Opinion

-Entre él y su esposa sacan casi 140 mil mensuales

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GPS / Columna
sábado, 11 mayo 2019 | 05:00

-Nueva bronca en Palacio por autoría de logo

-Pone Maru en aprietos al Congreso

-Sigue la comedia corralista y también la impunidad


Bien dicen que no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, y en Parral al hogar  del subdelegado de Bienestar, Luis Fernando Duarte González, ingresa cada mes la módica cantidad de 133 mil 536 pesos brutos, remuneración que “no tiene ni Obama”.

Por supuesto no se trata sólo del salario del funcionario de la cuarta transformación. Como sucede en muchas familias su esposa ‘labora arduamente’ para llevar el pan a la casa y lo hace literalmente codo a codo con él, pasándose por el arco del triunfo los discursos de Andrés Manuel López Obrador en contra del influyentismo, amiguismo y nepotismo, figuras a las que él mismo presidente califica como “lacras de la política”.

Tapándose los oídos y abriendo los bolsillos, Duarte Gónzalez logró meter a la burocracia federal a su mujer, Isthar Ibarra Barraza en la misma secretaría y juntos ingresan la nada despreciable cantidad que referimos al principio.

Basta escribir los nombres del matrimonio en el portal de Nómina Transparente para ubicar al feliz matrimonio entre los ‘Servidores de la Nación’.

Lo interesante del caso es que la pareja tiene dos poderosos compadres: el superdelegado en Chihuahua, Juan Carlos Loera y la subsecretaria de Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Social, Ariadna Montiel, quienes en la fotografía que difundimos en la edición digital de hoy aparecen felices y apadrinando a la “bendición” del matrimonio.

¿Será por eso que actúa sin temor a Dios? Quién sabe, lo cierto es que casos como este parecen ser el pan y la sal de cada día en el gobierno federal. Aquí en Chihuahua se han documentado casos en los que el delegado regional, Marcelino Gómez Brenes, tiene en la nómina a amigos y familiares, y se dice que lo mismo está pasando en el caso de la subdelegada de Guachochi, Francisca Ivonne Contreras, con algunas parentelas también dentro del aparato de gobierno.

Pero a cada santo le llega su veladora, y aseguran que dentro del propio partido de Morena, hay un grupo indignado por las malas prácticas que se están cometiendo y que tanto se criticaron al PRI y al PAN.

Por eso, se ha comenzado a integrar un expediente en el que se están documentando cada uno de los casos y que pronto podría ser presentado de manera formal ante Secretaría de la Función Pública para que ponga orden y amarre a los que en estos primeros cinco meses y sin recato están metiendo ambas manos en el cajón. 

Tiempo al tiempo.

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Parece que al Gobierno del Estado las experiencias no le sirven de aprendizaje porque después de la disputa por la autoría del logotipo del Nuevo Amanecer que enfrentó durante el periodo del tristemente célebre Antonio Pinedo Cornejo, hoy se anota otro “gol” con la nueva imagen del ViveBús, a la que ha determinado llamar “Bowí”.

Al menos una decena de unidades ya han sido estampadas con los colores y logotipo con los que se pretende borrar de tajo el fantasma de César Duarte dentro del sistema troncal de transporte, pero – siempre hay un pero – resulta que desconocen quién es el autor del diseño y por supuesto no le han pagado por la elaboración del mismo.

El conflicto tiene su origen en diciembre del 2017, cuando el Estado a través de la dirección de Gobierno y Transporte lanzó la convocatoria para buscar el nombre que supliría al del ViveBús, cuya sola mención ponía los pelos de punta al gobernador Corral.

Fueron más de 470 chihuahuenses los que participaron con sus propuestas para rebautizar a los camiones, pero el jurado se inclinó por el nombre de Metrobús, y pagó al ganador los cinco mil pesos establecidos en las bases.

Vino entonces la bronca de que la elección era ya una marca registrada, y el nombre impuesto por el exmandatario siguió vigente hasta ahora que el Estado decidió utilizar el diseño de otro participante.

Pero con los cambios y despidos de personal en Gobierno nadie sabe y nadie supo quién es el autor y ahora lo buscan por cielo, mar y tierra para pagarle antes de sufrir otra demanda pues la convocatoria no establece que las propuestas que no ganaron en principio pasarían a ser propiedad del Gobierno.


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Muy activa se ha visto esta semana, y no es para menos, la alcaldesa Maru Campos Galván. Ha mantenido una agitada agenda pública y privada cabildeando lo que podría ser su boleto de entrada a las grandes ligas en el 2021, el proyecto Iluminemos Chihuahua.

La propuesta para la privatización del alumbrado público podría subirse al pleno del Congreso del Estado la próxima semana. El tiempo apremia. Por eso –sabedora de que no puede dormirse en sus laureles y depositar toda su confianza en la bancada de mayoría panista– teje los hilos necesarios para hacer frente con quienes manejan los dineros en la capital y desde ahí tensar la cuerda a favor.

En los últimos días Maru se ha sentado a negociar el respaldo de las cámaras de la iniciativa privada, y sus operadores hacen lo propio con los principales actores de Morena y otros partidos de oposición para debilitar el bloque que podría oponerse a la aprobación de la propuesta.

En esa intensa ‘sensibilización’ el Ayuntamiento ha puesto toda la carne en el asador, invirtiendo publicidad en redes sociales y hasta difundiendo a través de comunicados de prensa las posturas a favor de empresarios como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua, Federico Baeza Mares; el titular de la mesa directiva de Desarrollo Económico de Chihuahua (DESEC), Miguel Guerrero Elías o la presidenta del Colegio de Arquitectos de Chihuahua, Lorena Barrera.

El mensaje es claro para el Legislativo, el voto en contra significa no sólo darle la espalda a la alcaldesa –en busca de minar su proyecto político– sino a todo el sector empresarial. De ese pelo.


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Buscando de nueva cuenta la palestra nacional, el gobernador Javier Corral acudió ayer a la ciudad de México para denunciar ante la Fiscalía General de la República a Alberto Elías Beltrán, exencargado de la PGR y a quien responsabiliza de conspirar a favor del priista Alejandro Gutiérrez.

En esta ocasión Corral viajó ligero. Ya no lo hizo cargado de decenas de cajas como lo hizo en septiembre del 2017 cuando acudió a la PGR para solicitar la extradición de César Duarte.

En aquella ocasión cargó hasta con el molcajete pero la estrategia con la que buscaba evidenciar la solidez de las investigaciones al trasladar las cajas en medio de un operativo especial de resguardo y ayudado con un diablito, le imprimió más comedia que drama a la película sin fin titulada “Corral vs. el vulgar ladrón”.

Por eso esta vez sólo se hizo acompañar del consejero jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, y unas cuantas copias de la denuncia que repartió a la prensa.

Hace bien el gobernador en buscar el resarcimiento del daño al erario provocado por la anterior administración, que dicho sea de paso a la mitad de su administración aún no consigue, pero debería también voltear de vez en cuando a su estado, cuyos habitantes ya no piden obra pública, pero sí mejoras en la atención a la salud y por supuesto seguridad.

Tan enfocado tiene Corral al fiscal Peniche en la búsqueda de pruebas para inculpar a sus adversarios políticos que la Fiscalía va de tumbo en tumbo en el esclarecimiento de crímenes que han conmocionado a la población… cada vez menos responsables detenidos y una impunidad que va como la espuma.