Opinion

-El INE hubiera anulado elección Morena

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GPS / Columna

martes, 02 agosto 2022 | 05:00

-Ojos de envidia partidista hacia los guindas

-Poco margen de maniobra para abogado duartista

-Busca CCE recuperar oficinas en la Cuauhtémoc

Si la elección interna de Morena hubiera sido realizada bajo parámetros del Instituto Estatal Electoral (IEE) o del Instituto Nacional Electoral (INE), que en términos generales son los mismos, estaríamos sin duda frente a una anulación cantada.

No se garantizó el principio de proximidad de las mesas receptoras de votos, por lo que no quedó de otra que realizar la movilización mediante transporte colectivo de los votantes, cuyas casas se encontraban a kilómetros de distancia.

Ese acarreo es innegable, a la vista de todo mundo, aunque eufemísticamente se le llame ayuda para movilización o cualquier otra argumentación amable.

Fue un error inicial colocar dos casillas, una para el distrito 08 y otra para el distrito 06, con no sabemos que razonamiento, el económico, la falta de personal o para tener mayor control.

El otro desacierto fue el cómputo. Si para realizar un conteo con 750 boletas, con funcionarios electorales se supone muy bien capacitados y en presencia de personal de partidos, aquello se convierte en un problema de dos a tres horas, ahora imaginemos el triple, o cuádruple o mucho más de participación, una verdadera locura, con funcionarios de casilla no preparados, y sin presencia de representantes de los grupos en disputa.

Si a eso se agrega la promoción del voto mediante ofrecimiento de dinero, cuya evidencia quedó en múltiples videos en redes sociales o el relleno de boletas, boletas clonadas, estamos frente a una delicia para efectos de nulidad.

Están el INE y el Trife frotándose las manos ante tan suculento bocado.

Se antoja difícil que ocurra cualquiera de estos escenarios, de impugnación. La competencia fue reñida y hay resultados parejos, a reserva de que se liberen los últimos datos de los distritos faltantes.

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Más allá del reacomodo de grupos dentro de Morena tras la elección del domingo, donde debe ponerse atención es en la estrategia que le permitió avanzar a la maquinaria guinda en el fortalecimiento de su padrón de militantes. 

“Haiga sido como haiga sido” -con acarreo, desorganización, trampas y demás detallitos-, lo que sobresalió del proceso de elección de consejeros es que el partido en Chihuahua alcanzó a afiliar a cuando menos 40 mil nuevos militantes, base votante que ya quisieran tener consolidada otros partidos.

Más allá de que hayan sido movilizados por los grupos del alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, o del superdelegado federal, Juan Carlos Loera; más allá de cómo habrán de repartirse las 90 posiciones en el Consejo Estatal de Morena, es notable el avance sobre todo por los factores que operaron en contra.

El proceso fue mal organizado, faltaron casillas, las filas fueron enormes y el acarreo incesante. Para votar fue necesario afiliarse “voluntariamente” al partido y, descontado lo que pudo ser movilizado por los grupos a la mala, aun así fue un resultado exitoso en comparación con los problemas registrados en otros estados del país.

De lo mucho que hubo para desincentivar la participación, poco fue el impacto, lo que no pasó desapercibido en las cúpulas de los otros partidos rivales de Morena. 

Hay algunas cifras clave que no escapan al análisis de los opositores, como que en las elecciones internas panistas de 2021 las candidaturas fueron decididas por menos de siete mil militantes, mientras que en el PRI no hay registros arrolladores de participación desde 2012. 

Eso debe sumarse al brinco monumental que dio el morenismo entre la consulta para enjuiciar a los expresidentes (con apenas 90 mil participantes en el estado) de agosto de 2021, a la consulta para la revocación de mandato de marzo de 2022, cuando salieron a sufragar más de 300 mil votantes en la entidad. 

La numeralia que arroja la elección de 90 consejeros morenistas, pues, es un indicador muy interesante para seguir el avance de un partido que todavía ni siquiera acaba de consolidarse.

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Es poco o casi nulo el margen de maniobra que tiene el abogado del exgobernador César Duarte Jáquez, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, ahora que está a unos días de realizarse la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo promovido por el recluso más famoso del penal de Aquiles Serdán. 

La idea de llevar el juicio en libertad ni siquiera ha podido ser bien defendida por el representante legal de tan largo apellido, debido a que también está cercado por la Fiscalía General del Estado, donde sobran elementos para ir por él en caso de cualquier paso en falso.

