Opinion

-El “Jefe Tauro” quiso arrebatar la Policía Vial

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GPS / Columna

lunes, 13 junio 2022 | 05:00

-Se metieron hasta con las actas de nacimiento

-El doble rasero contra los agricultores de La Boquilla

-Quiere reflector un inútil que la pasó jugando golf

 Ataviado con su uniforme de gala, Carlos Hernández Borja, mejor conocido por sus transas y por su apodo de “Jefe Tauro” durante el corralato, acudió en días pasados a las oficinas de la Policía Vial exigiendo le regresaran el puesto que ocupó durante el quinquenio pasado.

El exagente de la desaparecida Policía Federal llegó a Chihuahua de la mano del impresentable Óscar Alberto Aparicio como delegado de Vialidad. Ahí lo impuso el que fuera Comisionado Estatal de Seguridad avalado por el golfista Javier Corral.

Como tantos otros jefes policiacos, salió por la puerta trasera antes incluso del fin de la administración estatal anterior.

Por eso, su presencia reciente en las oficinas de la corporación causó extrañeza y desagrado entre los agentes que lo vieron.

Y es que no lo recuerdan precisamente por el buen trato que tuvo hacia ellos, al contrario, lo describen como una persona déspota y prepotente, además de corrupta hasta la pared de enfrente.

Fue despedido poco antes de que concluyera la administración corralista, por lo cual se inconformó y supuestamente con una resolución judicial favorable, misma que no presentó, quiso recuperar el cargo.

El exdelegado fue atendido directamente por César Komaba, quien está al frente de la Policía Vial, hoy denominada Subsecretaría de Movilidad, única instancia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que se quedó en Chihuahua luego del cambio de sede a Ciudad Juárez.

Komaba lo regresó por donde llegó porque simplemente la Delegación de Vialidad ya no existe, así que no hay manera de reinstalarlo. Pero además se dio el gusto de reprenderlo por traer el uniforme, ya que al ser civil está impedido por ley a usarlo.

Así que debió irse regañado y sin el cargo que exigía con la intención de volver a sacrificarse para servir a los chihuahuenses.

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Hay elementos para presumir malos manejos en los organismos descentralizados y desconcentrados durante la pasada administración estatal.

No son gratuitos los señalamientos que ha venido realizando la gobernadora Maru Campos, acerca de la ausencia de fiscalización y control en el 70 por ciento de los recursos ejercidos por dichos organismos.

Son miles de millones de pesos los que fueron pésimamente administrados.

Hay bases suficientes para ello, resultado de las primeras revisiones contables a los distintos programas.

Quienes los manejaron en el quinquenio corralista se escudaron en la autonomía técnica y presupuestal necesarísima en muchos de ellos, pero cayeron en el exceso.

Pensaron que podrían continuar con ese manejo discrecional ya electa Maru, por eso fue que antes de asumir el cargo vinieron las primeras modificaciones, dándole una mayor intervención formal a la Secretaria de Hacienda, para meterse hasta el tuétano.

Uno de esos excesos abríase cometido en el Registro Civil, uno de los desconcentrados que maneja millones en ingresos propios provenientes de los distintos derechos cobrados, como son las actas de nacimiento, donde hubo condonaciones y manejo discrecional de los dineros ingresados.

Sería entones Inés Martínez, una de las primeritas funcionarias públicas corralistas que tendría que enfrentar una auditoria en serio, con desenlace en posibles sanciones.

Hay una carga política innegable en el tema, porque fue ella una de las principales instigadoras –con amenazas en vivo y a todo color- a posibles testigos para armar carpetas de investigación penales y administrativas contra la hoy gobernadora, de lo cual existen grabaciones de audio que aún circulan en las redes sociales.

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Ni modo de pensar en que no existe un doble rasero al momento en que se revisa la aplicación de los tratados de aguas de 1906 y 1944.

En el caso del primero, donde está obligada la Unión Americana a entregar hasta 74 millones de metros cúbicos al año a México, solamente se han entregado 2 millones a la fecha, y se harán entregas de 4 por semana hasta cumplir 15, con motivo de la innegable sequía.

