Opinion

-El aparente suicidio de la joven maestra

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GPS / Columna

viernes, 28 agosto 2020 | 05:00

-¿Es un Cereso o la antesala de la muerte?

-Cuando entregó el premio a Gallardo

-No puede el delegado de FGR ni con acordeón

Horas antes de su muerte, la maestra Ariadna Natalí Salvador Bustillos posteó en su Facebook un aviso a los padres de familia en relación al regreso a clases virtual que tendrían en la comunidad de La Posta, municipio de Temósachi.

Puede verse en la edición digital de GPS la publicación tomada de la red social, donde era común la interacción de la joven profesora con las familias que atendía. 

Estaba feliz, además, por haber logrado por fin una plaza formal en el subsistema educativo federal y planeaba estudiar la maestría.

Pese a esos que no parecen ser motivos de un suicida, la también madre de tres pequeños hijos fue encontrada con un balazo en la cabeza de calibre 22. Se dijo oficialmente que fue disparado por ella misma. El arma no fue localizada en el lugar de los hechos y aún así fue calificado el deceso como un suicidio por la Fiscalía occidente. Con prisas le dio carpetazo al caso.

Aparte de que no aparece el arma que mató a Ariadna Natalí (Ari, le decían cariñosamente sus allegados), el representante del Ministerio Público arribó a la escena casi 18 horas después del deceso. Todo ese tiempo de retraso de la cabecera municipal de Temósachi a la comunidad de La Posta, cuando el trayecto normal lleva apenas unas dos horas.

Con justa razón han surgido sospechas sobre lo ocurrido. Por un lado una contaminada escena y la ausencia del arma; por otro la negligencia, indolencia y cerrazón a investigar de las autoridades.

Porque además de todo lo ocurrido, el cuerpo de la mujer fue entregado sin que existiera certificado de defunción formal, que se realizó a posteriori por una supuesta falta de formatos oficiales, lo que habla de una tan larga como increíble cadena de irregularidades.

Los maestros de la región, padres de familia, amigos y parientes de Ari habrán de exigir que el caso sea reabierto, contrario a la voluntad de los fiscales regionales. 

Las autoridades tienen en contra que no es la primera vez que lo hacen. La titular de la Fiscalía de la Mujer (FEM) Wendy Chávez sabe de esas cosas. Mal haría si se queda cruzada de brazos, como hasta ahora.

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Sin mediar resolución de juez alguno en los hechos, por omisión criminal, casi se está condenando a muerte a los internos de los centros de Readaptación social, en especial el ubicado en Aquiles Serdán.

Están todos los presos expuestos al contagio de Covid, con mayor riesgo en virtud de que muchos de ellos son asintomáticos. No son sólo Marcelo González o Manuel Esparza, puede haber muchos más y no se sabe por la ausencia de pruebas. Son propagadores activos de la enfermedad.

Los sintomáticos son escondidos en la opacidad y un servicio médico deficiente por naturaleza, y de alto riesgo para el resto de los cientos de internos, que utilizan áreas comunes con los infectados.

A la fecha se han presentado tres brotes, con casi 200 contagiados y cinco difuntos. El último es uno de los procesados por expedientes X, a quien le fue negada la medida cautelar para ser atendido médicamente fuera de prisión.

Hasta por el interés de mantenerlos vivos para el resarcimiento del daño al erario. Ni en eso piensan cegados por la revancha.

La gravedad del asunto aumenta con la medición que la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha evidenciado.

Ese Cereso, el número 1, tiene indicadores por debajo de la media nacional. En particular el que se refiere a aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno. Es de 6.11!!, bajísimo. Condiciones de gobernabilidad 6.6 y la reinserción social 6.2. Está que da lástima.

Con esas condiciones es crimen de lesa humanidad condenar a los internos a un contagio casi seguro, y atendiendo a aspectos de comorbilidad, a una necesaria hospitalización de acuerdo a parámetros con sentido humano, que proteja a toda la colectividad de procesados y sentenciados.

Si el diagnóstico general de los Ceresos en Chihuahua es apenas de siete, es en Aquiles Serdán donde se presentan los más bajos números en una escala de 10.

Es verdaderamente extraño cómo no ha intervenido decididamente la CNDH y sospechoso como se niegan medidas cautelares, no sólo a quienes son acusados en los expedientes X, sino a los internos que pudieran ser beneficiados, en un contexto de alto nivel de riesgo de contagio.

Hay culpa de la Fiscalía de Ejecución de Penas, de los jueces estatales y federales y del mismo Poder Ejecutivo Estatal, responsable en última instancia de los centros penitenciarios.

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Hace un año, en mayo del 2019, estuvo Javier Corral en el Teatro de los Héroes, entregando los premios de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Muy sonriente, ufano, saludó de mano a Roberto Gallardo, hoy en el ojo del huracán por un comentario misógino.

El locutor de 34 años de experiencia, seguramente con licencia otorgada por la Secretaría de Gobernación, de las buenas y no de las balín que ahora se otorgan, cometió un error imperdonable.

Y fue precisamente en el caso de una funcionaria estatal, mujer, designada como responsable de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

El cuestionamiento de Gallardo fue que por ser mujer qué podría saber del área técnica, razón suficiente por la cual se encuentra en el cadalso.

Hace un año, ahí en las luces del principal recinto cultural de la ciudad, con su premio en mano, ¿cuándo iba a imaginar que estaría en picota?, no sólo él, sino también el gobernador, cuya mano finolis aún resiente el apretón del parralense.

Junto a Corral, la alcaldesa capitalina Maru Campos, víctima permanente de agresión inocultable del titular del Poder Ejecutivo. Ahí no hay misoginia.

La imagen es una auténtica postal.

Por cierto, nada ocurrió en Cuauhtémoc con el locutor y empresario radiofónico que en días pasados hizo de las mismas con la colega periodista Brenda Chacón. ¿Dónde quedó el ímpetu feminista que baña las canteras de Palacio de Gobierno? El diablo sabe a quién se le aparece. ¿La impunidad en el caso Susy? Etcéteras para llenar páginas.

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Para puras lástimas la participación del delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo, en el montaje matutino de todos los jueves en materia de seguridad, transmitido en redes sociales.

El delegado no articula dos palabras sin tomar el guión pre-establecido, manos temblorosas y voz trémula.

Sus decenas de años en la actividad ministerial de poco le ayudan. En un juicio oral, que por cierto presumió, el juez ya lo hubiera reprendido por utilizar el mísero acordeón.