Opinion

-¿Es metiche el magistrado o es transa?

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GPS / Columna
martes, 05 noviembre 2019 | 05:00

-El pavor del gabinete a la transparencia

-Resultados mediocres de políticas digitales

-“Juntos por una nueva ciudad”, diferencia en camiones


 Un caso extraño enfrentan los consejeros de la Judicatura del Estado; uno de sus integrantes es señalado por intervenir indebidamente en un caso judicial.

Resulta que el magistrado Gabriel Ruiz, al que igual acusan de nepotismo e influyentismo cada tercer día, ahora está involucrado en un caso en el que se supone instruyó -sin tener facultades para ello- a unas actuarias de Cuauhtémoc para proceder de determinada forma.

El asunto era menor, pero por algún interés personal el magistrado Ruiz lo hizo grande con su intervención, de tal forma que las actuarias lo echaron de cabeza.

Básicamente hizo una llamada desde su oficina para dar órdenes a personal que no está a su cargo, a fin de hacerle un favor a un involucrado en un juicio.

Ni necesidad tenía de hacerlo, era una complicación innecesaria. Pero lo hizo y de ahí la queja hacia las actuarias terminó por alcanzarlo.

El magistrado es además consejero de la Judicatura del Estado, así que enfrenta esa queja desde una posición privilegiada. 

Los consejeros de la Judicatura del Estado, sean magistrados o ciudadanos, son una especie de jueces de los jueces, pues determinan qué sanciones se aplican a los integrantes del Poder Judicial. Así que es por demás incierto lo que pueda ocurrir con las denuncias contra ellos mismos.

¿Qué va a pasar en este caso? ¿Archivar la queja como tantas otras que se archivan en el paradójico sistema de justicia?
 
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Es todo un ejemplo a la opacidad la conducta con que se maneja el gabinete en pleno del Poder Ejecutivo Estatal, incluyendo por supuesto a su titular.

Son verdaderas excepciones aquellos funcionarios que han decidido dar a conocer, al menos en términos generales y sin ningún dato adicional, su declaración patrimonial.

Sólo Concepción Landa, René Almeida, Víctor Quintana y Ana Luisa Herrera, muestran bienes, cuentas bancarias e inversiones en su declaración patrimonial, subida a la página de obligaciones de transparencia.

Los demás, incluyendo a Javier Corral, simplemente se negaron a que se publicitara dicha declaración. Así están Jesús Grajeda, Fernando Mesta, Arturo Fuentes, Gustavo Elizondo, Víctor Rodríguez, Jorge Espinoza, Felipe Siqueiros, Carlos González, César Peniche, María José Valles y, quien debiera poner el ejemplo en transparencia y rendición de cuentas, más allá del gobernador, la titular de la Secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas.

Si fueron opacos en este asunto del patrimonio, por supuesto lo serán en cuanto a la declaración de interés, que tampoco quisieron hacer pública Grajeda, Mesta, Fuentes, Rodríguez, Espinoza, Siqueiros, González, y Vargas.

Quienes decidieron publicitar esa declaración de interés se limitaron a negar que tuvieran cualquier tipo de conflicto, o sea, que para efectos prácticos es lo mismo, cuando por su trayectoria profesional, algunos de ellos es más que obvio que han construido participación en sociedades mercantiles con intereses que bien pudieran estar encontrados con la administración.

De las declaraciones patrimoniales una de las más interesantes es la de la titular de la secretaria del Trabajo Ana Luisa Herrera y la del secretario de Desarrollo Rural, René Almeida. Vale la pena un clavado pero en el extenso de la declaración y no sólo en el lacónico resumen subido a la página web de gobierno estatal.

Las señaladas declaraciones, en pdf, correspondientes al mes de mayo del presente año, se encuentran en poder de esta columna.


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Se ha presumido hasta el cansancio la creación de la oficina de políticas digitales, colocando el ofrecimiento de internet gratuito como una política pública de la actual administración, pero la verdad es que sus resultados han sido menos que mediocres en las principales ciudades del Estado, por lo que nos preguntamos ¿qué será de aquellos municipios del área rural o serrana? 

Fuera de la calidad del internet ofrecido en los sitios públicos, llama la atención la verdadera capacidad instalada, por ejemplo en Juárez. Uno de nuestros lectores nos envió un archivo en excel derivado de una solicitud de transparencia, en la cual se evidencia la real preocupación y atención en materia de internet en aquella frontera.

Se habla en el archivo enviado de apenas 170 mil pesos en inversión en puntos de acceso, con un costo por cada uno de ellos de apenas seis mil pesos. Una inversión pequeñísima, si se piensa en garantizar el acceso a internet gratuito como un derecho humano de última generación.

Pero además, cuando se revisa con detenimiento los sitios públicos donde se localizan dichos puntos de acceso, la decepción es aún mayor. Son 25 los lugares localizados, la mayoría, en oficinas públicas y en parque central.


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Los recorridos por clínicas y hospitales del interior del Estado que realiza Juan Carlos Loera, el delegado de programas federales, han permitido confirmar lo que ya se sabe desde hace tiempo y no se ha remediado: que hay una falta terrible de médicos especialistas.

No han podido ni el IMSS, ni el ISSSTE, ni la Secretaría de Salud Federal y Estatal, remediar el problema, porque existen dos razones de fondo, fuera del alcance de estas instancias. Primero los sueldos, que son bajos para lo que representa otorgar servicios en aquellas comunidades alejadas de los principales centros de población, y la infaltable inseguridad, que los coloca de forma permanente bajo riesgo.

Más en la zona de Gómez Farías, a donde corresponde la imagen que le mostramos en nuestra edición digital, de donde es oriunda la familia Godínez, donde dos médicos especialistas de ese apellido, padre e hijo, reconocidos ambos por la comunidad, fueron víctimas de la delincuencia organizada; uno suponemos ya muerto, y el otro aún convaleciente de un atentado, prácticamente proscrito de dicho lugar. Agresiones que continúan impunes.

Aún con mejora de sueldos, los médicos se niegan a acudir a dichas zonas. Ese es el problema principal que debe ser resuelto, la patente y notoria ausencia de autoridad estatal y federal.


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Recibimos la imagen de un moderno camión con logotipos del ayuntamiento de Chihuahua en ambos extremos y con la leyenda “Transporte escolar Zona Rural”. Son los de Maru y su slogan “juntos por una nueva ciudad”.

Es una unidad de reciente modelo que contrasta con las chatarras ambulantes, a las cuales apenas se les dio una manita de gato mecánica -suponemos cuando menos- y pintura, con que se adorna el nuevo amanecer.

Las unidades a que nos referimos, y que ayer de nueva cuenta abordamos en este mismo espacio, fueron entregadas a instituciones educativas de municipios diversos.

Es una dura comparación la simple imagen de ambas unidades, reprimenda para los funcionarios del área en el ámbito estatal, que no encuentran cómo congraciarse con su jefe y le presentan eventos con espejitos. Y encima de todo él se monta en ellas para manejarlas.

Sin duda las escuelas agradecen con el alma las unidades que el estado les consigue, pero sabemos que en poco tiempo, por sus condiciones, terminarán en un rincón del terreno baldío, enseguida de las canchas de basquetbol de la institución, en un lejano municipio, sin contar el riesgo que representan en viajes en carretera para los inocentes estudiantes y sus maestros.