GPS / Columna

lunes, 01 abril 2019 | 19:53

 -Argumento no válido para subir transporte

-Apunta a que no habrá reestructura pronto

-Nepotismo ramplón en la Secretaría de Bienestar 

Piensan mal y se equivocan en sus cálculos los indiciados en los famosos expedientes X si consideran que el gobernador los dejará en paz.

Ahora fue Alejandro Villarreal, el exdirigente de la Sección Octava del SNTE, quien de nueva cuenta fue aprehendido, ahora a las cuatro de la mañana, en su propio domicilio.

Es obvio que las órdenes de aprehensión pueden ser ejecutadas a cualquier hora, pero salvo que exista riesgo real de evasión, por lo regular son ejecutadas en horarios más decentes y no en las penumbras de la noche.

Es la segunda vez que se la hacen al exlíder magisterial.

Es este simple detalle un elemento importante a considerar al momento de calcular el nivel de testosterona que existe en estos expedientes, elevados al mil.

Había que dar una nueva lección a los responsables del millonario desfalco, cómplices del vulgar ladrón, quien continúa ligerito sin problema alguno, dándose el lujo hasta de pelear con uñas y dientes por una militancia en el PRI.

Ahí no hay trabajo de madrugada ni de fines de semana. La causa duerme el sueño de los justos, desquitando todo el poder de la Fiscalía en los peces flacos.

Por cierto, hoy reinicia el juicio máximo en los expedientes X contra del exsecretario Alejandro Gutiérrez.

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En ecos de la pasada sesión del mencionado consejo consultivo de transporte, que más bien se convirtió en una reunión comparsa tendiente a justificar un insostenible aumento, llama la atención que uno de los argumentos fuertes para mover la tarifa sea el precio promedio en principales ciudades del país.

Entre dichas ciudades se encuentra Mexicali (15.30), Torreón (13.00), Querétaro (11.00), Durango (10.00), San Luis (9.50); Hermosillo, Morelia, Acapulco y Saltillo a nueve pesos el costo del pasaje por viaje. Son los más altos, pero hay otros más bajos como Tuxtla a 6.00 o Mérida a 7.50. En promedio el precio es de 9 pesos con 65 centavos.

En las ciudades fronterizas el precio promedio es más elevado, es de 10 pesos con 33 centavos, con Tijuana y Mexicali a 15 pesos; San Luis Rio Colorado, Nogales y Agua Prieta a 9 pesos. El precio más bajo es el de Juárez, a 8.

Como se observa -habría que estar ciego para no verlo-, los números no dan para autorizar una tarifa de 13 pesos, con precios tan disímbolos, como lo pretenden los transportistas, que no quitan el dedo del renglón, bajo el argumento de que el consejo finalmente sólo es consultivo y no definitivo.

La esperanza de los transportistas se encuentra en el gobierno del estado, a quien están exigiendo bajo el agua cumplir la promesa del año pasado de actualizar tarifa en lo oscurito, cuando menos el peso prometido, para llegar con una tarifa diferenciada a 8, 9 y 10 pesos, contra lo que actualmente se cobra que es de 7, 8 y 9.

Esta tarifa diferenciada es única en el país, con excepción de algunas zonas metropolitanas como la ciudad de México, donde se cobran entre cinco y 7 pesos.

En el fondo, la tarifa no puede ser sacada como por arte de magia de promedios de precios de otros estados, porque las condiciones económicas y sociales son muy diferentes.

Mas bien debe estar condicionada a la prestación misma del servicio, en términos de calidad y eficiencia, palabras que por supuesto transporte ni los camioneros conocen.

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De tropiezo en tropiezo. La reestructura parece no llegar, y con ella, el sueño guajiro de aprovechar los pasivos como instrumento financiero que le dé un respiro a las frágiles finanzas estatales.

Ahora fue la acción de inconstitucionalidad 33/2019 interpuesta por diputados de diversos partidos, y que le pone freno a la firma de los contratos de la adjudicada negociación. En la edición digital la imagen del índice de la SCJN.

Dicen que serán 90 días, pero en realidad no se sabe cuánto tiempo tardará el Poder Judicial de la Federación en resolverlo. Los tiempos los marcan los togados, ahora con un timing político moreno.

Una situación que aleja cualquier posibilidad de que la administración corralista tenga realmente la posibilidad de disfrutar el supuesto ahorro que significa la reducción en las amortizaciones mensuales.

Supuesta, porque la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) es un auténtico albur, con un país que ha sufrido en los últimos dos meses una reducción por parte de calificadoras como Standard and Poor´s y Moody´s de la perspectiva de estable a negativa.

Arturo Fuentes Vélez, el Secretario de Hacienda, estará con el bendito en la boca, porque de no haber resolución en esos tres meses, habrá que volver a licitar de nuevo, en un cuento de nunca acabar.

Se le van a pasar a Corral los cinco años queriendo reestructurar y nada.

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Si ya están en auténtica crisis las organizaciones sociales que brindan atención a migrantes, con la decisión de facto de considerar a México como tercer país seguro, el asunto está por tronar.

El gobierno de los Estados Unidos habrá de repatriar a México a los inmigrantes que han cruzado por nuestro país en número de miles -sólo en El Paso se tenían trece mil-, para que esperen la decisión de asilo.

Si ya cruzaron, ahora vendrán de regreso junto con sus pocas pertenencias y familias, a engrosar los problemas que ciudades fronterizas como Juárez ya enfrentan.

Piensa Marcelo Ebrard al frente de la cancillería mexicana que con negar que México sea considerado tercer país seguro, con eso habrá de resolver el problema. 

Se equivoca. Urgen apoyos de la federación, que en el tópico ha sido irresponsablemente omisa.

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En la Secretaría de Bienestar y en las oficinas del delegado en la capital, Marcelino Gómez Brenes, hay quejas contra personal que no sale a censar y en cambio cobra muy bien, gracias a la amistad con el joven funcionario.

Mientras los “servidores de la nación” salen a diario a trabajar sin viáticos y con sueldo de apenas nueve mil pesos mensuales -que se les va en comida y gasolina, pues no les dan ni para eso- amigos de Gómez Brenes cobran sueldos jugosos sin la molestia de salir al sol primaveral.

De la dependencia citan como botón de muestra a Javier Álvarez, quien trabajó en la administración de Marco Adán Quezada, de los que labora sin quemarse la piel y además tiene en la nómina a su hijo Rashid Álvarez, a su esposa Socorro Nevárez y a otro hijo que comparte su nombre.

También labora ahí Jorge Ariff Maravé, quien no sólo cobra en Bienestar, también lo hace como asesor de la diputada Lourdes Valle Armendáriz, de Morena, sin ir a laborar al Congreso del Estado.

Además se quejan los trabajadores del nepotismo ramplón que priva en la dependencia, pues éste último también tiene a sus parientes Marco Maravé, Gretel Maravé y a su hermana Ingrid Maravé.

Para colmo, afirman, padecen el maltrato del exmarquista Javier Álvarez, reciben pagos a destiempo y todavía deben aguantar amenazas que el que no cumpla con determinada cantidad de censos se le da de baja y les está prohibido pararse en la oficina. 

Los quejosos aseguran que está ahí también laborando una joven de apenas 21 años, quien es la asistente particular del súper delegado Juan Carlos Loera, Karina Villegas Aguilar, con el puesto de coordinadora de jefas de familia y un sueldo de 25 mil pesos.

Es la cuarta transformación... del nepotismo.