Opinion

-En el 28 exhibe que quien paga manda

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GPS / Columna

miércoles, 13 mayo 2020 | 05:00

-Maltrato vil del vocero a héroes de la salud

-Vienen medidas imposibles de cumplir

-Omar les pica el orgullo a los alcaldes

Ese personaje que observa usted con cubre bocas azul claro, alzando la mano mientras mira hacia el frente es el gobernador del estado de Chihuahua. La foto en versión digital de GPS.

Impotente, ahora en la nueva versión de show matutino, una conferencia de prensa los martes, pregunta al aire: ¿que pasó?, entre molesto e incrédulo.

La exhibida tiene su razón de ser en la constante improvisación, cambio de horarios y programa. El desorden mayúsculo desde el área de comunicación social.

Pero no son sólo sus colaboradores. El principal responsable es él mismo. Igual ocurrió la semana pasada en su programa que le transmite grabado el Canal 28 y que una serie de medios retransmiten en vivo.

Corral suspendió apenas empezando su intervención bajo el argumento de que tenía una importante llamada. Nunca se supo quién era.

Innecesario el maltrato a Sergio Valles, cuya imagen le mostramos en nuestra edición digital, y que pensaba que algo estaba ocurriendo.

¡Perdón, perdón Sergio!, atinó a decirle el mandatario, con disculpas mil. Se fue del aire como 10 minutos, interrupción que fue cubierta con anuncios oficiales.

Luego regresó como si nada hubiera ocurrido a continuar con su entrevista. Hace chilar y huerto con su tiempo y el de los demás.

Pudo ser el programa editado, en respeto a quienes retransmiten, pero les valió un comino. Así como quedó así lo pasaron al aire.

Demostración de que quien paga manda. Por si había dudas. La cara de angustia y sorpresa del conductor no tiene desperdicio.

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Indolencia aderezada con maltrato vil. La volvió a hacer el vocero Covid Arturo Valenzuela Zorrilla, en relación a la demanda del personal médico que exige su bono.

Para el cirujano, si alguien desea ese dinero debe pedir su traslado al área Covid y punto. Insensibilidad completa.

Se le olvida que en todos los hospitales y clínicas, incluso centros de salud, como primeros respondientes, lo primero que hacen es atender a las personas, sin saber que algunas de ellas padecen la enfermedad.

Incluso deben hacerlo sin contar con el equipo indicado.

No puede el personal médico o de enfermería, es más, ni las recepcionistas, ponerse sus moños al recibir a cientos de personas todos los días.

Ese también es un campo de batalla auténticamente minado. Esto es irrebatible.

Enfrenta dicho personal una auténtica ruleta rusa y encima de todo se burlan de ellos olímpicamente. Obvio, las manifestaciones del galeno provocaron una reacción de mucho mayor molestia, ante la ignorancia exhibida.

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Es hora que no se publican en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos para la investigación ministerial del desplazamiento forzado interno de personas.

Hace ya un año, para ser exactos mayo, del homicidio de Otilia Ramírez y su hijo Gregorio Chaparro, en la zona limítrofe con Sinaloa.

Son las víctimas últimas de asesinatos en serie. Ambos eran familiares directos de Julián Carrillo, defensor del bosque y de los derechos de los Indígenas, ultimado también junto con otros reconocidos líderes de la región.

No son las únicas víctimas. Se cuentan por muchos más los líderes que han alzado la voz en contra de una situación de abandono por parte de la autoridad y han sido masacrados.

El protocolo trae criterios específicos de actuación por parte del personal de la Fiscalía General, desde los agentes investigadores hasta los peritos.

Sin embargo de poca utilidad es en las condiciones de impunidad en que se encuentra el extenso territorio serrano.

Ha sido incapaz la actual administración de garantizar la seguridad a la integridad de las personas y al cuidado de su patrimonio.

Incluso dotados de medidas precautorias han sido asesinados. Más que protocolos de actuación posteriores a los homicidios, se requiere que estos sean evitados. Que se garantice su seguridad.

