encontraban a la de la izquierda.

De esta forma, a pesar de ser novata en el ramo, “Chelita” ha tratado de desenvolverse lo mejor que puede.

Aunque representa a un partido conservador o clasista, dirían algunos, notó el mal gusto por parte de Eliel García, Ishtar Ibarra, ambos de Morena, así como los del PT, Alejandro Morán y Hanoi Aguilar, que supuestamente representan a los más necesitados. 

Fue evidente el trato para hacerla menos al no apoyarla y al parecer sólo por discusiones personales, algo que no debe caber cuando se toman decisiones en administración pública.

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Ya empezaron a caer las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General del Estado, las que se dilataron enormidad en salir y que señalan responsabilidad para César Augusto Peniche y su personal.

Por lo pronto son dos que aún están en tiempo de ser contestadas pero por el nuevo Fiscal Roberto Fierro. Es más que evidente esperar un nuevo rasero en la asunción de esas faltas y la responsabilidad de quienes las hayan cometido.

La primera de ellas se refiere a una víctima que sufrió de una posible negligencia médica, derivada de un accidente automovilístico. Es la recomendación 5s.1.027/2021.

Encontró el personal de la Comisión de Derechos Humanos que hubo una dilación inexplicable en el seguimiento a la carpeta de investigación, que terminó por hacer nulo el derecho a recibir una reparación del daño. Pasaron casi cinco años para que existiera una resolución.

La otra es aún más delicada, se trata de un operativo armado en una casa, donde detuvieron a varias personas, al parecer hubo siembra de droga y armas. De manera olímpica fueron negados los acontecimientos en aquel entonces.

Es la recomendación 5s.1.029/2021, sobre hechos ocurridos en marzo del 2019, donde se acreditaron golpes y abusos para obtener declaraciones incriminatorias.

En ambas recomendaciones se exige la reparación integral del daño por parte de la autoridad. Son las primeras resoluciones, seguramente vendrán más.

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No se entiende porqué a casi cinco semanas del acuerdo entre gobierno del Estado y secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, se ha abstenido de enviar un oficio, un simple oficio, al juez de la causa, solicitando el cambio de la medida cautelar decretada en contra de los agricultores de la guerra por el agua.

Es más que obvio que tratándose de un acuerdo político, no existe nada que le impida al Fiscal ordenar a uno de sus agentes del ministerio público el oficio, de conformidad con las atribuciones que tiene de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tiene en todo momento el MP la facultad de pedir esa modificación, de prisión preventiva a libertad en alguna de sus modalidades, cuando exista confianza en que el reo no se sustraerá de la acción de la justicia o en su caso, cuando hay negociaciones para un acuerdo reparatorio. Ambos casos son aplicables tanto a Andrés Valles, como a los otros tres agricultores.

Ningún sentido tiene, que, existiendo una negociación de alto nivel, se envíe a los abogados de los detenidos a seguir el camino largo y tortuoso de un amparo, cuando hay un camino corto, cortísimo, que no implica más que elaborar dos párrafos sobre una hoja tamaño carta u oficio, imprimirlo y entregarlo en el juzgado de distrito. Tal vez el tema se llama voluntad política, que hasta el momento no se ve del lado federal.

La desesperación de las familias y de los mismos agricultores de la zona sur ya es mucha, cuando los tres agricultores cumplieron el año detenidos en fría celda y Andrés Valles va para los seis meses.

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Claro que les preocupa a los trabajadores de la salud el anuncio de que no caerá adelantado el aguinaldo para aprovechar el Buen Fin, porque es mal presagio para otras prestaciones, como los bonos que para fin de año se les paga y que es rumor que también podrían retrasarse.

No hay por el momento ningún comunicado oficial al respecto, como ocurrió con el pegote en una puerta, en el que se anunció la mala nueva del pago de aguinaldo en fechas oficiales antes del 15 de diciembre y no de manera adelantada como en principio se suponía.

Pero aún más, ese anuncio firmado por Pablo Serna, el dirigente de la sección 52 del sindicato de Salud, sin decirlo, se extiende a todos los trabajadores de confianza y de contrato, no sólo a los integrantes sindicalizados. En los hechos habrá un “o todos coludos o todos rabones”.

Incluso de coletazo pegará también no sólo al personal de salud federalizado, sino a personal de otras instancias que también dependen del recurso que viene del centro del país. De ese tamaño es el problemón.

Andará capoteándolo el Secretario de Hacienda Estatal y el Secretario de Salud, por lo pronto, buscando que no se vaya a ir el impago más allá de la fecha máxima establecida por ley, como garantizó Pablo Serna en su escueto comunicado.

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Publicamos aquí hace apenas unos días que el artista Virlán García cantó no una sino varias melodías que hacen apología de delitos.

El municipio atendió de inmediato la publicación y a estas alturas se está sancionando a los organizadores con una multa por encima de los cien mil pesos.

Ha tratado el ayuntamiento, no sólo en esta administración, sino en anteriores, de consolidar las ferias como lugares de sano esparcimiento familiar en lugar de cantinas ambulantes.

Sólo con este tipo de acciones radicales se puede lograr. Se vio bien el alcalde Marco Bonilla al instruir que el tema no pasara desapercibido.

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El apretón de manos entre Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar en palacio selló lo que puede ser una alianza de facto para echar la leña al asador en beneficio de los juarenses.

No hubo discursos engolados ni grandilocuentes, de una parte ni de la otra. Fue un encuentro ante los medios sumamente institucional. Fueron Gobernadora y Presidente, no Maru o Cruz. 

Una sencilla entrevista banquetera afuera de la secretaria particular fue suficiente para ratificar respeto y voluntad de acciones concretas para la Ribera del Bravo, una de las zonas más depauperadas de la frontera.