Dicha agua es entregada a través del Río Bravo, a la altura de la Acequia Madre, en el viejo canal mexicano en Juárez.

Nadie dijo ni pío, con excepción de algunas voces que se alzaron por parte de los agricultores.

Pero en el caso del cumplimiento del tratado de 1944, el gobierno mexicano se rasgó vestiduras y asumió como improrrogable el cumplimiento en el pago de los millones de metros cúbicos provenientes principalmente de La Boquilla, cuando pudo haber aplicado la misma que los norteamericanos con el tratado de 1906.

La sequía es igualita, no hay diferencia en ella, de un lado y otro de la frontera. En aquel entonces, al término del quinquenio, el agua estaba comprometida para el ciclo agrícola mediante concesión, por lo que el excedente no daba para hacer el pago completo.

Se hizo un gran escándalo a grado tal que se propició un levantamiento popular, que terminó con una joven madre de familia muerta, cuatro detenidos aún procesados y daños materiales producto de la resistencia civil.

Bien pudo haberse tomado con la misma naturalidad el hecho del incumplimiento por sequía, incorporado lo mismo en el Tratado de 1906 que en el de 1944. Ahí están las cláusulas.

Por eso aquello del indudable roble rasero adoptado en uno y otro caso.

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De principio a fin ha sido la regularización de vehículos extranjeros un verdadero desastre, que amenaza con convertirse –el colmo- en un obstáculo a la entrada en vigor de las tecnologías aplicadas en seguridad por medio del monitoreo inteligente de placas.

Primero se dijo que la regularización sería un trámite expedito, y que, con un pago único arriba de los dos mil pesos, quedaría resuelto, pero resulta que siempre no, porque involucraba a las agencias aduanales con sus respectivos honorarios.

Vino entonces un cambio de pichada, modificando el decreto y dejando fuera a las agencias e involucrando únicamente al Registro Público Vehicular, que ha sido ineficiente a más no poder. Ni siquiera podrá cumplir con el decreto el 31 de diciembre cuando concluye supuestamente.

Las fechas ya de plano están confrontadas con el procedimiento de replaqueo que realiza el Gobierno del Estado, mediante metales adecuados para lectura mediante software enlazado con las cámaras de seguridad.

Tiene fecha el replaqueo para iniciar en agosto con el endurecimiento de las medidas, pero el reumático caminar del Gobierno Federal será un obstáculo, por falta de elemental planeación, que al final terminan pagando los mismos propietarios de chuecos y los ciudadanos en general, víctimas de la inseguridad.

Se ha mantenido Juan Carlos Loera, el delegado de programas federales, en la grilla, primero de la revocación y después en los comicios estatales recientes, descuidando su chamba principal, que es atender los programas federales, entre ellos éste de los autos chuecos.

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Muy subida de tono la respuesta contra el exgobernador Corral en redes sociales, a su activismo por colgarse la medallita de la extradición duartista, que él mismo boicoteó por su ineficiencia y falta de atención.

“Hubiera preferido mil veces que no te hubieras aferrado a esa m...amada de Bravo Bus y tu p... carril confinado a tener preso a Duarte, así te la pongo, me pasa más el desmadre que dejaste en Juárez que el dinero wue se chingó el cu... ese”.

“Ahora resulta que es gracias a este inútil que solo se la paso Jugando Golf”.

Variadita la reacción de los cibernautas al oportunista, que quiere su minuto de fama, vendiendo espejitos en calidad de héroe, cuando en realidad fue su ausencia de cuidado la que tiene a Duarte solo con dos delitos en prisión, y no por la veintena de acusaciones que presumió el webón, y que terminaron en humo.

Son Maru y Amlo quienes en estos momentos abogan por incrementar el número de acusaciones, tratando de conseguir autorización de acuerdo al Tratado de Extradición, con base en la mentada cláusula de especialidad, haciendo lo que no hizo Corral en su momento.