Opinion

-Donde le piquen salta la pus

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GPS / Dominical

domingo, 08 mayo 2022 | 05:00

De los 73 millones que la Secretaría de Cultura gastó en el 2019 bajo el rubro “Servicios Personales”, hay contratos por honorarios y consultorías por 12 millones 300 mil pesos a 91 profesionales, para que se hicieran cargo de actividades vinculadas con administración, procesos, técnica y tecnologías de la información. 

A tres años cero observaciones al respecto a la viajera Concepción “Concha” Landa, la flamante titular de dicha institución.

No sabemos qué hicieron en concreto todos esos “asesores”, ni los informes que rindieron, ni porqué tantos, dónde estuvieron todo ese tiempo y cuáles fueron las labores desempeñadas, interrogantes que probablemente quedarán sin respuesta, aún y cuando se habla del concepto “varios (72)”, con un gasto de 9 millones de pesos, ellos solitos.

Esos gastos por honorarios representan casi el 20 por ciento del monto por sueldos de la Secretaría que fue una ocurrencia del corralato, para sustituir al funcional y más delgado Instituto Chihuahuense de la Cultura, un órgano descentralizado, con unos cuantos funcionarios, que tenía como principal actividad organizar el Festival Internacional Chihuahua y administrar los Teatros propiedad del gobierno del Estado. Lo mismo que vino a hacer la Secretaría de Cultura.

Ese órgano solo incrementó los costos del aparato burocrático, para que “Concha” Landa se diera vuelo, junto con Austria Galindo y otros funcionarios, en sus viajes internacionales supuestamente para atraer eventos.

Los sabuesos de la ASE encontraron sólo 147 recomendaciones al Gobierno del Estado, de las casi mil 500 detectadas a organismos descentralizados y municipios. Nada.

De hecho, durante 2019 sólo hay en el informe general de la Auditoría Superior del Estado, 14 informes de presunta responsabilidad administrativa, para todas las dependencias del Ejecutivo Estatal, consideradas faltas no graves.

Esta situación, producto de la omisión y ausencia de sentido administrativo por parte del gobierno estatal –tememos- no traerá responsabilidad alguna. 

De ese tamaño es la importancia de la revisión que deberá culminar esta semana por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, ver con lupa el informe general y los individuales rendidos por la ASE, para enmendar la plana si es necesario.

Tienen la bola en su cancha la presidenta de la Comisión, la morenista Leticia Ortega, su correligionario Benjamín Carrera; el priísta Noel Chávez, el emecista Francisco “Pancho” Sánchez, y las panistas Rosa Isela Martínez y Carla Rivas.

A ellos corresponde la primera llamada de atención al régimen corralista por el desaseo administrativo de cinco largos años.

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Ni para dónde hacerse en las diversas dependencias centrales y descentralizadas de la administración estatal, en aquel lejano 2019. Donde se revise brotan recomendaciones, narrando situaciones que deben dar pie a sanciones. Es lo que se observa, pero no sabemos qué hay debajo de ese mar de documentos y comprobaciones.

En la auditoría de Obra Pública realizada a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, donde despachó el innombrable Gustavo Elizondo, hay varios, por no decir muchos asuntos en los que pensamos deberían ir más al fondo.

Se observó la ausencia de dictámenes de impacto ambiental e incluso su presentación fuera de tiempo, en diversas obras, algunas de ellas incluso emblemáticas como el Parque Infantil, el centro de salud Todos somos mexicanos o el Hospital de Ginecobstetricia de Parral.

Pero donde está la carnita es en el hallazgo de precios unitarios mayores que los determinados por la Auditoría Superior del Estado, que deben ser millones o el cobro de maquinaria como por ejemplo motobombas, al momento de edificarse zapatas porque las empresas consideraban que pudieran encontrarse con agua, cuidando en todo caso debiera ser un gasto extraordinario de presentarse la situación y no al revés.

Lo mismo ocurrió con cimbras, estimaciones incompletas y volúmenes pagados por mayor dinero que el ejecutado.

Estamos hablando de más de 700 millones en obras realizadas por la Secretaría, que requiere una mayor acuciosidad y por supuesto agudeza al momento de revisar. En ese descuido de los centavos se fueron los pesos, millones de ellos. La revisión puntual de licitaciones es obligada, en particular aquellas obviadas mediante contrato directo.

Otro caso es el de Pensiones Civiles, que quedó hirviendo en problemas. Hay pecados que tienen que ver con inconsistencias en domicilios de proveedores e información falsa, pero donde sabemos podría haber mayor cuidado en la revisión es en el manejo desaseado de los medicamentos y equipos, lo mismo en Ichisal que en Servicios de Salud.

Hay en la revisión en Pensiones inconsistencias en domicilios de proveedores, información falsa de proveedores como es el caso de la empresa Genéricos inyectables de Guadalajara SA de CV. Hay detalle en la adquisición de medicamentos, como es el caso de la clave H109, que declarada desierta su adquisición en licitación pública, fue adjudicada de manera directa.

Está también el caso del medicamento adquirido fuera de cuadro básico del sector salud, por autorización de un comité, como la Prednisona, una compra por 350 mil pesos, que ahí queda solventada, pero con aroma a mal manejo.

Además, se puede encontrar en el dictamen específico de la cuenta pública pagos efectuados a proveedores sin los registros contables, desorden total en la información.

En el Instituto Chihuahuense de Salud hay de todo, desde la falta de cobro de penas convencionales por incumplimiento de contratos por cuatro millones de pesos, medicamento no suministrado, recetas parcialmente surtidas, y lo que parece una joya para el desorden, medicamento caduco por dos millones en el Hospital de la Mujer y con nulo movimiento.

En servicios de salud se detectan dos electrocardiógrafos desaparecidos, que luego aparecen, pero con una factura con precio diferente, que en el colmo no habían sido instalados por responsabilidad del hospital y el proveedor Viter Medical, todo ello en el Hospital Infantil de Especialidades de Juárez.

Encontramos también medicamento no suministrado por un volumen de dos mil de seis mil piezas que debieran haber sido surtidas, cuando debieron haber sido entregadas de febrero a septiembre.

Así innumerables hallazgos no sólo en estas dependencias, sino también en el resto que componen la administración centralizada y descentralizada estatal. En el detalle está el diablo.

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Tendrían que ir a una revisión detallada los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, y luego de manera posterior los 33 integrantes del Poder Legislativo, para revisar con lupa las inconsistencias.

La cuestión es que, de acuerdo a las modificaciones al sistema de fiscalización, lo que encuentren los legisladores sólo serán sugerencias, que pueden ser o no atendidas por la Auditoría Superior del Estado. No son vinculantes en modo alguno.

Fue dicho órgano autónomo manipulado de principio a fin por la administración corralista. Fue sacado a rastras Ignacio Rodríguez de la titularidad y luego designado en el cargo Héctor Acosta, quien es el responsable del informe sometido al dictamen de la Comisión.

Vino la ley que le quitó al Congreso la facultad de aprobar o no la cuenta pública, y lo dejó todo en un órgano técnico supuestamente autónomo, designado con evidente intervención corralista. 

El contexto es de omisión y ausencia de administración durante cinco años que dejaron una estela de derroche, abuso y tiradero.

La cuestión es hasta dónde se va a saber y sancionar los actos cometidos por el exgobernador Javier Corral y sus principales funcionarios en la administración de miles de millones de pesos en perjuicio de los chihuahuenses que exigen cuentas.