El nombre del famoso abogado del centro del país aparece en algunos expedientes integrados desde la Secretaría de Hacienda por pagos recibidos en su despacho con recursos del erario en tiempos de Duarte Jáquez, quien desde entonces lo contrataba para trabajos diversos. 

Hay materia, pues, para acercarle la lumbre y medir qué tanto aguanta los calorones que hacen en el estado de Chihuahua. Claro, no es tan sencillo cambiar a un abogado del estrado al banquillo de los acusados, pero tampoco es imposible. Menos si, aparte de las altas tarifas que cobra, no ha sobresalido en su labor defensora. 

La Fiscalía estatal, en esta gestión que encabeza Roberto Fierro, ha sido comprensiva para corregir los errores y obsesiones personales de las que estaba cargada la “Operación Justicia” del corralato, pero no eso no quiere decir que sea omisa en mantener procesos y continuar las investigaciones.

No por nada hay trámites específicos ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar la forma de fincar más cargos al exgobernador.

Así, muchas cosas podrá obtener el abogado a favor de su representado, para empezar el reclamo del juicio justo, pero es casi imposible que le regalen el proceso en libertad, tanto por criterios legales muy concretos como por los cálculos de los tiempos políticos. 

Así que el amparo, en vías de resolución en este mes de agosto, podría ser nada si la parte acusada no muestra la debida comprensión de su papel actual.

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Siguen los cafres del pulpo camionero haciendo lo que les pega la gana. La imagen que nos mandaron es de una unidad de la ruta Infonavit, con número económico 362, placas -al parecer y con lo borroso de la foto- 9-DCS-17.

Va la unidad como alma que lleva el diablo, pero lo peor, es la humareda negra espantosa que va dejando a su paso.

Si se alcanza a ver muy poco el detalle del camión en la imagen fotográfica, nos dice quien la envío, es por la cantidad de humo negro, verdadera estela de humo.

Es auténtico chacuaco con llantas, lata de sardinas que lleva trabajadores de maquila en servicio especial o ciudadanos en su ruta normal que tienen que soportar estas precarias condiciones de transporte.

Habrá un problema de ceguera y olfato en el área a la cual le corresponde aplicar la ley, porque la humareda se veía a cuadras de distancia, con olor insoportable a diésel mal quemado.

La ley de transporte reformada es estricta en cuanto a la antigüedad de los camiones y la exigencia de condiciones mecánicas y de higiene adecuadas.

Dice la ley, que las unidades de transporte deben cumplir con las condiciones y revisiones mecánicas y de seguridad previstas en las disposiciones reglamentarias aplicables. Si no se cumple, las sanciones pueden –o deben- ir hasta la suspensión o cancelación de la concesión pública o el permiso otorgado.

Hasta ahí cumplieron el ejecutivo y los diputados con la iniciativa, ahora es responsabilidad que está en cancha operativa.

Toca a los inspectores aplicar la ley, que entró en vigor desde hace quince días aproximadamente. Sabemos que ha existido tolerancia, no es necesario que se diga oficialmente.

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Con la salida de la Canaco del edificio empresarial ubicado en la avenida Cuauhtémoc, hace ya más de 10 años, el área que ocupaba en dicho inmueble quedó vacía y posteriormente se asignó al Instituto de Innovación y Competitividad, de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, por medio de un convenio entre el Gobierno del Estado y los empresarios.

El espacio que se ubica en el tercer piso del inmueble, pretende ser recuperado por el Consejo Coordinador Empresarial, siendo este uno de los objetivos trazados por el presidente Federico Baeza Mares, sin embargo, las pláticas con el Estado no han llegado a buen puerto. 

Actualmente, el CCE no cuenta con oficinas propias, razón por la que buscan tener de vuelta dicho espacio, pues facilitaría la coordinación y la gestión con los demás organismos empresariales que ahí se ubican como lo es la Coparmex y Canacintra. 

Federico Baeza ha sido insistente para que el recinto vuelva a pertenecer en su totalidad al sector empresarial, en espera de que Gobierno del Estado acceda a la petición.

Otro de los pendientes que tiene el presidente del CCE es la reincorporación de la Canaco al consejo, para lo cual ha buscado el acercamiento con el presidente Omar Armendáriz, pero hasta el momento son prácticamente nulos los avances que se tienen.