De lo contrario, por más publicaciones en blanco y negro que se hagan, de poco servirán para regresar la tranquilidad y justicia no sólo de los pueblos originarios, sino de los mestizos que habitan la región.

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Las condiciones que se pretenden para el levantamiento oficial de las medidas de prevención del Covid se antojan más que imposibles.

Hay una lista de requisitos que desea establecer la Secretaría de Salud estatal, que pondrán de nuevo en aprietos a las empresas grandes y pequeñas.

Se trata de exigir una medición permanente incluso del oxígeno que tiene cada persona, así como su temperatura.

Nada de colocar un filtro al ingresar a la empresa o realizar revisiones aleatorias cada dos o tres horas. Se trata de imponer verificaciones constantes.

Al drama del cierre viene entonces un nuevo dictado de medidas que económica y operativamente serán muy difíciles de cumplir.

Son condiciones que ni siquiera el gobierno del Estado, ni la federación, ni los municipios, están asumiendo en estos momentos, mucho menos una vez que se reanuden las actividades.

Esto sin contar el distanciamiento social indispensable, incluso hasta cuatro metros cuadrados por persona, y el uso obligado de cubre bocas y el gel o sustancia para el aseo constante de manos.

Parece que hay un empecinamiento en echar más cargas sobre la precaria situación económica, aunque como es sabido, al final terminan siendo letra muerta por su inoperatividad.

Ideas muy lejos de una aplicación práctica y efectiva para evitar contagios.

 

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Ni por asomo apareció Chihuahua en las lista de instalaciones de Teletón que se suman a las acciones de combate directo al Covid.

Están los centros de rehabilitación de casi 20 entidades federativas anunciadas mediante un convenio entre el área de salud federal y la fundación.

Algunas instalaciones funcionarán como hospitales Covid, otras para dar atención y diversos servicios a los pacientes.

La lógica es utilizar al máximo la infraestructura durante los próximos meses, en aquellos casos en que está siendo subutilizada o no es posible continuar con la prestación de servicios ordinarios de rehabilitación.

En el caso de Chihuahua el Crit se supone fue puesto a disposición del gobierno estatal, con todo su equipo y mobiliario. Los 800 niños que recibían rehabilitación están en sus casas para evitar su exposición al contagio.

Tal vez por eso no entró a ser considerado dentro del programa nacional de colaboración. Alguna función debe estar cumpliendo en estos momentos bajo la Secretaría de Salud estatal. Al menos eso esperamos.

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Con la amenaza latente de la Comisión Nacional del Agua de abrir las compuertas de La Boquilla, se admitieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las controversias constitucionales presentadas por alcaldes priistas.

Los recursos ante el máximo tribunal del país han sido presentados por una decena de presidentes municipales, con el respaldo del dirigente estatal tricolor, Omar Bazán Flores.

En términos llanos las controversias buscan impedir que la Conagua se lleve el agua del mayor embalse que existe en el estado, cuya disputa ha causado ya daños millonarios entre protestas y litigios.

Pese a que la causa unifica a las fuerzas políticas locales, los alcaldes emanados del PAN y de Morena, así como diputados de todos los colores que han tomado de bandera el problema, no han querido sumarse a las acciones jurídicas.

Eso ha llevado al también diputado Bazán a tratar de convencer a los líderes políticos regionales para que dejen de lado el protagonismo en las protestas y se adhieran a las controversias. 

El único fin es frenar lo que se considera el robo del agua en el extenso desierto que es Chihuahua, pero ni eso los mueve. Tampoco, sobra decirlo, el Palacio de Gobierno ha adoptado una defensa jurídica del agua, su actuación ha transitado de la tibieza a la ineficiencia.

¿Habrá algún arreglo bajo la mesa de Palacio y los alcaldes apaciguados con la Conagua? Los malpensados priistas comienzan a pensar que sí y es con lo que Bazán pretende picarles el orgullo a los alcaldes y demás interesados, que sólo cuando hay reflectores fingen atender el problema.